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Debate político en el Pleno del Congreso

Texto de la moción de censura del PSOE

El texto íntegro de la moción de censura presentada por el PSOE es el siguiente:«Considerando que está suficientemente probada la incapacidad del presidente Suárez y su Gobierno para dirigir los destinos de la nación española y que el llamado reajuste ministerial no permite generar esperanza de cambio ni afecta a los máximos responsables de la situación creada. Al amparo de lo establecido en el artículo 113 de la Constitución, decide exitir la responsabilidad política del Gobierno mediante la presentación de moción de censura. A estos efectos se cumplen los requisitos del número segundo de dicho artículo de la Constitución, al firmar el escrito 36 diputados e incluir como candidato a la presidencia del Gobierno a don Felipe González Márquez».

En estos términos está formulada la parte final de la moción, que ayer, poco después de las seis de la tarde, presentó el Grupo Socialista del Congreso ante la secretaría general de la Cámara. El escrito socialista señala textualmente:

«Los diputados que suscriben, pertenecientes a los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Socialistas de Cataluña y Socialista Vasco, del Partido Socialista Obrero Español:

Conscientes de la grave crisis por la que atraviesa la sociedad española en la construcción del Estado democrático y de las autonomías, en la seguridad ciudadana y en el ejercicio de las libertades fundamentales, en la situación social de paro e inflación, en la falta de definición de nuestro papel en el mundo y en el distanciamiento y desconfianza que estos graves problemas producen en la ciudadanía.

Constatando que el presidente Suárez y su Gobierno, tras un año de poder constitucional, han incumplido reiteradamente compromisos programáticos contraídos ante el conjunto de los ciudadanos, acuerdos con otras fuerzas políticas y asimismo otros contraídos entre las Cortes Generales y que han dejado de ejecutar innumerables mociones o proposiones no de ley aprobadas por las Cámaras.

Teniendo en cuenta que el Gobierno ha hecho gala de desprecio a las reglas del juego propias de la democracia parlamentaria, que consagra la Constitución, llegándose a afirmar que un debate parlamentario constituye una trampa y que una interpelación sobre la libertad de expresión es una provocación a instituciones respetables para todos y que asimismo dicho Gobierno ha producido grave deterioro en el prestigio de las instituciones parlamentarias al llegar a acuerdos para modificar una ley presentada en el Parlamento con grupos políticos que se encuentran fuera de la Cámara.

Poniendo de relieve que bajo el Gobierno del presidente Suárez la inseguridad ciudadana va en aumento constante, la libertad de expresión y otras se conculcan con frecuencia y la sensación de falta de autoridad es cada vez mayor y que no existe una política para resolver esos problemas, especialmente para atajar el terrorismo en el País Vasco, la violencia de extrema derecha y la delincuencia común.

Comprobando que el mandato constitucional sobre el fin que la Administración pública debe cumplir sirviendo con objetividad a los intereses generales con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación no ha sido puesto en práctica por el Gobierno.

Deplorando profundamente la falta de voluntad para enfrentarse con una situación de corrupción y de desorganización administrativa en Televisión Española e incluso el entorpecimiento y las trabas que el presidente y su Gobierno han planteado al Congreso de los Diputados para evitar el esclarecimiento de los hechos y la toma de medidas para su solución.

Señalando el fracaso en la consecución de los grandes objetivos de política económica fijados en diversas ocasiones por el Gobierno y el reiterado incumplimiento de los compromisos adquiridos en esta materia, lo que ha tenido como consecuencia la obtención de unas tasas de crecimiento muy por debajo de su nivel potencial e inferiores al promedio alcanzado por el conjunto de los países europeos, la carencia de una estrategia de política industrial y agraria capaz de afrontar las transformaciones exigidas por la profunda crisis energética y la perspectiva de nuestra integración en las Comunidades Europeas, la incapacidad para crear las condiciones que aseguren el relanzamiento de la Inversión productiva pública y privada, con el consiguiente aumento del paro a ritmo política y socialmente intolerable.

Resultando que ante la continua desaparición de puestos de trabajo y el asombroso incremento del número de parados, el Gobierno carece de una política capaz de abordar en profundidad las causas y efectos de esta clase social, limitándose a señalar algunas medidas aisladas y claramente insuficientes, al tiempo que propone una inaceptable reducción de las prestaciones dirigidas a la protección de los desempleados, concretándose dichas pretensiones en la proposición de la ley básica de Empleo.

Observando que la actuación del Gobierno ha conducido a un deterioro progresivo de los servicios de equipamiento colectivos tendentes a mejorar el bienestar social y la calidad de vida de los españoles. Así, la política educativa del Gobierno plasmada en el Estatuto de Centros Docentes, caracterizada por el descenso de la inversión pública en el sector, la caída registrada en la construcción de viviendas y las líneas generales de la política sanitaria.

Afirmando la carencia de un proyecto autonómico del Gobierno, rechazando por discriminatoria y limitativa la propuesta de una nueva lectura del título VIII de la Constitución anunciada por el presidente del Gobierno y el inexplicable e injustificado retraso en la presentación de una nueva ley de régimen local para garantizar la autonomía local.

Considerando que está suficientemente probada la incapacidad del presidente Suárez y su Gobierno para dirigir los destinos de la nación española y que el llamado reajuste ministerial no permite generar esperanza de cambio ni afecta a los máximos responsables de la situación creada.

Al amparo de lo establecido en el artículo 113 de la Constitución, decide exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la presentación de moción de censura.

A estos efectos se cumplen los requisitos del número segundo de dicho artículo de la Constitución, al firmar el escrito 36 diputados e incluir como candidato a la presidencia del Gobierno a don Felipe González Márquez.

Madrid, 21 de mayo de 1980».

Firman el escrito, entre otros, Alfonso Guerra, Javier Solana, Enrique Tierno, Manuel Marín, Ciriaco de Vicente, Juan Antonio Barragán, Pedro Bofill, Carmen García, Luis Fajardo, José Vida, Enrique Barón, Luis Núñez, Virgilio Zapatero, Antonio Sotillo, Félix Pons, José María Triginer, Nicolás Redondo, Enrique Múgica, Pablo Castellano, Valentín Luis Fuertes, Gabriel Urralburu, Rafael Escuredo, Manuel Chaves, Jerónimo Saavedra.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de mayo de 1980