La Unión Profesional, un club muy privado

Durante las últimas semanas ha saltado a la luz pública una noticia que prácticamente ha pasado inadvertida: la constitución de una asociación privada de 12 personas, y a la que sólo podrán, pertenecer estatutariamente otras catorce o quince más. El hecho en sí no tendría mayor trascendencia si no fuera Porque tal entidad se denomina nada menos que Unión Profesional, y para ser socio de la misma es preciso ostentar la condición de presidente de un colegio profesional de ámbito nacional (de titulados superiores, por el momento) o de un consejo general de colegios. Y porque entre sus fines estatutarios se destacan «coordinar las actuaciones en temas de interés común de las profesiones tituladas representadas en la asociación, defender los valores característicos de aquellas profesiones y promover su perfeccionamiento ».La idea parece haber encontrado una general y casi instantánea aceptación por parte de la mayoría de los máximos representantes de los colegios profesionales, si bien existen imágenes muy dispares en las respectivas mentes de cada decano o presidente, como en el cuento del elefante y los ciegos. Quien firma este escrito se plantea al respecto una serie de interrogantes, para los cuales no se han encontrado aún respuestas satisfactorias en el ámbito puramente profesional, por lo que parece interesante meditarlas en público, dada su clara dimensión extracolegial.

Empecemos por la propia personalidad de la nueva organización. Una entidad con los fines apuntados es, de hecho, una federación de colegios profesionales. Sin embargo, se trata de realizar la filigrana legal de utilizar la ley de sociaciones Privadas para «coordínar» las actuaciones de varios entes de derecho público. ¿Por qué no se intenta crear abiertamente la Federación, cuyos miembros sean todos los profesionales? Si esto no es legalmente válido, ¿lo es el subterfugio de la llamada Unión Profesional?

Lo que es más preocupante: esta especie de club de decanos y presidentes de consejos superiores de colegios tendrían como socios únicos a 26 ó 27 personas, de entre los 300.000 profesionales que, para hacer buena la denominación de la entidad, deberían estar directamente integrados en ella. El proceso de acumulación de representatividad que se inicia en el profesional colegiado y culmina en el presidente de esa federación trucada, presenta una clara y, a mi modo de ver, peligrosa discontinuidad. Es la que se produce con el nacimiento de esa asociación, que se mueve en una esfera jurídica distinta (derecho privado) y además no cuenta con la presencia de los representados. Sin ánimo de prejuzgar, ni mucho menos ofender, a ninguno de los decanos o presidentes actuales o futuros parece, como mínimo, una imprudencia temeraria entregar a uno de esos 27 socios el frasquito con la qúintaesencia de la representatividad profesional, para que lo utilice según unas reglas de juego ajenas a la propia naturaleza de los colegios y sin tener que rendir cuentas a los propios representados. Hace falta ser un arcángel preconciliar para no dar importancia al tremendo peso específico que, en un momento dado, puedan cobrar las opiniones, sugerencias e incluso exigencias de quien presida esa Unión, si, desaprensivamente, las adorna con una leve alusión «a la representatividad que ostenta».

No estamos ya en tiempos de ostentar representatividades no emanadas desde la base con claridad y transparencia. Ni personalmente, ni como representante de una profesión, elegido por sufragio universal entre mis compañeros, puedo ser partidario de este tipo de «cefalocracias».

Poder fáctico

En el plano puramente político, las dudas se convierten en temores, y no precisamente de que se intente aprovechar esta entidad para decir a cientos de miles de profesionales cómo deben votar. Esto seria inoperante y hasta se volvería contra las intenciones del presunto manipulador. Lo preocupante es la impune facilidad con que los representantes de ese restringido club podrían ejercer una presión politica determinada, apoyándose en esa seudorrepresentatividad. Asociaciones de clase, como las empresariales y sindicales, caen a diário en el error de pisar el campo político. Si los representantes de una población multiclasista, como la que nos ocupa, incurrieran en el, mismo defecto, el daño para los propios colegios podría ser irreparable. En una palabra, es de-temer que la UP podría convertirse en un poder fáctico, cuya fuerza radicaría en la aparente suma de todos los profesionales españoles, pero cuyo manejo correría a cargo de una docena de personas y, en un momento dado, hasta de una sola. Sería como una trilateral profesional. Los políticos de oficio podrán aclararnos si este tipo de poderes tienen aún vigencia y razón de ser en España, y hasta qué punto son capaces de distorsionar el propio sistema democrático. Sobre todo, en unos momentos en los que se juega descaradamente con el pretendido desencanto de los ciudadanos.

Por otra parte, entre las razones más repetidas para justificar la existencia de esa UP destacan especialmente dos:

- Uniformar las sugerencias que los distintos colegios formularán en su momento para la elaboración de una nueva ley de Colegios Profesionales.

- Presentamos ante las Comunidades Europeas bajo una sola organización, para no incurrir en una situación de inferioridad respepto a los colegas de otros países.

Razones políticas

La primera de ellas es claramente política, además de ser intrínsecamente innecesaria, y hasta puede que contraproducente. Tratar de influir sobre el poder legislativo para adecuar el texto de una ley a las necesidades de un grupo al que va dedicada es lícito, pero no por una vía truncada y sin retroceso. Y si la mal llamada Unión Profesional nace con vocación legisladora, como parece, va a ser difícil encontrar un proyecto de ley que no afecte, de una u otra forma, a alguna de las profesiones pretendidamente representadas en esa entidad. ¿Va a convertirse la UP en una especie de grupo parlamentario paralelo? Yo creo que ni los colegios deben ser cauce para llegar al Parlamento ni los decanos hemos sido elegidos para esos menesteres. Lo contrario sería politizar los colegios, como antaño.

La segunda razón, de tipo internacional, es incomprensible. ¿En qué otros países europeos existe una entidad de este tipo? Según mis informaciones, en ninguno. Como además las negociaciones para la incorporación a las Comunidades Europeas se parcelan por sectores económicos y los problemas de cada uno (y, por tanto, de las profesiones involucradas) son tremendamente específicos y dispares entre sí, no se ve por ningún sitio la necesidad de un frente común de este estilo. Ni si quiera tendría interlocutor. Sí lo tienen las diversas profesiones por separado. Así, en el caso de ingenieros de telecomunicación, por ejemplo, el presidente de su asociación y decano del colegio ha sido admitido ya como miembro observador del comité de dirección de la Federación de Ingenieros de Tele comunicación de las Comunidades Económicas Europeas, y se ha creado una categoría especial de miembros asociados para los ingenieros de telecomunicación españoles, en espera de la incorporación de pleno derecho. A nivel de toda la ingeniería (incluyendo, por supuesto, a los titulados medios) existe la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros, donde la ingeniería es pañola está, por cierto, tan magníficamente representada que muy probablemente el próximo presidente de la misma sea un ingeniero español. Es, pues, en cada profesión donde se debe buscar el contacto internacional.

Para finalizar y resumir, entiendo que los colegios profesionales pueden cumplir perfectamente sus fines sin necesidad de superponerles estructura alguna y que, en todo caso, son los profesionales de todos los niveles quienes deben decidir, tras un debate claro y sin precipitaciones, su integración o no en una posible federación, si es que las leyes vigentes lo permiten. Mientras tanto, una asociación privada de decanos será lícita, pero si se denomina Unión Profesional lendrá un nombre engañoso.