Dimite el Gobierno civil surcoreano, forzado por el golpe militar del domingo

El Gobierno surcoreano, reunido en sesión de urgencia, presentó ayer su dimisión, tres días después de que los militares tomaran el poder en el país. El portavoz oficial que comunicó la dimisión del Gobierno añadió que el Gabinete del primer ministro, Shin Hyong-Hwak, adoptó tal decisión tras asumir su responsabilidad en los graves disturbios ocurridos en el país durante la ausencia del presidente, Choi Kyu-Hah.

Las violentas manifestaciones estudiantiles que conmovieron a Corea del Sur durante cuatro días consecutivos obligaron, el pasado viernes, a Choi a interrumpir su gira por Oriente Próximo y regresar precipitadamente a Seúl.El pasado fin de semana, los militares tomaron el poder y extendieron la ley marcial a todo el país.

El actual Gobierno surcoreano se constituyó el pasado 14 de diciembre, seis semanas después del asesinato del antiguo presidente, Park Chung-Hee, ocurrido el 26 de octubre de 1979.

Por su parte, el único dirigente de la oposición surcoreana que se encuentra todavía en libertad condenó ayer la promulgación de la ley marcial e invitó a las fuerzas armadas del país a regresar a sus cuarteles.

El jefe del Nuevo Partido Demócrata, Kim Yung San, desafiando la orden que prohíbe todo acto o manifestación políticos, declaró ayer, en una rueda de prensa, que la represión sólo provoca la resistencia y «conducirá el país a la ruina». Kim, que fue puesto bajo arresto domiciliario, es el único posible candidato a la presidencia surcoreana que no fue detenido por los militares en la redada del pasado domingo.

Coincidiendo con la rueda de prensa de Kim, unos cuarenta miembros de su partido trataron de penetrar ayer en el edificio de la Asamblea Nacional, pero fueron rechazados por el Ejército. Ayer se canceló una reunión de la Asamblea, puesto que las autoridades de la ley marcial la calificaron de reunión política prohibida.

En Seul y otras grandes ciudades del país reinaba ayer una calma tensa, tras los violentos disturbios que estallaron ayer en Kwangyu, a 270 kilómetros al sur de la capital, con un balance oficial de un muerto y cuarenta heridos. Más de quinientas personas fueron arrestadas durante los dos últimos días.

La censura impuesta por las autoridades militares a todos los medios de comunicación, y que ayer fue motivo de una huelga de protesta de los periodistas de Yoogang Ilbo, uno de los vespertinos más importantes del país, se mostró especialmente rígida con respecto a los acontecimientos de Kwangyu, silenciados totalmente en la prensa del país.

Ratificación de las penas de muerte

El Tribunal Supremo de Corea del Sur ha confirmado ayer la pena de muerte impuesta a Kim Jae-Kyu, ex director de la Agencia Central de Inteligencia coreana, así como las de otras cuatro personas implicadas en el asesinato del presidente Park Chung-Hee, ocurrido el 26 de octubre del pasado año.La ejecución en la horca se espera que se produzca en breve plazo según informaron fuentes oficiales.

El citado tribunal confirmó también la sentencia de cadena perpetua que le fuera impuesta a Kim Kae-Won, ex secretario-jefe de Park, y la pena de tres años de cárcel a un empleado de la mencionada agencia de inteligencia, por haber destruido pruebas relacionadas con el caso.

El Tribunal Supremo rechazó las apelaciones presentadas por los defensores por votación mayoritaria, y confirmó las sentencias impuestas por tribunales militares.

El presidente Park fue asesinado cuando, acompañado por Kim, asistía a una cena en la sede de la Agencia Central de Inteligencia coreana.