La CEOE, contra el proyecto de reforma del Código Penal

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) va a iniciar una intensa campaña en contra del proyecto de ley de reforma del Código Penal, según anunció ayer en Murcia el presidente de dicha organización, Carlos Ferrer Salat.

Según el señor Ferrer Salat, en el proyecto de ley se hace demagogia antiempresarial y, concretamente en el título octavo, «se considera al empresario como un virtual delincuente en su actividad normal», añadiendo irónicamente que «este es privilegio que no comparten otras profesiones». El líder patronal dijo que el que se produzcan este tipo de hechos es «demagógico, injusto y enormemente perjudicial para el país».Estas declaraciones las hizo el señor Ferrer Salat en el curso de una conferencia de prensa ofrecida tras participar en un acto organizado por la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), que contó con la asistencia de más de un millar de empresarios.

Durante su intervención, el señor Ferrer Salat insistió en la importancia de la opinión pública y la necesidad de que las organizaciones patronales mantengan frecuentes contactos con los periodistas.

Tanto en su alocución pública como en la conversación con los periodistas, Ferrer Salat se refirió con frecuencia a la política económica, centrándose en la reforma fiscal realizada en 1977, «de la que realmente nos estamos enterando ahora, cuando hay que empezar a pagar». Calificó la reforma fiscal de «demagógica».

Preocupación y esperanza

La CEOE ha expresado públicamente su «preocupación y esperanza porque el nuevo Gobierno atienda con mayor rapidez y energía la aplicación de medidas urgentes y eficaces para resolver los graves problemas presentes», en un comunicado remitido a los medios informativos, tras la última reunión de su junta directiva.La junta directiva de la CEOE, en su comunicado añade que entre los problemas más graves cabe destacar la crítica situación de desempleo, consecuencia del deterioro económico y de la ausencia de una adecuada política fiscal y financiera, que permita, mediante la protección del ahorro y de la inversión privada, resolver este problema.