La planta nuclear de Juzbado podría ser autorizada en breve plazo

La posibilidad de que el Ayuntamiento de Ledesma (Salamanca) absorba el término municipal de Juzbado, donde la Empresa Nacional de Uranio, SA (ENUSA), proyecta construir una fábrica de elementos combustibles de uranio, puede resolver el problema que plantea la negativa de los vecinos de este pueblo a que se conceda la licencia municipal de obras ahora solicitada por la empresa.Por otra parte, tras la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de dicha solicitud, se ha vuelto a especular con la posible instalación de una planta de tratamiento de combustible de uranio irradiado, junto a la otra factoría, en los mismos terrenos que ENUSA posee en Juzbado. Los recientes debates en el Congreso, los cometidos asignados a la empresa y las características de sus propiedades en la provincia de Salamanca sustentan este temor.

Durante el pasado mes de septiembre los doscientos habitantes de Juzbado mayores de dieciocho años se opusieron, en un referéndum celebrado en la locafidad, a la instalación de la fábrica.

Sin embargo, los vecinos se sienten acorralados. «Muchos pueblos no queremos la fábrica, pero otros sí, los que son de UCD. Algún día contaremos las presiones a que estamos sometidos», ha manifestado a EL PAIS el alcalde de Juzbado, al que acompañaban otras personas del pueblo. El Ayuntamiento de esta localidad lo integran cinco concejales independientes, «porque con este problema no queríamos tener que obedecer a nadie».

La intención del Ayuntamiento de Ledesma, un pueblo que dista once kilómetros de Juzbado y en cuya Corporación municipal UCD tiene mayoría absoluta, de solicitar. la anexión del término municipal de la localidad próxima, podría evitar difícultades. Esta posibilidad plantea a los vecinos de Juzbado un grave dilema: la anexión facilitaría los permisos necesarios, la fábrica se instalaría en el mismo lugar, pero los beneficios fliscales irían a parar a Ledesma.

Los vecinos de Juzbado, un pueblo sin asfalto y sin paro, viven de la agricultura y la ganadería, de sus propias tierras y sus pocas cabezas de ganado. Su Ayuntamiento, junto a otros cercanos, entre los que estaba el de Salamanca, así como distintas personas y organizaciones, recurrieron ante la Delegación de Industria contra el proyecto de ENUSA.

La Diputación Provincial, por su parte, decidió exigir, a cambio, la instalación de la fábrica, la promoción económica de la provincia, la inversión de 3.500 millones de pesetas -los mismos que se invertirían en la factoría- a cargo del Instituto Nacional de Industria en el plazo de tres años, la ordenación de la comarca de Ledesma y la inclusión de la fábrica en el canon de compensación energética.

Aunque la oposición a la posible instalación de una fábrica de reprocesamiento en Juzbado fue absoluta, incluso por parte de aquellos organismos que se mostraron favorables a la factoría de elementos combustibles, algunos miembros de la junta antinuclear de Salamanca han vuelto a reiterar su temor de que aquélla se lleve a cabo.

La extensión de los terrenos propiedad de ENUSA en Juzbado -casi quinientas hectáreas, pese a que la fábrica de combustibles nucleares apenas precisa unas veinte-; el almacenamiento en Saelices el Chico (Salamanca), donde se encuentran las más importantes minas de uranio de ENUSA, de contenedores con setecientas toneladas de hexafluoruro de uranio empobrecido procedentes de Rusia -según los propios responsables-; la misión encomendada a la empresa en el BOE de 14 de enero, de «acometer y desarrollar las actividades relacionadas con el tratamiento de combustibles nucleares irradiados» -hecho que fue descartado por los mismos directivos de ENUSA hace algunos meses en Salamanca-, han vuelto a alimentar recelos y temores en algunos sectores de la población salmantina.