La empresa pública en el sector eléctrico

En la primera parte de este artículo se ha descartado que las empresas públicas vayan a perder peso en los próximos años dentro del sector eléctrico español, y se han comentado las posibilidades de crecimiento de los principales tipos de centrales. En esta segunda vamos a cuantificar un escenario futuro del sector, para deducir el papel de la empresa pública eléctrica en él.Una pregunta clave a responder es la de la cuantía de la potencia que será necesario instalar en los próximos años. La respuesta no es, sin embargo, fácil, como se deduce de la diversidad de las estimaciones que se efectuaron con motivo del PEN y en las que además se pudo comprobar cómo la ideología implícita en cada estimación puede llegar a tener tanto peso como la propia econometría.

A los efectos de este artículo se presenta un escenario relativamente optimista y «desarrollista», basado en la hipótesis de que la demanda de electricidad va a tener en España un crecimiento anual acumulativo del 6% en los próximos quince años, pasando de 97.600 GWh en 1979, a 231.500 en 1994. Este ritmo es inferior a las estimaciones, generalmente hipertrofiadas, de la industria eléctrica, pero superior a las hipótesis de crecimiento energético cero o muy reducido, que no se corresponden con la actual realidad sociopolítica del país. La fecha de 1994 no es, por otra parte, caprichosa, sino que viene marcada por el último año, a tener en cuenta para determinar las autorizaciones que es preciso efectuar en los próximos cinco años teniendo en cuenta el plazo de diez años que requiere la instalación de una central nuclear.

Para suministrar esta energía, y teniendo en cuenta el déficit de potencia de que actualmente se parte (y que puede dar lugar al establecimiento de restricciones en los próximos tres-cuatro años, si cualquiera de ellos es seco) será necesario la puesta en funcionamiento en la Península de unos 26.000 MW en nuevos grupos de carbón y nucleares.

Esto puede suponer la instalación de veintidós nuevos grupos de carbón (doce nacionales y diez de importación) y diecisiete grupos nucleares, de los que deducidos los ya autorizados, conduciría a tener que autorizar ocho nuevos grupos de carbón importado y siete nucleares, de los que dos de carbón y los siete nucleares tendrían ya que ser aprobados antes de 1985.

Además de esta posible variación cuantitativa, el sector eléctrico se verá, sin duda, sometido en los próximos años a otra serie de modificaciones de orden cualitativo e institucional, que afectarán más profundamente a su estructura actual. En primer lugar, el recurso a la instalación de un número tan elevado de nuevos grupos de carbón y nucleares exigirá que se adopten las salvaguardias necesarias para que sus efectos sobre el medio ambiente o su riesgo implícito no superen unos niveles aceptables.

En el caso del carbón no deberá pasarnos a nivel nacional como a los andaluces del PSA, que, después de haber propuesto y conseguido introducir en el PEN dos resoluciones para que se instalaran en Andalucía las centrales de Algeciras y Almería, publicaron un mes más tarde notas de disculpa en la prensa local, al caer, sin duda, en cuenta en los indudables riesgos de contaminación que, como nos re saltan constantemente los pronucleares, tienen las centrales de carbón.

Energía nuclear

Con respecto a la energía nuclear, el primer paso es conseguir una honestidad informativa que evite, por ejemplo, que los resultados del referéndum sueco sean presentados a la opinión pública con titulares como: «Suecia dijo sí a la energía atómica», cuando la opción más «pro nuclear» (?) de las tres debatidas (y que sólo obtuvo un 18,7% de los votos) proponía: «Abandonar la energía nuclear al ritmo que sea posible..., limitando a doce el número de reactores, no autorizándose ninguno nuevo y completando sólo los dos que están en construcción».

El segundo paso, que ha de incidir significativamente sobre la estructura institucional del sector nuclear español, es consecuencia directa del accidente de Three Mile Island, en EE UU, a partir del cual ha quedado de manifiesto que los 8.000 millones de curios contenidos en cualquier reactor constituyen un potencial radiactivo demasiado peligroso como para ser manejados por cualquier compañía eléctrica. Al poco de producirse el mencionado accidente americano, una persona como el entonces ministro de Energía, Schiesinger, tan poco sospechosa de animosidad contra el sistema empresarial privado, señaló: «El accidente ha reforzado la lección de que sólo las empresas eléctricas suficientemente bien financiadas y con profundidad de conocimientos técnicos y de ingeniería deberían operar centrales nucleares. Las empresas no calificadas deberían sólo comprar energía a las anteriores».

