Final jurídico de la "crisis de enero"

LA SALA Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia sobre la matanza de los abogados laboralistas de la calle de Atocha. La detención de los autores materiales de aquel crimen, en un eficaz trabajo policial de los hombres del comisario Federico Pastor; la instrucción del sumario (pese a sus dificultades y dilaciones), la vista de¡ juicio y las sentencias reflejan, en su conjunto, saludables indicios de que nuestro proceso democrático se ve progresivamente consolidado y que penetra en otras instituciones del tejido social, amén de la parlamentaria.Con el «juicio de Atocha» se cierra judicialmente la puerta de la historia sobre aquella crisis de enero de 1977, que pudo haber dado al traste con todo el complicado trabajo de ingeniería política de la transición democrática. Aquella semana de enero, el grupúsculo fascista ahora condenado perpetraba la matanza del bufete laboralista del PCE, en tanto, con sólo horas de diferencia, los GRAPO (ese iceberg terrorista) procedían al secuestro del teniente general Villaescusa, cuando ya tenían secuestrado. al entonces presidente del Consejo de Estado, señor Oriol. Sentenciados el pasado mes de mayo los secuestradores de Villaescusa (el secuestro de Oriol fue contemplado por la amnistía), puede decir se que quedan saldados judicialmente aquellos siete días de enero.

En aquellas fechas se conjuraron los intereses del terrorismo fascista con los de otras organizaciones totalitarias que creyeron tener en las manos su oportunidad de paralizar un proceso electoral golpeando, desde sobre un partido comunista aún ¡legal, hasta sobre el Ejército, pasando por la figura de un Oriol, destacado representante del establecimiento político y económico, que había accedido a la ruptura política desde el poder. Si hubo un momento en que la transición democrática pudo paralizarse fue aquél. Y aquella crisis encontró soluciones gracias a la templanza popular y al sentido de responsabilidad de las fuerzas políticas e instituciones simbólicamente agredidas entonces.

Así, es obligado ahora un elogio a la independencia y valor jurídico, y hasta personal, de los miembros de un tribunal. que han sabido dictar justicia y llevar a buen puerto un proceso dificil, como el de Atocha, digiriendo, desde los excesos verbales de una defensa empeñada en mal politizar el juicio, hasta algunas alusiones a los tribunales, que rozaron el desacato, Y con un público decidido, desde la segunda vista, a impedir el trabajo de los jueces, llegando a la apoteosis final de cánticos y gritos de significación fascista.

A este respecto, no se puede ocultar la acción partidista de uno de los jefes de la fuerza pública, que controlaba el acceso del público a la sala y que prácticamente monopolizó la entrada en beneficio de los amigos políticos o personales de los acusados. Tuvo, finalmente, que ser relevado de su mando., La acusación particular actuó irreprochablemente (acaso su papel haya quedado destacado por lo deslavazado e inconcreto de la defensa), en una línea insistente de condena de la muerte como opción política o jurídica y de argumentación en torito a los valores éticos de convivencia, de respeto a la vida y de justo y ejemplificador castigo para los grupos asesinos que atentan contra la democracia.

La argumentación, intrínsecamente falsa, esgrimida por los amigos políticos de los condenados, o por sus defensores, de que no se castiga con el mismo rasero legal el terrorismo de derechas que el de izquierdas no se sostiene, desde el momento en que la misma Sala de lo .Penal que acaba de dictar sentencia en el caso de Atocha ha dictado otras varias en los dos últimos años, y no precisamente clementes, contra terroristas de los GRAPO o de la ETA.

Este ha sido, en suma, el primer proceso contra un grupo fascista con propósitos criminales de amedrentación política. Juicio que cobra doble significado cuando grupos del mismo corte continúan su acción terrorista: el reciente asesinato de la joven Yolanda González es prueba de ello. Y el Gobierno y las instituciones del Estado deben ser consecuentes con la necesidad de continuar e incrementar esa lucha contra las bandas fascistas, que constituyen un serio peligro para la estabilidad democrática del país.