La organización interna de la comunidad vasca, primera tarea del Parlamento

Por primera vez en su historia, las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava -y si en el futuro lo decidiera, Navarra- van a contar, a partir del 9 de marzo, con un Parlamento autónomo común. Una institución de autogobierno, con capacidad legislativa, donde ha de modelarse en los dos próximos años una comunidad vasca hasta ahora política, jurídica e incluso geográficamente inexistente; un ente aglutinador de similitudes étnicas, socioeconómicas y culturales de los territorios vascos y de sus propias peculiaridades, basadas fundamentalmente en la existencia secular de instituciones forales.

El Parlamento vasco nace ex novo, sin puntos de referencia en el pasado, sin una tradición jurídica consuetudinaria común e incluso carente de la más mínima experiencia parlamentaria. Nace, además, el Parlamento vasco condicionado por el desarrollo de múltiples leyes orgánicas, por el ritmo que al traspaso de competencias que el Estatuto confiere a la comunidad vasca imponga la comisión mixta de transferencias y la negociación de unos conciertos económicos, que van a hacer posible una hacienda autónoma.Para algunos -como es el caso de Herri Batasuna-, es una entelequia; para otros, un montaje todavía en el aire, y para los más, el Parlamento vasco es una especie de edificio vacío al que habrá que ir llenando de todo el mobiliario preciso para hacerlo útil.

La consecución en el más corto plazo posible de todas las facultades que le confiere el Estatuto, la organización interna de la comunidad vasca (y, por tanto, el deslinde claro de las competencias que corresponden a las instituciones comunes y a las provinciales), la concreción de unas bases en materia lingüística (cooficialidad y bilingüismo) y la búsqueda de una salida a la actual situación de crisis económica, paro y violencia son, a primera vista, y según el sentir general de los dirigentes políticos consultados por EL PAÍS, los problemas que de una forma más inmediata ha de acometer el Parlamento. Temas fundamentales para calibrar la operatividad y rentabilidad de la institución.

La capacidad normativa del Parlamento vasco y, por tanto, su afianzamiento como institución operativa, va a estar condicionada al proceso de transferencias de competencias que el Estatuto reconoce a la comunidad autónoma. Hay unanimidad, sin embargo, a la hora de considerar que este proceso va a ser largo y difícil y, cuando menos, va a ocupar toda una primera legislatura de cuatro años. Juan María Bandrés, primer candidato al Parlamento de Euskadiko Ezkerra por Guipúzcoa, se atreve a señalar que quizá haga falta un segundo mandato del Parlamento «para conocer lo que es un verdadero autogobierno».

Carrera contra el desencanto

Pese a esta evidencia, las fuerzas vascas que apoyan el proceso autónomo tienen prisa por ver dotadas de competencias las instituciones comunitarias. Es una carrera contra el desencanto. Temen que si el Parlamento y el Gobierno vasco no dan, a corto o medio plazo, muestras de eficacia y capacidad para ordenar la vida política en Euskadi, podría producirse en un sector importante del pueblo vasco una frustración que propiciaría, quizá, la radicalización y un fortalecimiento de las tesis mantenidas por Herri Batasuna, que pronostica la escasa utilidad de la institución.Para impedir que este estado de cosas se produzca, los partidos vascos autonomistas consideran que es urgente que el Gobierno de UCD dote, en el más breve plazo posible, a las instituciones autónomas de aquellas competencias cuya transferencia ofrece menos dificultades, aquellas cuyo traspaso puede ser casi automático, y, sin dilación alguna, dé el visto bueno definitivo al paquete de transferencias solicitado por el Consejo General Vasco hace seis meses.

Hay incertidumbre y esperanza, al mismo tiempo, con respecto al talante que pueda mostrar el Gobierno de UCD en este proceso de transmisión de poderes a la comunidad vasca que ahora va a iniciarse. Un talante que se considera clave para que el Parlamento vasco pueda, cuando menos, dar muestra de una mínima capacidad normativa.

