Los ochos policías nacionales arrestados, suspendidos del ejercicio de sus funciones

Los ocho policías nacionales que permanecen arrestados desde el pasado día 18 por haber asistido a un acto público de la Unión Sindical de Policías (USP), han quedado suspendidos preventivamente del ejercicio de sus funciones mientras se les instruyen los correspondientes expedientes disciplinarios, lo que supone una merma notable de sus ingresos mensuales.Por este motivo, ha sido abierta en la Caja de Ahorros de Asturias una cuenta con el número 3.001.730.130 con la que se pretende ayudar a las familias de los arrestados, uno de los cuales tiene siete hijos. Con la suspensión del ejercicio de sus funciones, los policías nacionales pasan a percibir unas 2 1.000 pesetas al mes, según la USP.

En las alegaciones presentadas por uno de ellos a los cargos formulados contra él, afirma no haber solicitado de sus superiores la autorización para asistir al acto organizado por funcionarios del Cuerpo General de Policía por entender que tenla un carácter exclusivamente profesional y no tener conocimiento previo de la presencia de representantes de los partidos

Los policías acudieron a la reunión vestidos de paisano y libres de servicio. Medios de la USP han manifestado a EL PAIS que uno de los cargos formulados contra los ocho policías nacionales hace referencia a la asistencia a una reunión de tipo sindical a pesar de que los miembros de este cuerpo lo tienen prohibido.

El Partido Comunista de Asturias, (PCA) emitió ayer un comunicado en el que califica de «particularmente duras», las condiciones en que se ejerce el arresto: incomunicacíón total con los compañeros media hora de visita diaria y con un solo familiar, variación arbitraria del horario de comidas, demora en la comunicación del motivo del arresto y ausencia de información sobre la duración del mismo.

El PCA considera estas sanciones como un atentado contra la libertad sindical. El diputado comunista por Asturias, Horacio Fernández Inguanzo, presentó en el Congreso una interpelación al ministro del Interior en la que afirma que la aplicación de circulares preconstitucionales supone una grave violación de la Constitución.

Frente a la enérgica denuncia hecha al respecto por la USP, sindicato crítico a las actuales estructuras policiales, el Sindicato Profesional del Cuerpo Superior de Policia considerado oficialista, se limitó a solicitar de las autoridades policiales sin publicidad alguna, «un examen profundo e indulgente de las circunstancias concurrentes, rogándoles tengan en cuenta que con su postura no hacen sino provocar reacciones negativas que menoscaban la nueva imagen de la policía.