Alcaldes y concejales, partidarios de una autonomía uniprovincial para León

La autonomía de León corre el riesgo de basarse en criterios de rechazo hacia el resto de las regiones y en argumentos de carácter fundamentalmente económico, según una encuesta elaborada por la Diputación entre los 215 ayuntamientos de la provincia y entregada recientemente a los partidos políticos como «documento de trabajo».De acuerdo con los resultados de la encuesta, la mayor parte de los casi dos mil concejales y alcaldes de la provincia consideran que las autonomías disminuyen la solidaridad entre las regiones, desconfían de que las provincias vecinas puedan alzarse con la capitalidad de un futuro ente autonómico, reclaman consecuentemente autonomía para León sólo y un mismo grado de autogobierno para todas las regiones del país.

Dan prioridad a los intereses económicos sobre los estrictamente culturales o históricos en la elección entre las distintas opciones que se ofrecen a la provincia y tienen prisa por embarcarse en el carro de la descentralización política y administrativa, para no quedar en situación de inferioridad respecto a las «nacionalidades históricas».

La encuesta, dirigida a los ayuntamientos y a otras 93 «instituciones representativas » de la provincia, fue descalificada en su día por los partidos de izquierda, que acusaron a UCD de «prefabricar» los resultados de cara a la constitución de un ente autonómico uniprovincial frente al PSOE y PCE, que abogaban en aquellas fechas por la integración en Castilla.

Según estos últimos, el control de UCD sobre los ayuntamientos rurales y la propia diputación determinaban de antemano los resultados de la consulta, en la que las respuestas de los pequeños ayuntamientos quedaban equiparadas a las de las zonas urbanas, de mayor implantación de la izquierda. Paralelamente se advertía sobre una «formulación tendenciosa delas preguntas» -veinte en total-, en las que se incluían una serie de opciones no válidas para desviar la elección de los encuestados hacia las propuestas autonómicas del partido gubernamental.

A pesar de estas acusaciones, la encuesta resulta altamente indicafiva de las actitudes autonómicas dominantes en la provincia, donde todavía el 45 % de la población depende de la agricultura y la ganadería, con una media de habitantes por ayuntamiento inferior a las 2.500 personas, incluida la capital.

Este hecho es destacado ampliamente en el preámbulo del informe, donde, tras recordar que la regionalización de la vida política y económica ha constituido un fenómeno generalizado en todo el mundo occidental durante los últimos 35 años y, en particular, durante la pasada década, se señala también que, «cuando un pueblo carece de conciencia propia, bien porque su historia y cultura se hayan fundido en el espíritu nacional y no le pertenezcan en exclusiva, bien porque su situación de subdesarrollo económico le hayan hundido en la pasividad y dependencia, el regionalismo se presenta a este pueblo como un atentado a su cultura, que es la misma nacional, y a su personalidad, que está fundada en la unidad del país».

Asimismo, la encuesta señala que más de un 34% de los concejales consultados consideran que las autonomías disminuyen la solidaridad entre las regiones, frente a sólo un 27% que opinan lo contrario, un 11 % lo cree indiferente y un 28% que prefiere no contestar. Todo ello permite afirmar que «la actitud compartida por el porcentaje más alto de los concejales, aunque no llegue a ser mayoría absoluta, considera a las autonomías como un mal menor que habrá que aceptar porque todos lo hacen, pero que nunca hubiese sido considerado como un objetivo prioritario si otras regiones no lo hubiesen reivindicado para sí y para las demás regiones».