Acusaciones mutuas y posturas intransigentes de dirección y trabajadores en el conflicto hostelero de Barajas
Más de un mes permanecen sin servicio hostelero las instalaciones del aeropuerto madrileño de Barajas, por el que diariamente pasan más de treinta mil viajeros que, junto con las casi quince mil personas que allí trabajan, son los primeros afectados por la falta de un servicio en muchas ocasiones imprescindible. El conflicto que se iniciara por, un ligero incidente laboral se ha transformado en una larga huelga tras la que se ocultan otros intereses ajenos al origen de la misma. Mientras tanto, ante la falta de solución, la central que desde un principio más impulsó la huelga, Comisiones Obreras, amenaza con extender el conflicto al sector de hostelería de Madrid.
El pasado 22 de febrero, a las cuatro y media de la tarde, los trabajadores hosteleros del aeropuerto de Barajas, cuya concesión de explotación ostenta la sociedad Hotel Alameda, decidieron, en asamblea, dejar de prestar servicios. El detonante de la situación de paro había sido el despido de tres trabajadores por negarse a recoger un suministro de bombonas de butano cuyo reparto impedía una huelga que los trabajadores de Butano, S. A., protagonizaban en aquellas fechas en Madrid. El detonante de la situación se había acumulado desde el pasado día 1 de enero de 1979, en que Hotel Alameda se había hecho cargo de la explotación de los servicios hosteleros. La reivindicación de ciertas cantidades de dinero que la concesionaria anterior ofrecía a su plantilla fuera de nómina fue el primer choque entre la nueva empresa y los trabajadores, la noticia de que se estaba estudiando un expediente de regulación de empleo por el que se prescindiría de medio centenar, aproximadamente, de los 584 trabajadores se convirtió en el golpe definitivo.Los trabajadores sostienen que, ante la posibilidad de una regulación de empleo, pensaron en convertirse en cooperativa para defender sus puestos de trabajo. La dirección de la empresa mantiene que la idea cooperativista desencadenó, antes de que se planteara el referido expediente, un movimiento tendente a forzar la ruptura del contrato de concesión que la sociedad tiene firmado hasta el primero de enero de 1983.
Durante todo el año 1979 la empresa y los trabajadores mantienen distintas reuniones para solucionar problemas salariales que les enfrentan y propiciar, según la dirección de la sociedad, un desarrollo del trabajo que corte de raíz los indicios de irresponsabilidad laboral en el ingreso de importes por servicios satisfechos. Para ello, la dirección de la empresa instala, en mayo, cajas únicas de recaudación, instalación que, según insiste la parte laboral, se había solicitado en repetidas ocasiones.
El conflicto se inicia el 22 de febrero del presente año, cuando la dirección comercial da la orden al jefe del servicio técnico de trasladarse a Butano para recoger bombonas, ya que por aquellas fechas el servicio de reparto se encontraba en huelga. Se produce la negativa de tres trabajadores, ante lo cual la empresa decide su despido y la sanción de quince días de trabajo y sueldo para el responsable del servicio. El comité de empresa actúa de forma inmediata. Los trabajadores cesan en su trabajo mientras sus representantes negocian con la dirección la retirada de los despidos. Al no existir acuerdo, la plantilla decide, en asamblea, abandonar el servicio, aun manteniendo la presencia física en el mismo.
El día siguiente, domingo, la empresa comunica el despido de todo el comité y comienza a remitir cartas de despido hasta un total de 49. La reacción de la parte social se apuntala en su actitud de paro.
El día 25 de febrero, lunes, se produce el cierre patronal. Hasta entonces los trabajadores mantienen en servicio un retén que atiende casos urgentes, o los que consideran muy especiales, léase una madre con un hijo en período lactante. A partir de este momento, y hasta la fecha, esa urgencia se deja también de cubrir.
El 28 del mismo mes, jueves, se produce el primer encuentro entre las partes y el delegado de Trabajo, que propone la vuelta al trabajo de todos los empleados a excepción de los tres primeros despedidos. cuyo caso pasaría a una valoración posterior de la Delegación de Trabajo. La dirección de la empresa responde, al día siguiente, con un rotundo no a esta proposición y, a su vez, anuncia su deseo de negociación con los trabajadores si se reincorporan a sus puestos, todos excepto los 49 que han sido despedidos (los casos de los tres primeros despedidos, que hacen un total de 52, pasarían ala jurisdicción laboral ordinaria). La parte social, ante esta propuesta se manifiesta a su vez, con un rotundo no. Para los trabajadores, que aceptan las condiciones del delegado de Trabajo, es inadmisible la postura de la empresa,
El sábado día 30 la Dirección de Trabajo remite una orden a la empresa de reapertura de las instalaciones. Hotel Alameda procede en consecuencia, pero los trabajadores no acuden al trabajo. Cuatro horas después, según fuentes de la parte social, la dirección comunica a su vez a la Delegación de Trabajo el nuevo cierre patronal. En este instante se corta todo tipo de conversación entre las partes. Los trabajadores acuden al Ministerio de Trabajo y a la Subsecretaría de Aviación Civil para buscar soluciones al conflicto; hacen manifestaciones y promueven una concentración, ante los ministerios de Transportes y Trabajo. Pero no se vuelve al trabajo.
