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Procesados los implicados en el asesinato de Yolanda González

Los componentes del Comando 41, la mayor parte de ellos pertenecientes a Fuerza Nueva, que planificaron y llevaron a cabo el asesinato de la joven estudiante Yolanda González, militante del pequeño Partido Socialista de los Trabajadores (PST), en la noche del sábado, día 1 de febrero, en las proximidades de la localidad de San Martín de Valdeiglesias, cerca de Madrid, han sido procesados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, adscrito a la Audiencia Nacional, Ricardo Varón Cobos.

El auto de procesamiento ha sido dictado contra Emilio Hellín e Ignacio Abad, presuntos autores materiales del asesinato; contra Félix Pérez Ajero y Ricardo Prieto Díaz, actualmente huidos y en paradero desconocido, quienes tuvieron a su cargo la vigilancia exterior del domicilio de Yolanda González, y contra Juan Carlos Roda Crespo, policía nacional, que colaboró con los anteriores en la tarea de vigilancia exterior, pero que, arrepentido posteriormente, informó a sus superiores de lo sucedido.La autoridad judicial no ha adoptado ninguna medida contra el jefe de seguridad de Fuerza Nueva, David Martínez Loza, quien fue presentado por el ministro del Interior, Antonio Ibáñez Freire, en su intervención ante la Comisión de Interior del Congreso, celebrada el pasado 21 de febrero, como la persona que dio la orden de interrogar a Yolanda Martínez. Según parece, David Martínez Loza, quien se presentó al juez el pasado día 26 de febrero, ha dejado de estar a disposición de la autoridad judicial y se encuentra completamente libre sin obligación alguna ante el juez. Emilio Hellín e Ignacio Abad señalaron a Martínez Loza como la persona que les ordenó ir a casa de Yolanda para interrogarla como supuesto enlace de ETA.

Estos datos fueron aportados ayer durante una conferencia de prensa celebrada en la sede del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), en la que participaron el abogado José Mariano Benítez de Lugo, personado en el sumario en representación de los intereses de los familiares de Yolanda González; el abogado José María Mohedano, que dirige la acción popular ejercitada ayer mismo por el Partido Socialista de los Trabajadores; Enrique Curiel, secretario del Grupo parlamentario Comunista, y Juan Barranco, diputado socialista por Madrid. También estuvieron presentes representantes de UGT y de CCOO y de las coordinadoras de estudiantes de universidad y de enseñanza media.

Los señores Benítez de Lugo y Mohedano informaron de los aspectos judiciales del caso, mientras que los señores Curiel y Barranco dieron cuenta de las gestiones realizadas por los Grupos parlamentarios Comunista y Socialista para obtener la más amplia información del Gobierno sobre el grupo que dio muerte a Yolanda González y sobre las posibles complicidades del mismo. El objetivo de la conferencia de prensa, según manifestó un dirigente del PST, era «informar a la opinión pública sobre el desarrollo de las investigaciones del asesinato de Yolanda González y de las dificultades encontradas ».

El señor Benítez de Lugo manifestó que las diligencias judiciales primeras fueron efectuadas por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, pasando posteriormente el asunto al Juzgado Central de Instrucción número 1, de la Audiencia Nacional. El titular de este último juzgado declaró secretas para el representante legal de la familia las diligencias judiciales, entre ellas el interrogatorio de David Martínez Loza y el careo entre éste y los restantes detenidos. Según parece, estuvieron presentes en dichos careos los abogados señores Muñoz Perea y Quintana Aparicio, defensores de los ahora procesados. El secreto sumarial fue levantado ayer para el representante legal de la familia de Yolanda González, quien pudo ver el sumario y leer, el auto de procesamiento.

En la conferencia de prensa se resaltó con especial interés el hecho de que David Martínez Loza, presunto máximo inductor de la operación contra Yolanda González, permaneciese oculto mientras duraron las investigaciones policiales realizadas por la Brigada Regional de Información, dependiente del jefe superior de Policía de Madrid, Francisco de Asís Pastor, y sólo apareciese cuando estas investigaciones estaban ya cerradas, y en el momento en que el asunto había pasado a la autoridad judicial. En relación con Martínez Loza, el representante legal de la familia de Yolanda González anunció que solicitará su procesamiento, por entender que existen indicios de criminalidad en la actuación del jefe de seguridad de Fuerza Nueva.

Por su parte, el abogado José María Mohedano manifestó que había presentado querella en ejercicio de la acción pública, en representación del Partido Socialista de los Trabajadores, si bien todavía el juez no había fijado la cuantía de la fianza exigida por la ley. Según parece, dicha fianza no sobrepasará la cifra de 50.000 pesetas.

Enrique Curiel informó que el Grupo parlamentario Comunista había elevado una pregunta al Gobierno para que éste informase sobre la posible conexión de Emilio Hellín, uno de los presuntos asesinos de Yolanda González, con un miembro de la Brigada Especial Operativa, que dirige el comisario Ballesteros. Por otra parte, manifestó que su grupo esperaba respuesta a un telegrama enviado al ministro de Justicia, a raíz de no adoptarse ninguna medida judicial contra David Martínez Loza, pidiendo que se pusiese en conocimiento de la Fiscalía General del Estado la situación creada por las imputaciones hechas al jefe de seguridad de Fuerza Nueva por el ministro del Interior y la posterior actuación judicial, en relación con la misma persona. En caso de que no haya respuesta, el Grupo Comunista interpelará al ministro de Justicia sobre este punto.

El diputado socialista Juan Barranco, finalmente, informó sobre la actuación parlamentaria de su grupo en tomo al caso del asesinato de Yolanda González. Manifestó que su grupo había planteado, el pasado 14 de febrero, varias preguntas al ministro del Interior, que deberán obtener respuesta en la próxima reunión de la Comisión de Interior del Congreso. Estas preguntas son las siguientes: «¿Cómo los autores de la muerte de Yolanda González obtuvieron en el mercado las armas y los aparatos electrónicos que poseían? ¿Con qué organizaciones, incluso extranjeras, aparte de Fuerza Nueva y FE de las JONS, tenían relaciones los implicados? ¿Qué información tiene el Gobierno sobre el denominado Batallón Vasco Español?» El señor Barranco manifestó que el PSOE tiene más datos que los conocidos sobre el asesinato de Yolanda González, «Cuyas raíces de fondo no han sido explicadas todavía por el Gobierno. Este asunto », precisó el diputado socialista, «se achaca en su superficie a elementos de la extrema derecha, pero va más allá y se relaciona con instituciones del Estado».

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de marzo de 1980

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