La independencia del juez y la ley orgánica del Consejo del Poder Judicial

Unos la esperaban con alborozo. Otros la temían como si fuera un panteón para el reposo de los restos de la independencia del poder judicial. Para mí, que me creo un espíritu autónomo, ni gregario ni tentado de hacer prosélitos, la promulgación de la ley orgánica del Poder Judicial no me provoca el gozo ni la amargura. Registra un acontecimiento en la historia de la judicatura española, y nada más. El futuro dirá si es acontecimiento venturoso o desdichado. Pero no tanto lo dirá por las calidades y defectos de la propia ley, como por el empleo que hagan de ella los humanos que vayan a servirla. Que las leyes no son más que instrumentos entregados a los hombres. Y el derecho no es un conjunto de reglas, sino un conjunto de conductas, en definitiva.La ley orgánica del Poder Judicial es el instrumento dado para que el orden de jueces y magistrados tenga un gobierno independiente, según prometió el artículo 122 de la Constitución. Un gobierno independiente del Gobierno. Un gobierno que no es ese autogobierno en el que los miembros del orden judicial que alcancen poder no tuvieran que compartirlo con nadie que no pertenezca a su estamento. Por el contrario, mediante la ley orgánica del Poder Judicial, el Gobierno está compartido por jueces, y magistrados y por quienes no lo son.

Sobre este sistema mixto no hago juicio de valor. Como todo en este mundo, tendrá sus ventajas y sus inconvenientes. Pero está ahí. Y la realidad hay que tomarla como dato. Pretender sustituirla filosofía del ser que es por la del creo que debiera ser no conduce a nada práctico, y pienso que es el ejercicio con el que se tiene asegurada la equivocación.

Hay quienes piensan que la independencia judicial será mayor mientras mayor número de judiciales formen parte del Consejo del Poder Judicial. Y hay quien se ufana de una gran victoria por el logro de que el número definitivo de judiciales haya venido a ser algo mayor del que se proyectó al principio. Yo me pregunto -y me pregunto porque no lo sé- si no se tratará de una victoria pírrica. Sin ser paladín ni seguidor de ninguno, hace años que, por mi cuenta, di un grito en pro de la independencia del juez. Fue en 1963, época en la que se requería energía glandular para escribir y publicar lo que yo escribí y publiqué. Mi escrito tuvo trascendencia en el extranjero y se publicó un resumen en el diario Abc de Madrid. Hoy, casi diecisiete años transcurridos, recojo mi propia antorcha para volver a escribir de la independencia del juez. Pero nótese desde ahora que yo trato de la independencia del juez, que es la buena y deseable; que no de la independencia del estamento judicial, de la que no espero tanto.

Lo que suele llamarse la independencia del poder judicial no es la independencia del juez. En mis viejas voces señalé que el juez debe sentirse libre ante la sociedad, libre ante los otros poderes del Estado y libre ante sus propios compañeros de profesión. Lo que entonces dije de la independencia y libertad con relación a los compañeros tiene plena vigencia hasta ahora. Y ésta es importantísima. Por esto recojo el tema por aquí.

Refería que el sistema de las promociones conturba el ánimo de ese ser humano que oficia de juez, la inquieta y toma conciencia de que le falta independencia, porque teme agradar o porque teme desagradar a quien tiene el poder de decidir sobre su carrera, tanto si este poder está en el ministerio como si está en lo que, con frialdad, se ha dado en llamar la superioridad. Porque si sin el favor de quien tiene en sus manos la llave de la promoción, ésta no llega nunca, iguay de quien se gane el disfavor! Y el disfavor es muy fácil ganarlo. Cuentan que cierto caballero se vanagloriaba de no tener enemigos. ¿Que no tenéis ningún enemigo?, replicó su interlocutor; será porque nunca habréis dicho la verdad a alguien o porque nunca defendisteis una causa justa.

La promoción debe estar organizada con un sistema que asegure la independencia y la emulación profesional. La antigüedad absoluta no fomenta la emulación y trata lo mismo al rutinario perezoso que al diligente estudioso. Pero la promoción por la selección de los mejores está llena de asechanzas. Y, al menos en nuestro país, no da fruto. Porque, ¿cuáles son los mejores? Las facultades humanas son infinitas. ¿Quién debería evaluarlas? ¿Cómo discernir quién es de verdad el que más lo merece en cada caso? Los que hasta aquí han definido a los mejores no han cosechado un cúmulo de aciertos y casi siempre han hecho un mal de consideración. Se han dado maña para que muchos buenos, buenísimos magistrados, se sintieran postergados injugtamente, con el peligro (y la realidad) de que se pierda la emulación y el deseo de superación y se produzca una gran pérdida social por el descontento que se siembra, con la pérdida de rendimiento que se sigue. Los buenos magistrados que se sienten postergados fácilmente dejarán de hacer su trabajo con placer, no se encontrarán dispuestos a los esfuerzos, se quedarán,sin entusiasmo para proseguir su carrera, la que ya no mirarán sino como un medio de vida. Y esto no deja de representar una pérdida considerable para la sociedad, para esa sociedad que dio a los unos el poder de decidir sobre los otros. Si de buena fe buscan a uno un poco mejor -en lo que aciertan poco-, hacen impensadamente un mal tan grande a la función, que mucho debieran reflexionar sobre ello.