Acusaciones mutuas
Los trabajadores mantienen que la empresa es rentable y que el beneficio del pasado año ascendió a 37 millones de pesetas. Y acusan a la dirección de la empresa de una deficiente gestión que desvía los recursos que facilitan los servicios hosteleros de Barajas hacia otros destinos cuyo capital está suscrito por las mismas personas jurídicas.
Los capítulos más importantes de la explotación hostelera del aeropuerto de Barajas son, según fuentes de los trabajadores, los siguientes: facturación del año 1979, 651 millones de pesetas; gastos de compra, 214; gastos generales, 21,5 millones, y gastos de nómina, 366 millones de pesetas.
En fuentes de la dirección, los datos facilitados sobre la marcha económica de la empresa varían sustancialmente. La facturación ascendería a 780 millones de pesetas (cifra que, según las mismas
Acusaciones mutuas y posturas intransigentes de dirección y trabajadores en el conflicto hostelero de Barajas
fuentes, era cien millones más baja en el pasado mes de febrero); los gastos de nómina importarían 456 millones ( 156 de los cuales tienen el concepto de antigüedad de la plantilla); la inversión alcanzaría los veinte millones, aproximadamente, y las pérdidas sumarían 46 millones de pesetas.A estas cifras hay que añadir los doce millones de pesetas que paga de canon la empresa por la concesión anual de la explotación de los servicios y un déficit encubierto de otro millón en el suministro de menús para el personal de la Subsecretaría de Aviación Civil (el contrato estipula un precio de 60 pesetas el cubierto).
La empresa sostiene que en los resultados de su ejercicio han in fluido de forma negativa el comportamiento del tráfico aéreo, que en sus estimaciones descendió en el aeropuerto de Madrid con respecto al año anterior, y los filtros que por razones de seguridad se realizan en las instalaciones y producen una disminución del número de posibles consumidores en algunos puntos de venta.
Ninguna de las partes tiene, en la actualidad, solución al conflicto. La dirección de la empresa mantiene su postura de negociar con los trabajadores una vez que entren al trabajo, todos menos los 49 despedidos. En el paquete negociador podría ir incluido, entre otros puntos, el tema del expediente de regulación de empleo y, en primer término, la readmisión de despedidos.
Los trabajadores permanecen firmes en su idea de negociar con todos -incluso los despedidos- en sus puestos de trabajo las posibles sanciones que corresponderían a cada uno.
En el desarrollo del paro, iniciado sin ningún tipo de solicitud oficial de huelga ni preaviso, la dirección de la empresa tiene en sus manos la posibilidad de despedir a la plantilla de trabajadores sin necesidad de formalizar un expediente previo.
La falta de servicio, por otra parte, comienza a preocupar de forma seria, según diversas fuentes, a otros estamentos de la Administración del Estado, además de los miles de transeúntes que utilizan el aeropuerto y los trabajadores que tienen sus centros de producción en aquel emplazamiento.
En la actualidad, y mientras se suceden sin avenencia los actos de conciliación en el Ministerio de Trabajo entre despedidos y empresa, el conflicto no parece encontrar solución. La empresa está dispuesta a aguantar lo que sea necesario, con el objetivo de, una vez normalizada la situación laboral, recuperar parte de las pérdidas registradas hasta ahora.
Los trabajadores, por su parte, reiteran su intención de negociar para lograr un acuerdo que les permita reintegrarse a sus puestos. En cualquier caso, la larga duración del conflicto, y al margen de sus connotaciones sociales, confiere a esta huelga un carácter especial, por cuanto está poniendo a prueba la capacidad de aguante de un colectivo de casi seiscientas familias que durante un mes no van a tener ingreso económico alguno a causa del paro.
En este contexto, Comisiones Obreras, sindicato que aparece más vinculado al conflicto desde su origen -medios laborales señalan que la central comunista pudo tener en un principio intereses en lanzar este conflicto para que sirviera de testigo en la huelga que en aquellas fechas tenía convocada este sindicato por la negociación del convenio del sector-, amenaza con extender éste al resto del sector. No obstante, los referidos medios consideran poco probable el éxito de solidaridad de esta estrategia, sobre todo a la vista de la nula respuesta obtenida por CC.OO en su llamamiento al paro por motivos económicos, como eran los de la negociación del convenio.
