Los socialistas votarán en contra del proyecto de ley

Tras la intervención del ministro de Educación, se pasó a la defensa de las enmiendas a la totalidad al proyecto. Las dos enmiendas a la totalidad, que fueron rechazadas, fueron presentadas por los grupos Socialistas del Congreso y de Cataluña. El proyecto de ley desarrolla el artículo 27 de la Constitución, en torno al cual se inició en 1978 el consenso entre la izquierda y UCD sobre la Constitución. Según manifestó ayer el diputado del Grupo Mixto Hipólito Gómez de las Roces, enemigo de aquel pacto en su día, el consenso constitucional en materia educativa fue más aparente que real, «como se comprueba con el disenso de ahora, que pone de manifiesto que aquél, como otros problemas, más que resolverlos lo que hizo la Constitución fue aplazarlos».Ataque socialista

En defensa de la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista del Congreso intervino el diputado Manuel Gracia, secretario general de la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT). Reprochó al Ministerio de Educación haber utilizado medios estatales en la campaña propagandística en favor del modelo educativo de UCD.

Anunció que esta será la primera ley orgánica que los socialistas votarán en contra, con el pleno convencimiento de defender no los intereses del electorado socialista, sino «los intereses de la convivencia democrática en el pleno respeto a la Constitución». Negó que sólo los marxistas y totalitarios estén contra el Estatuto de Centros y adujo el testimonio de muchas asociaciones de padres, e incluso de sindicatos próximos a UCD. Asimismo, afirmó que los socialistas están a favor de la libertad de enseñanza, siempre que ésta no se reduzca a la libertad de empresa.

Recordó la situación insatisfactoria de escolarización que padece nuestro país, ante la que no es económicamente racional dedicar el dinero público a los centros privados. Se preguntó cómo era posible separar la intervención de la comunidad escolar en el control y gestión de los centros de los requisitos para la ayuda a los mismos, o cómo se puede regular la libertad de acción de centros sin regular a la vez la programación regular de la enseñanza. Seguidamente criticó con dureza él reconocimiento que el Estatuto hace a los propietarios de los centros privados del derecho a establecer un «ideario educativo y propio». Respecto a la afirmación que había hecho el ministro de Educación sobre la posibilidad de que el ideario pueda ser elaborado por los padres, el diputado socialista preguntó que dónde se reconoce en esta ley ese derecho.

Manuel Gracia fundamentó también la enritienda a la totalidad de su grupo en el desconocimiento que el Estatuto hace de los centros privados sostenidos con fondos públicos, al establecer sólo dos tipos de centros: los públicos y los privados. Consideró que la existencia de aquéllos implica, en definitiva, «poner en manos de particulares un poderoso instrumento, que puede ser utilizado en beneficio de la comunidad y de los principios de pluralismo, convivencia y tolerancia o, por el contrario, puede servir intereses particulares de adoctrinamiento, decapitación de las conciencias y, por ello, de la intolerancia y de la incomprensión». Frente al Estatuto, ofreció la alternativa socialista, fundamentada en un correcto desarrollo del artículo 27 de la Constitución, sin ceder, como ha hecho UCD, a las presiones que, desde dentro y desde fuera, ha recibido, asumiendo corno propios los intereses de grupos, instituciones y personas, que pretenden utilizar la escuela como un elemento más en el conjunto de su acción proselitista en la sociedad». Por último, calificó de inconstitucional el Estatuto en su redacción actual y anunció la presentación del oportuno recurso ante el Tribunal Constitucional.

UCD responde

Por UCD contestó el diputado José García Pérez, vicepresidente del Consejo Nacional de Educación. Aseguró que las campañas han sido hechas desde todos los ángulos. Frente a los calificativos de anticonstitucional y regresivo aplicados por los socialistas al Estatuto, el diputado centrista dijo que «flaco servicio se hace a la libertad cuando se intenta acallar una de ellas, la libertad de enseñanza». Elogió la virtud clarificadora de las posturas políticas que había impulsado el proyecto de ley, y aseguró que la pedagogía y la enseñanza no pueden ser neutras. Redujo el problema a la alternativa de la izquierda en favor de la escuela pública y laica.

Negó que los centros subvencionados sean públicos, y defendió para ellos su carácter privado, aunque con el control de los padres, profesores y, en su caso, alumnos que se establece en el Estatuto. Defendió el nombramiento del director por la Administración como normal en el mundo libre. Respecto al ideario declaró que no hay libertad «sin derecho a escoger el tipo de educación y no hay tipo de educación si no se conoce previamente». Calificó de malicioso decir que el ideario que se defiende es sólo el católico, cuando el Estatuto permite la creación de colegios laicos. Negó también que el proyecto de ley no respete el espíritu ni la letra de la Constitución.

