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Reportaje:

La reducción a los 64 años de la edad de jubilación supondría para 1980 un coste de 15.000 millones de pesetas

La reducción de la edad de jubilación a los 64 años, de acuerdo con el compromiso en tal sentido adquirido por el Gobierno con las centrales sindicales, supondría para el presente año un coste directo entorno a los 15.000 millones de pesetas para el régimen general de pensiones, de acuerdo con un primer borrador de estudio elaborado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En dicho borrador se apunta el riesgo que comporta la adopción de esta medida, por cuanto posibilita que el empresario proceda a reestructuraciones de plantilla mediante la amortización de las vacantes producidas al amparo del recorte en un año de la edad legal para la jubilación.

El contenido filosófico del estudio elaborado por la Seguridad Social señala la conveniencia de que la ley que regule la implantación de esta medida garantice su aplicación en condiciones de igualdad para la empresa y los trabajadores. En este sentido, si bien no figura en el texto del estudio, es creencia generalizada en medios de la Administración y laborales que las vacantes producidas por jubilaciones al amparo de esta medida deberían ser cubiertas con trabajadores incluidos en el seguro de desempleo.De esta manera, al tiempo que la reducción en el límite de edad para la jubilación a lo s 64 años supone una mejora social para el trabajador que dispone ele un puesto de trabajo -medida que se complementa con el límite máximo de los 69 años para permanecer en activo que establece el Estatuto de los Trabajadores-, su sustitución en el mercado laboral por un trabajador desempleado constituye una medida eficaz para combatir el alto índice de desempleo que registra España.

De otra parte, considerado el problema desde la perspectiva de la Seguridad Social, el coste que comporta la entrada en vigor de la reducción de edad para la jubilación no se vería fomentado por el descubierto en las cotizaciones que las jubilaciones producirían, puesto que un nuevo trabajador sustituiría al jubilado en la lista de cotizantes a la Seguridad Social.

Asimismo, si el trabajador que accede al puesto de trabajo libre por la jubilación a los 64 años figuraba en el seguro de paro, el importe de éste contribuiría también a paliar el coste económico de la medida.

Nuevas altas

El participar a los 64 años la jubilación producirá, sin duda, un aumento del número de altas en esta edad. Para su determinación, el estudio elaborado por el INSS ha tomado como base la distribución real correspondiente a los años 1975-1979. En este período, la serie observada arroja un aumento medio anual de altas del 4,13%, lo que permite calcular 76.023 altas para 1980, 79.163 para 1981 y 82.432 para 1982.La distribución de altas registradas en el citado período muestra una tendencia decreciente para la edad de los 65 años. Aceptándose que esta intensidad de decrecimiento no debe mantenerse, se espera una estabilización en torno al 40%.

El número de posibles nuevos jubilados a los 64 años se ha deducido considerando que, a esta edad se jubilarán todos aquellos que, de no haber variado las condiciones de jubilación, lo hubieran hecho un año más tarde, es decir, a los 65 años.

Sobre estos datos, pues, el estudio establece el siguiente cuadro de altas a los 64 años: en 1980, 32.273, en 1981, 33.606.

De acuerdo con el mismo método de estudio, las previsiones de altas a los 69 años o más, en cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores, son: para 1980, 40.769; para 1981, 40.349 altas.

Estas altas, aun cuando en el estudio no se dice nada al respecto, supone en la práctica la posible creación de otros tantos nuevos puestos de trabajo, cuya cobertura supondría una importante reducción en la actual cifra de parados. Para ello debería reguiarse la imposibilidad de que las empresas amortizaran las plazas vacantes por jubilación en estos supuestos.

El estudio elaborado por la Seguridad Social para calcular el coste de la reducción a los 64 años y la aplicación del Estatuto de los Trabajadores contempla simultáneamente el pago de las nuevas pensiones y la reducción de ingresos por cuotas.

Para el establecimiento de dicho coste se han contemplado dos posibilidades, según se mantengan o no los coeficientes reductores existentes en la actualidad para las jubilaciones antes de los 65 años, límite en el que hoy está fijada la edad legal de jubilación. El detalle de ambos supuestos se desarrolla en el cuadro adjunto.

En resumen, el coste de la reducción de la edad de jubilación a los 64 años y la aplicación del límite de 69 años para permanecer en activo, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, se ha determinado en las siguientes cantidades: durante 1980, para jubilaciones a los 64 años, 11.508 millones de pesetas; para los 69 años, 12.322 millones. En 1981, las jubilaciones a los 64 años supondrán un coste de 27.615 millones de pesetas y de 30.237 millones para las jubilaciones a los 69 años.

Este borrador de estudio es el primer elemento de trabajo para la negociación que acordaron emprender el Gobierno y la central socialista, de acuerdo con lo establecido en la reunión mantenida por el secretario general de UGT y el presidente del Gobierno en el pasado mes de mayo. En aquella reunión, UGT se comprometió a entregar a la Administración un estudio sobre el coste de dicha medida antes de que finalice el presente mes. Hasta hoy, dicho estudio no ha sido elaborado, según se ha informado a EL PAIS en dicho sindicato.

La intención de los sindicatos, según se puso de manifiesto en la negociación con la patronal del acuerdo-marco, pacto en el que ambas partes coincidieron en sugerir al Gobierno la reducción en la edad de jubilación como medida para luchar contra el paro, es, efectivamente, garantizar en la ley que regule finalmente dicha reducción que las vacantes producidas por nuevas jubilaciones sean cubiertas en su mayor parte por trabajadores en paro.

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