Las autonomías y su ordenación administrativa
El título VIII de la Constitución española ha venido a certificar la defunción del viejo Estado unitario español. La configuración de España como un Estado compuesto por comunidades autónomas que roza -para unos- las lindes del Estado federal y que -para otros- coincide plenamente con él, ha abierto una difícil etapa de definición y de ordenación política y administrativa.Una serie de concausas -que no es momento de analizar- ha provocado que en un brevísimo período de tiempo se hayan quemado, sin poner en práctica, una serie de fases previas que hubieran hecho menos incierto el presente y el futuro inmediato de las comunidades autónomas. Porque incitados a la equiparación con vascos y catalanes, es Imposible ya proponer a las demás regiones españolas que inicien una primera fase de descentralización administrativa para acceder poco a poco a lo que han llegado tan pronto aquéllos. En este par de años hemos quemado muchos conceptos sin haberlos usado, por ese afán emulador, lógico o no.
Sea como fuere, hay que partir de presupuestos realistas, y es lo cierto que, al momento presente, el fenómeno de las autonomías es irreversible, lo irreversible que puede ser el propio sistema democrático en que se enmarca.
Podrá decirse que se ha provocado en España un sentimiento autonomista que no existía, en gran medida. Que se ha concebido la autonomía como un arma reivindicativa de las regiones frente al poder central o a las demás regiones. Que se han mitificado sus factores positivos y despreciado los negativos. Podrá decirse que el hecho autonómico crea más problemas que evita. Pero argumentos como estos (hay muchos más) carecen de utilidad ante la realidad incuestionable de las autonomías.
Si se ha llegado a este punto en el proceso sin haber previsto ni agotado las fases anteriores, habrá que extremar la cautela y el esfuerzo racionalizador, pero es imposible volver atrás.
Y este esfuerzo racionalizador, ordenador y coordinador de los distintos entes autonómicos y preautonómicos es el que me interesa destacar, porque, además, no ha existidó hasta el día 20 de mayo.
Circunstancias personales que no son del caso me han permitido, por una parte, examinar con detalle el funcionamiento de una comunidad preautonómica y, por otra, comprobar los criterios de los más cualificados técnicos con que cuenta la Administración del Estado con relación a aquéllas. Y de ambos contrastes he llegado, no sé si con error, a una doble conclusión: la primera, que las comunidades preautonómicas están funcionando, y aun asumiendo competencias de importancia con una evidente falta de garantía de eficacia, unas veces porque las competencias transferidas exceden con mucho de las posibilidades organizativas del ente, y otras veces porque la Administración central no ha respondido con igual disponibilidad de sus medios presupuestarios y materiales a las exigencias de las funciones que ha transferido. En definitiva, que las comunidades tienen una escasa operatividad administrativa y que la Administración central no ha racionalizado el proceso de transferencias. La segunda conclusión es que los técnicos del Estado en esta disciplina, aunque crean, lo que no es frecuente, en el fenómeno de las autonomías, no se atreven, tal vez por temor a que los acontecimientos políticos les desborden, a diseñar, técnicamente la administración autonómica con criterios de homogeneidad. Ciertamente, el factor político condiciona sensiblemente, hasta hacerlo casi imposible, cualquier intento ordenador con criterios técnicos. Piénsese, por ejemplo, que la potenciación de las diputaciones está supeditada por los partidos políticos a su hegemonía sobre ellas, aunque lo nieguen. Y, en caso de no tenerlas, tratan de anularlas. Es este el motivo por el que se observa un claro escepticismo. y aun un cierto fatalismo, sobre el curso que lleven las administraciones autónomas.
Con todo, en esta frecuente incapacidad de los entes preautonómicos para descender a cuestiones técnicas por culpa de la situación política en que se desenvuelven, radica, a mi juicio, uno de los más claros riesgos del futuro Estado autonómico. Y, por contra, el mayor o menor éxito que se obtenga por aquellos en la tarea de normalizar su funcionamiento administrativo y en armonizarlo con su funcionamiento político, redundará, en mayor o menor medida, en la consolidación de las autonomías.
Porque, en definitiva, cuando la emotividad que envuelve al tema autonómico remita y los administrados racionalicen sus criterios, la credibilidad del sistema dependerá, en grandísima medida, de que los entes autonómicos sean capaces de ofrecer al administrado servicios más eficaces, decisiones más acertadas y una distribución más racional de los recursos. Mientras esto no sea así (y hoy no lo es) estaremos distraídos con la charanga autonomista.