Al trasponer este principio a España, no hay que olvidar que la empresa propietaria dé la central de Three Mile Island tiene, sin embargo, una dimensión del 50% a la de la mayor empresa eléctrica española: Iberduero, y que, al contrario de los demás países europeos, existen en nuestro país un gran número de empresas productoras de dimensión reducida. Esta razón será así determinante, junto con la insuficiencia financiera de gran parte de las empresas existentes, de una aceleración del proceso de concentración ya en curso.

Llegamos ahora a la descripción de la cuantía y sentido de actuación de las empresas públicas eléctricas. Como se ha señalado en la primera parte de este artículo, existe un compromiso de que su participación se mantenga en el porcentaje existente al aprobarse el PEN, o sea un 20% de la potencia total instalada, aunque, en todo caso, deberá ser siempre suficiente para asegurar el abastecimiento de la demanda de este servicio público fundamental. Como también se ha indicado en dicha parte, a partir del PEN sólo se ha asignado al INI un 9% de los 5.500 MW autorizados desde entonces, por lo que para compensar este sesgo será necesario, según nuestras estimaciones de nueva potencia adicional, asignar al INI un 31% de las autorizaciones que se efectúen en el período 1980-1985; aproximadamente 2.500 MW, de un total de los casi 8.000 MW que se autoricen en nuevos grupos de carbón y nucleares.

Participación del INI

Dadas, no obstante, las previsiones de entrada en funcionamiento de estos grupos, para que el porcentaje de participación público pueda, mantenerse en un 20% en 1990 y 1994, será necesario no sólo autorizar al INI nuevas centrales nucleares y de carbón, sino que éste tome además participación mayoritaria en alguna de las privadas que ya cuentan con autorización. Dentro de la doble vía carbón-nuclear, el INI puede pronunciarse, no obstante, por un desarrollo en el que predomine uno u otro tipo de central, resultando entonces necesario instalar adicionalmente, antes de 1994, cuatro grupos de carbón y dos nucleares, en una hipótesis, o cuatro nucleares y dos de carbón en otra; lo que exige obtener las correspondientes autorizaciones de aquí a 1985.

Los porcentajes de participación del INI en las centrales de carbón y nucleares serían diferentes en ambas hipótesis, pero, en todos los casos deberían ser mayoritarios, ya que el sentido de la actuación de la empresa pública eléctrica no debe ser el de acudir en ayuda de las privadas que atraviesen dificultades de financiación, sino el de poner en práctica la política de generación más adecuada al servicio del país. Por otra parte, si la empresa pública eléctrica ha de continuar siendo rentable, debe evitar asociaciones que impliquen su participación en proyectos inadecuados, de los que deben seguir siendo responsables los que, en el pasado, los decidieron.

La actuación de la empresa pública no se debe, sin embargo, limitar a una mera participación aséptica en el 20% del sector eléctrico, sino que debe efectuar una auténtica política de servicio público que, al igual que las de sus homónimas que predominan en Europa, no esté limitada por una visión restringida a un mercado propio, sino dirigida a una meta de optimización a escala nacional. Esta política debe concretarse en:

- Aumento de la autoproducción en la industria, para aprovechar mejor la energía total.

- Potenciación de la generación con carbón nacional e importado, en localizaciones y con equipos que minimicen su contaminación, así como sustitución de fuel por gas natural y carbón.

- En el campo nuclear, las nuevas centrales deberán irse desarrollando de acuerdo con un orden de prioridad de sus emplazamientos, definido por sus condiciones de seguridad y con independencia de que se encuentren en la zona, de mercado de una u otra compañía eléctrica.

La empresa pública deberá además desarrollar una gran capacitación tecnológica, para operar las centrales nucleares con un riesgo mínimo de accidentes y poder conducir éstos cuando ocurran (porque ocurrirán a pesar de todas las precauciones) de la forma más segura. Conviene resaltar al respecto que los suecos, al elegir la proposición vencedora en su reciente referéndum, han decidido « poner en manos de la sociedad las centrales nucleares, ...para que no surja desconfianza pública si los intereses privados pueden prevalecer sobre la seguridad de las centrales nucleares».