Dos nuevos democristianos se incorporan al Gobierno

El señor Ortega y Díaz-Ambrona, nuevo ministro adjunto al presidente del Gobierno para la Coordinación Legislativa, desarrollará como ministro las funciones que hasta ahora realizaba como secretario de Estado para el Desarrollo Constitucional. José Luis Alvarez, portavoz del grupo de concejales en el Ayuntamiento de Madrid, sustituye a Salvador Sánchez Terán.

Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona se define a sí mismo políticamente como «democristiano dentro de un gran partido moderno». Hasta ahora desempeñaba el cargo de secretario de Estado para el Desarrollo Constitucional, después de cesar como subsecretario de Justicia con Landelino Lavilla, en mayo del pasado año. Sus comienzos políticos pasaron por el grupo Tácito, en 1973, desde donde ya empezó a propugnar la unidad de toda la democracia cristiana española, y por la Izquierda Democrática de Joaquín Ruiz-Giménez, hasta 1976. Después pasaría a convertirse en un hombre muy significado dentro del Partido Popular y del Centro Democrático, germen de lo que Adolfo Suárez, en vísperas de las primeras elecciones democráticas posfranquistas, convertiría en la coalición vencedora, UCD.Juan Antonio Ortega tiene 41 años. Es madrileño. Su familia proviene de Extremadura, está casado y tiene cinco hijos. Es licenciado en Derecho, con premio extraordinario. En la facultad fue delegado de los estudiantes.

El 12 de febrero de 1974, coincidiendo con la aparición en la escena política española del llamado «espíritu de febrero» de Carlos Arias Navarro, fue nombrado director técnico del Instituto de Estudios Administrativos (Presidencia del Gobierno).

Tras esta experiencia se convertiría en el primer firmante de la solicitud para legalizar el Partido Popular, desde cuyo partido inspiraría la formación de un bloque de fuerzas liberales, socialdemócratas y democristianas, denominado Centro Democrático (CD). En esta época definiría su pensamiento con claridad: «No creo en el centro-izquierda, creo en el centro».

Ya como subsecretario de Justicia, y muy identificado con el titular del departamento, Landelino Lavilla, se conseguirían, en 1977, avances sociales, como la despenalización del adulterio y los anticonceptivos. En aquellos días, Juan Antonio Ortega declararía que esta despenalización era «una cuestión de realismo que rompe con una hipocresía social», aunque se reafirmarla en su criterio de seguir considerando el aborto como delito.

José Luis Alvarez, ministro de Transportes

José Luis Alvarez Alvarez notario, casado y con cinco hijos, nacido en Madrid, en 1930, es un hombre al que el también democristiano Landelino Lavilla calificó en julio de 1979, como «no político, sin ambiciones de cargo, enemigo de intrigas o disimulos». El señor Alvarez es hoy uno de los políticos más definidos en UCD: antimarxista, propenso a una aproximación a Alianza Popular, de profundas convicciones religiosas y gran capacidad de trabajo. «Sólo los centristas trajeron la democracia a España», ha declarado en alguna ocasión José Luis Alvarez, quien fue miembro fundador del grupo Tácito y del Partido Popular, que posteriormente se integró en Unión de Centro Democrático. Álvarez, uno de lo políticos que más declararon a Hacienda, fue designado alcalde de Madrid en marzo de 1978.

Durante casi once meses, el señor Alvarez jugó la difícil papeleta de hacer las suficientes cosas dentro del ayuntamiento madrileño para poder presentar una ejecutoria ante su futuro electorado y, al tiempo, ofrecer una imagen democrática, no obstante haber aceptado ser el último alcalde designado de la capital de España. Pese a haber desplegado una actividad enorme y una inusitada cantidad de millones en su campaña electoral como candidato de UCD por Madrid y ser «el candidato que más votos ha obtenido en toda España», el pacto PSOE-PCE apartó a José Luis Alvarez de la alcaldía en favor de Enrique Tierno, candidato del PSOE.

Durante el año transcurrido desde las pasadas elecciones municipales, el señor Alvarez, líder indiscutido del grupo de concejales de UCD, ha capitaneado una postura fuertemente opositora al «pacto social-comunista», como suele denominar al pacto PSOE-PCE.