Consejeros de la Caja de Ahorros rechazan el dictamen sobre el "asunto FASA"

Los cuatro miembros del consejo de administración de la Caja de Ahorros de Navarra que ocupan sus puestos en representación de los trabajadores han difundido una nota en la que aseguran que la mencionada entidad de ahorro no tiene obligación alguna de reintegrar a la Diputación Foral de Navarra los 62 millones que ésta había adelantado a FASA, y cuya devolución fue exigida por la Corporación foral el pasado viernes, siguiendo un dictamen elaborado por el Tribunal Administrativo de Navarra.

Los consejeros laborales afirman que están dispuestos a defender los intereses de la Caja de Ahorros de Navarra, «sin dejarse arrastrar de ningún modo por aspectos o consecuencias políticas, que pueda conllevar esta delicada cuestión».Por indicación del Tribunal Administrativo de Navarra, considerado como el tribunal de más alta representación dentro de los organismos forales, la Diputación había acordado, el pasado viernes, dirigirse a la Caja de Ahorros Provincial para exigir a esta entidad la devolución de 62 millones de pesetas, que habían sido adelantados a FASA para ayuda de su tesorería y que fueron empleados para cancelar los créditos de esta empresa con la mencionada entidad de ahorro.

Cuando todavía no se ha reunido el consejo de administración de la Caja de Ahorros de Navarra (CAN), cuatro consejeros laborales de la entidad, que participan en las sesiones con voz, pero sin voto, manifestaron ayer, a través de una nota, su postura contraria al dictamen del Tribunal Administrativo de Navarra, por entender que no ha existido título jurídico del que dimane el acuerdo del Tribunal, ya que no ha habido contrato alguno entre la CAN y la Diputación Foral de Navarra. De esta forma, los cuatro consejeros laborales entienden que la CAN no ha obtenido enriquecimiento sin causa, como afirmaba el Tribunal Administrativo de Navarra, ni tampoco ha existido pago indebido.

Según se indica en la nota, el informe redactado por los vocales del Tribunal Administrativo de Navarra «ha producido malestar en el personal de la CAN.

Incluso la calificación de «prudente» de la actuación de la Diputación parece querer acusar dialécticamente de abusiva la actuación de la CAN, cuando lo que ocurre es que dicho acuerdo omite las más elementales cautelas para la recuperación de lo que se adelantarse a FASA. En consecuencia, los consejeros laborales de la CAN maniflestan que están dispuestos a defender los intereses patrimoniales de la entidad y de sus clientes, sin dejarse arrastrar por las motivaciones políticas del tema.