El Gobierno vasco designará a sus representantes en la Junta de Seguridad

En la reunión ordinaria que celebrará el próximo lunes en Bilbao el Gobierno vasco designará, casi con toda seguridad, sus representantes en la junta mixta de seguridad, que ha decrearse, en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Estatuto vasco, para coordinar las actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado y de la policía autónoma.La importancia de la constitución de la citada junta de seguridad radica en el hecho de que debe ser aquélla quien determine, de acuerdo con la disposición adicional cuarta del Estatuto vasco, el reglamentó, estatuto, dotaciones, composición numérica, estructura y reclutamiento de los cuerpos de policía autónoma y la designación de sus mandos entre jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado.

En sendos comunicados remítidos el jueves por Carlos Garaikoetxea y el consejero del Interior del Gobierno vasco, Luis María Retolaza, al presidente Suárez y al ministro del Interior, Juan José Rosón, respectivamente, al tiempo que condenan el atentado que el mismo día costó la vida a tres policías en San Sebastián anuncian que el Gabinete autónomo nombrará en su próxima reunión a los representantes de la comunidad autónoma en la junta de seguridad e invitan al Gobierno a que adopte, a la mayor brevedad, idéntica determinación respecto a los representantes en la misma de la Administración central.

A nadie se le oculta, sin embargo, que la constitución hoy de la junta de seguridad es tarea delicada. No en vano está a punto de someterse a debate en el Congreso de los Diputados un proyecto, de ley orgánica de policías autónomas elaborado por el Gobierno de UCD, en el que dispone que allí donde exista una junta de seguridad la misma deberá estar presidida por el delegado gubernativo. Esta disposición choca frontalmente con lo que al respecto se prevé en el Estatuto vasco, donde se especifica claramente -articulo 17- que la citada junta de seguridad «estará formada en número igual por representantes del Estado y la comunidad autónoma».