Por los Socialistas de Cataluña, Luis Puig defendió la enmienda a la totalidad de su grupo, insistiendo en el sentido empresarial y autoritario de los colegios diseñados por el Estatuto. Atacó los privilegios que concede a los patronos, que, con el dinero de todos los españoles, podrán montar colegios de los que podrán despedir a los profesores que no coincidan con su ideario. Lamentó que un partido catalán, Convergencia i Unió, estuviera a favor del Estatuto.

Contestó a esta intervención, por el Grupo Mixto, Hipólito Gómez de las Roces, quien aseguró que no hay colegios sin ideario, sino «centros con ideario conocido y centros con ideario encubierto o clandestino». Añadió que con dinero público se financian también otras empresas no aceptadas por la mayoría de los españoles, entre ellas los partidos políticos.

Antes de la votación intervinieron los grupos que no habían participado en el debate y que solicitaron la palabra. Comenzó, por el Grupo Andalucista, Emilio Pérez Ruiz, quien expresó el apoyo a las enmiendas socialistas, especialmente a la posición expresada por Luis Gómez Llorente en la Comisión de Educación. Defendió el derecho a que existan centros privados, pero no con dinero público, y consideró un sarcasmo para los parados andaluces la libertad de creación de escuelas.

Por la Minoría Catalana, María Rubies suscitó risas en la izquierda del hemiciclo cuando justificó el apoyo de su grupo al Estatuto en su defensa de la escuela municipal pública frente a la estatal. Para ello se apoyó en el ejemplo de su maestro Ramón Fuster, por lo que más tarde fue replicada por la diputada comunista catalana Eulalia Vintró, también discípula de Fuster. La señora Vintró dijo que el maestro común era partidario de la escuela estatal, aunque por las circunstancias creadas por el franquismo se vio obligado a crear una escuela privada.

La única deficiencia que detectó la señora Rubies en el Estatuto fue la falta de apoyo económico a la educación preescolar. Lamentó que en el momento de su intervención no se encontrara presente el vicepresidente segundo, Fernando Abril, para que resolviera el problema.

Tras otra intervención en apoyo del Estatuto, a cargo de Juan Luis de la Vallina, por Coalición Democrática, intervino Eulalia Vintró, quien calificó irónicamente el proyecto de ley de maravilloso, y recordó que fue elaborado antes de la Constitución, y que, a pesar de los compromisos adquiridos por el Gobierno en los pactos de la Moncloa y de las promesas ministeriales, «ni se ha retirado lo obsoleto ni se ha mejorado el texto». La diputada comunista expresó su apoyo a las enmiendas socialistas a la totalidad.

Entre otros puntos criticó el ideario, como inconstitucional, Y preguntó dónde están las garantías de ese ideario cuando uno de los acusados del asesinato de Yolanda García era titular de un centro de enseñanza.

La intervención de la señora Vintró fue premiada desde la izquierda con un aplauso, que unió ayer a socialistas y comunistas en todas las intervenciones de diputados de ambos grupos.

Intervención Gómez Llorente

Luis Gómez Llorente, diputado socialista, acusó en repetidas ocasiones al ministro de Educación de «faltar a la verdad notoriamente» Estas afirmaciones, que fueron acogidas con ostentosas protestas en los escaños de UCD, se produjeron en el turno de explicación de voto, en el que Gómez Llorente explicitó las razones por las que se habían negado a aprobar el artículo primero del proyecto.

Elena Vintró, por el Grupo Comunista, pretendió introducir una enmienda al primer artículo del texto para evitar, dijo, una excesiva libertad reglamentaria, en manos del Gobierno al desarrollar la ley. Se opuso a su pretensión Manuel Díaz Pinés, en nombre de UCD, en una extensa intervención, que comenzó saludando «a la cámara en esta primera ocasión en que intervengo; a este risueño grupo que tengo a la izquierda», a los asistentes en las tribunas e incluso a la prensa.

La enmienda fue rechazada, el artículo se aprobó con 168 votos favorables, 108 en contra y cinco abstenciones, y en turno de explicación de voto, Gómez Llorente anunció que habían votado en contra con un cierto sentido simbólico para mostrar «nuestra oposición radical a esta ley».

Aseguró que el ministro había faltado a la verdad al afirmar en su discurso que las enmiendas introducidas acercan el texto a la Constitución cuando, a su entender, lo alejan hasta el punto de que recurrirán de inconstitucionalidad el artículo 5.º, que regula la libertad de cátedra. Dijo también que se faltaba a la verdad al afirmar las grandes posibilidades de autonomía de la ley, que el ideario lo puedan establecer los padres y concluyó leyendo el párrafo de un elogiosísimo editorial de la revista Educadores, editada por la FERE, como prueba, dijo Gómez Llorente, de cómo se intenta «apuntalar el sillón vacilante de un ministro y también de dónde provienen los apoyos a la ley ».