Fiscal y defensores mantienen posiciones contradictorias sobre los propósitos de los reunidos

El fiscal militar, general Espinós, mantuvo la tesis de que en la reunión de la cafetería Galaxia fue propuesta por el teniente coronel Tejero, y apoyada por el capitán Inestrillas, la necesidad, posibilidad y puesta en práctica de un plan o golpe de mano contra la Moncloa, para constituir en rehenes a todo el Gobierno, y lograr por la fuerza los cambios que entendían eran precisos en la línea política del Estado.

Este propósito fue calificado por el fiscal de delictivo, «por cuanto pretendía un cambio en el orden institucional de España, utilizando la fuerza de las armas, con base en la sopresa». Según el fiscal, para lograr apoyo a dicho plan «los procesados buscaron contactos con algún mando del Ejército, e incluso se trató de conseguir la colaboración de uno de los asistentes a la reunión de la cafetería Galaxia, aunque sin conseguirlo, para, en el momento oportuno, obtener la destitución violenta del jefe accidental de la Academia Especial de la Policía Nacional, con cuyos efectivos pretendían contar para esos propósitos».Posteriormente, según el fiscal, llegaron a señalar la fecha del 17 de noviembre como más idónea para realizar sus propósitos, que no pudieron llevarse a efecto porque los jefes y oficiales contactados no brindaron su apoyo al plan.

Por su parte, los abogados defensores de los procesados, letrados José María Stampa Praun y Enrique Alonso Yagüe, negaron que hubiera habido acto preparatorio para rebelarse en armas, ya que la reunión de la cafetería Galaxia no pasó de ser una conversación legítima, en la que se expusieron diversas opiniones.

El señor Stampa Braun recordó que varios mandos que tuvieron conocimiento posterior de la reunión coincidieron en que los hechos no tenían entidad, en que era «un tema pueril» y «poco serio». Igualmente, políticos importantes hablaron públicamente de «pintoresca» operación, y el teniente general Vega la calificó de «tontería». La reunión, según el defensor, se redujo a cuestionar la posibilidad de un golpe de Estado al hilo de unas declaraciones de Gutiérrez Mellado, sin que en ningún momento se hiciera comentario alguno sobre organización, fechas, apoyos o posibles implicaciones.

El letrado Enrique Alonso atacó a una parte de la prensa, a la que acusó de manipular el tema y aun de inventarlo.

«En el caso de que el capitán Inestrillas», dijo, «hubiera cometido algún presunto delito, actuaba en cumplimiento de un deber, pues entonces estaba vigente la ley Orgánica del Estado, que confería al Ejército la defensa del orden institucional, y el único motivo de mi defendido fue el altruismo y el patriotismo».

Finalizó pidiendo la absolución de su defendido o, en todo caso, un correctivo de dos meses, ya que una condena como la solicitada por el fiscal le llevarla a perder más de un millón de pesetas en haberes no percibidos y a perder puestos en el escalafón.