El presidente de la Generalidad, enfrentado con regantes e industriales

Pese a su conflictividad originaria, en las últimas semanas se ha logrado, con relación al problema del agua en Cataluña y concretamente en Tarragona, donde la cuestión reviste mayor gravedad, un acuerdo que a corto plazo soluciona sus aspectos más graves. Este acuerdo parte de los contactos entre industriales tarraconenses y las comunidades de regantes de la derecha e izquierda del Ebro y se plasmó en el proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes el pasado 11 de abril.El Proyecto de ley no afecta al «estatus» de las aguas del Ebro, Por ello no provocó ninguna, reacción en su contra en Aragón o Navarra, Consiste simplemente en la sustracción de agua de los canales de regadío -inicialmente sólo del izquierdo- para ser enviadas a Tarragona, contra la competisacÍón económica de cinco pesetas el metro cúbico por segundo. Con los beneficios obtenidos se procederá a. recubrir con cemento los canales de regadío, con lo cual se evitarán pérdidas de agua superiores a las cantidades cedidas (ambos canales totalizan 110 kilómetros), se revalorizarán las tierras regadas (unas 25.000 hectáreas) y mejorarán los cultivos del delta del Ebro, en el sentido que disminuirá el anterior monocultivo de arroz (un cuarto de la producción española) en favor de productos más rentables, como la alcachofa.

Los campesinos afectados veían con preocupación la posibilidad de que Jordi Pujol apareciera en el tema desde mucho antes que este fuese elegido presidente de la Generalidad. Las primeras críticas al proyecto de ley que hoy se encuentra en las Cortes procedieron de alcaldes del partido del actual presidente de la Generalidad. Una comisión de regantes del delta informó detalladamente a este diario de las implicaciones en el tema por parte del, grupo bancario, cuyo principal accionista es Jordi Pujol.

Resulta que de llevarse a cabo lo establecido en el proyecto de ley se iniciaba un camino para futuros pactos de mayor amplitud entre los intereses industriales y urbanos de Tarragona y los agrarios del delta del Ebro. Ello alejaría la posibilidad de un trasvase de aguas del Ebro a Barcelona, el cual, por otro lado, no provoca ninguna oposición entre los campesinos, quienes se limitan a afirmar que, de llevarse a cabo, debería ser en el marco de una regulación total de las aguas del Ebro, respetuosa con todos los intereses afectados, y que fuese elaborada a partir del diálogo y no de forma precipitada.

Los regantes de la zona, por boca de sus dirigentes, afirmaron que la actuación en el tema sería anticonstitucional, debido a que el Ebro no es sólo de ámbito catalán. Afirmaron que su deseo, no obstante, hubiese sido que realmente la competencia correspondiese a la Generalidad, pero que ahora temen la actuación de Jordi Pujol en base a los intereses que pueda representar. A éste le imputan defender por razones personales, electorales y de origen social, el trasvase a Barcelona.

Un sistema de compensaciones

Centran su critica en un interés directo de su grupo bancario en la zona, a partir del hecho que, en su opinión, la argumentación, de Pujol consiste en establecer un sistema de compensaciones. Se trataría de que el agua fuera llevada a Barcelona y como contrapartida los industriales barceloneses garantizaran inversiones industriales en las comarcas del bajo Ebro y en Montsiiá.Para dichas inversiones, existe únicamente un polígono industrial apto, que es propiedad del Banco Industrial de Cataluña, del grupo de Banca Catalana, del que es principal accionista Jordi Pujol. El banco opera a través de sus filiales Piominca, e Indumat. Según la in formación oficial del propio banco, que incluye entre sus empresas a Prominca, el polígono industrial Bajo Ebro-II, sito en Vinallot, cerca de Tortosa, consta de una superficie de 5 50 hectáreas.

El polígono fue comprado a precio de suelo agrícola. Este diario pudo visitarlo y ver como aún está utilizado con este fin. Su revalorización al pasar a ser suelo industrial produciría un beneficio de varios miles de millones de pesetas. El problema está en que las posibilidades de desarrollo industrial de base local son casi nulas, según afirma un estudio del Banco Industrial mencionado. Una operación conjunta que obligará a los industriales barceloneses a invertir en la zona, a cambio del trasvase del agua, produciría un enorme beneficio para el referido grupo bancario, cuyas dificultades son ya conocidas. En el terreno electoral, Pujol podría aspirar a convertirse realmente en el hombre de la burguesía industrial barcelonesa.

Los regentes del delta, a través de sus juntas, expresaron a esté diario que esta cuestión económica arroja luz sobre el intervencionismo en el tema del presidente de la Generalidad. Este ha solicitado un dictamen jurídico a la comisión urídica asesora de la Generalidad, en el pasado muy fiel a Tarradellas y de predominante composición barcelonesa. Las fuentes añadieron incluso que el interés de Pujol en el tema podría ayudar a explicar la maniobra de Roca Junyent a la impugnación de la elección de Senillosa como presidente de la comisión de control parlamentario de Radio Televisión Española.

El tema fue considerado por los regantes, en su vertiente jurídica, como estrictamente privado por cuanto que contempla la venta de aguas de concesión que, en el caso del canal izquierdo del Ebro, circulan por un cauce privado. Solicitaron un dictamen jurídico al ex ministro Manuel Clavero, quien afirmó que la jurisprudencia era contradictoria respecto a si los regantes podían o no vender sus aguas. En todo caso, lo que inicialmente fue un intento privado, pasó a ser público al despertar el mayor interés y comprensión en los Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo e Industria y Energía, quienes lo hicieron propio, modificándolo en determinados aspectos y lo tradujeron, ya con una total precisión jurídica, en el proyecto de ley aludido. Este proyecto tiene la rara virtud de hacer coincidir los intereses industriales tarraconenses, los de los regantes y los de la Administración central. Es la tardía aparición discorde de la Generalidad, la que ha irritado a las juntas de las comunidades de regantes.

Los partidos políticos de la zona, también han tenido, en general, una actitud de escasa comprensión por el proyecto de ley, y en casos como el del PSUC, de abierta crítica. Los campesinos de la zona afirman que la razón de estas críticas es debida, simplemente, a que los partidos no han sabido dar soluciones operativas. En una asamblea de la comunidad de regantes de la margen derecha (que agrupa a unos 4.500 regantes) no se apreciaron argumentaciones serias en contra del proyecto. En consecuencia, dicha comunidad, al igual que antes lo había hecho la de la margen izquierda, se pronunció en favor de continuar en la línea de la aceptación total del proyecto de ley. Los problemas podrían venir en base al peso que Pujol pueda. representar en el conjunto del problema y en la política catalana. En cuanto a la ciudad de Tarragona, obviamente está totalmente a favor del proyecto de ley, por ser para ella casi una cuestión de vida o muerte.

Tarragona y su industria están obligadas a comprar agua a campesinos, que la extraen de sus pozos, a un precio increíble, que se sitúa entre las doscientas y las trescientas pesetas metro cúbico, lo cual puede dar al campesino un beneficio diario de 20.000 pesetas. De ahí también que determinadas asociaciones agrícolas no tengan demasiada prisa en resolver el problema, pese a que, a la larga, ello implicará la salinización de las tierras de cultivo.