Habría que buscar una fórmula que impida que los audaces trepen sobre la cabeza de sus colegas menos ambiciosos o más prudentes. Una fórmula que dé la seguridad a cada uno de los miembros de la judicatura de que podrá alcanzar los más altos puestos sin recurrir al favor, a la privanza o a la intriga. Al juez hay que darle la seguridad de que, ni por la audacia de los unos ni las buenas relaciones de los otros ninguno se verá decepcionado en sus esperanzas legítimas, pero convencerle igualmente de que para ello tiene que estar en la brecha sin desmayo, sin fatiga, presto a todo lo que exija el mejor rendimiento y perfeccionamiento de sí mismo, porque los raros casos de negligencia que pudieran comprobarse -por supuesto, que por procedimientos llenos de garantía para alcanzar un juicio objetivo- le privarían de la promoción.

En el sistema anterior a la ley orgánica del Poder Judicial -y todavía vigente por el régimen transitorio de ésta-, los poderes estaban compartidos entre el Gobierno y el Consejo Judicial. El Consejo, formado por quienes -habían logrado situarse en los puestos cabeceros de la judicatura era (y es todavía) una pieza clave para la promoción, en especial para la de magistrados del Tribunal Supremo. El Consejo no nombra al magistrado. Propone una terna. Pero el Gobierno no puede nombrar sino dentro de la tema. De lo que resulta que quien no logra entrar en la tema se queda imposibilitado para que el Gobierno le nombre. Con la consecuencia de que la llave de la promoción está en las manos del Consejo Judicial.

Puesto que es importantísimo que el juez se sienta a cubierto de la arbitrariedad de sus compañeros de carrera, lamento tener que decir que son muchos, muchísimos, los judiciales que tienen el sentimiento y la creencia de que el Consejo Judicial, de siempre, ha actuado arbitrariamente y no por normas de objetividad. Hay la creencia generalizada de que el Consejo Judicial no propone sino a quien alcanza el favor de sus miembros. Y esta creencia es un obstáculo a la idea de que si el nuevo Consejo del Poder Judicial estuviera formado sólo por miembros judiciales, su composición homogénea fuese prenda de la independencia de los jueces. La creencia existe. Muchos no se atreven a expresarla fuera de los corrillos. Yo creo hacer buen servicio publicándola, para que, tomada conciencia del mal, quien sea de buena fe se apreste a corregirlo. Porque hasta aquí todo ha seguido como estaba. Con el advenimiento de la democracia no se siguió el remedio. Habrán cambiado las personas; el dedo que hoy señala no es quizá el que señalara ayer. Pero el método, con los males que arrastra, no ha cambiado. No se ganó para la objetividad sino una circular de la Presidencia del Tribunal Supremo, relativa al nombramiento de sus magistrados, que todo el mundo recibió con agrado y esperanza. Pero hoy ese todo el mundo esperanzado de ayer tiene la impresión de que en la realidad las cosas se han quedado como estaban.

Para mí, pues -es opinión personalísima-, el autogobierno a ultranza no es bueno en nuestro país. No es cosa nueva, viene de atrás, y por algo la sabiduría popular dice aquello de que «no hay peor cuña que la de la misma madera».

Yo quisiera recordar todo esto para que los futuros miembros del nuevo Consejo del Poder Judicial cambien de óptica y se mentalicen para desterrar el vicio de poner a quien más nos gusta o aquel con quien nos sintamos más comprometidos. Recordar que poder discrecional no es poder arbitrario, y que no es legítimo que el sentir del titular del poder venga a sustituir la objetivación de unas normas. Bueno fuera que el futuro Consejo del Poder Judicial, al hacer uso de la potestad reglamentaria que le brinda la ley orgánica, reglamentara los nombramientos del Tribunal Supremo y de presidentes de Audiencia Territorial, de manera que estableciese unos concursos semejantes a los que trae la propia ley para presidente de Audiencia Provincial. De la objetividad de las normas que presidan la decisión del Consejo saldrá bien para todo: para el buen funcionamiento de la justicia y para la sensación de independencia de quienes dedican su vida a tan delicado menester. No quedará mal parada sino la influencia, eso tan indefinible, pero que está tan enraizado en los entresijos más hondos de los españoles.

Una característica destacable es que los miembros judiciales del Consejo General van a serlo por votación, y no, como antes, en función del grado que habían alcanzado dentro de la carrera. Pero, aunque así sea, la votación no es prenda segura de la objetividad del que resulte elegido. Es menester que no se sienta dispuesto a ejercer el mismo poder y con el mismo criterio subjetivista con que lo han empleado sus predecesores del Consejo Judicial. Es menester que no busque el mejor de los que él conoce, ni quien comparta su ideología, ni siquiera quien le haya votado. Es menester que no actúe por impresión, ni por emoción, ni siquiera por conocimiento personal, necesariamente muy limitado. Es menester que decida por los datos objetivos de un expediente... Si así fuera, que la justicia se lo premie; si no, que se lo demande.