En este sentido, Carlos Garaikoetxea, presidente del PNV, del CGV y primer candidato de su partido al Parlamento por Guipúzcoa, confía en que se produzca un cambio radical en la actitud del Gobierno hacia la autonornía vasca. «El Parlamento vasco no va a ser el Consejo General Vasco. El Gobierno debe entender que con una actitud cicatera y retardatoria en el traspaso de competencías puede hacer peligrar la imagen esperanzada en una institucíón que nace como arma para solucionar los problemas de Euskadi. Por ello, quizá en su primera fase el Parlamento va a tener que impulsar este paso condicionante. »

Coincide en este criterio Mario Onaindía, que encabeza la lista de Euskadiko Ezkerra por Vizcaya, quien opina que la primera tarea seria de las fuerzas parlamentarias vascas ha de ser la de presionar al Gobierno de la UCD para que acelere al máximo el proceso de traspaso de competencias. «Aquél debe aceptar», señala, «que tal y como se han producido las cosas en Euskadi, tiene que cedernos cuanto antes lo que por ley nos corresponde si no quiere que la situación en Euskadi se agrave más.»

Jesús María Viana, secretario general de UCD del País Vasco y número uno en la lista de su partido por Alava, asegura que el Gobierno mantendrá su compromiso de defender las autonomías y mostrará un talante abierto y comprensivo en el tema de las transferencias, «ya que de otra forma podría condicionar totalmente la marcha de las instituciones vascas». «El Gobierno», añade, «más tarde o más temprano, tiene que colaborar con nosotros y ayudarnos a salir de este atolladero. »

Organización interna

Pero mientras se inicia toda la operación de traspaso de poderes, a partir de la creación de la comisión mixta de transferencias, que podría empezar a funcionar en mayo, el Parlamento vasco conocerá una primera fase de actividad interna, dedicada a su propia organización. Tras el trámite de su constitución y designación de una mesa y diputación permanentes, el Parlamento elegirá al presidente del Gobierno vasco en un plazo de treinta días a partir de la fecha de las elecciones. Posteriormente, las comisiones de trabajo del Parlamento deberán iniciar la redacción de un reglamento interno, trámite en el que se augura se cubrirán varios meses. Tareas posteriores o simultáneas serán también la preparación de su presupuesto y el estatuto de su personal, que se considera ocuparán el resto del año.«Es además muy importante que el Parlamento, de acuerdo con el artículo 33 del Estatuto, regule las reglas del juego político de la comunidad, regule el funcionamiento del Gobierno, de su presidente y siente las bases de las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo», afirma Txiki Benegas, cabeza de lista del PSOE de Euskadi por Guipúzcoa. «En esta primera fase de actividad interna hay suficiente materia de trabajo para el Parlamento.»

Considera Benegas que es fundamental, además, que el mismo, dentro de la labor en este primer año de existencia, aun sujeto en gran parte al proceso de transferencias, dé muestras de capacidad para ordenar la vida política en Euskadi. En este sentido, y coincidiendo con la mayor parte de las fuerzas políticas consultadas por EL PAÍS, el secretario general del PSOE de Euskadi cree que aun sin contar con todos los poderes que se le reconocen en el Estatuto, el Parlamento debe afrontar de inmediato la difícil tarea de organizar internamente la comunidad autónoma, fijando claramente la división de competencias entre las instituciones comunes y las provinciales, aspecto fundamental que no quedó aclarado en el texto del Estatuto.

La discusión, dada la urgencia de los trámites para la presentación en las Cortes del Estatuto vasco, quedó «aparcada» en su día por la ponencia que se encargó de redactarlo (y en la que participaron, en mayor o menor grado, todas las fuerzas vascas, excepción hecha de LKI, EMK-MC y Herri Batasuna). Ahora volverá a ser el verdadero «caballo de batalla» de la primera parte de la legislatura parlamentaria. El debate, en el que con el texto del Estatuto en la mano parte con ventaja el PNV, defiende la definitiva institucionalización de un concepto que ahora va a estrenarse por primera vez: comunidad vasca.

Los nacionalistas, entre UCD y la izquierda

Si nos atenemos a los planteamientos que desde entonces han mantenido los diferentes partidos, UCD se inclina por un modelo de e structura claramente provincialista (poder legislativo y ejecutivo centrado en juntas generales y diputaciones). En el otro extremo, ESEI, Euskadiko Ezkerra, PSOE yPCE pugnan por concentrar el poder en las instituciones comunes, en detrimento de las provinciales, a las que, no obstante, reconocen especificidades. En medio, y con un difícil equilibrio entre una concepción foralista y el sueño sabiniano de una comunidad nacional (nación vasca), se sitúa el PNV.

Jesús María Viana, de UCD, cree que la autonomía ha de situarse «en el punto final». «Si algo queda claro en la historia», precisa, «es que el pueblo vasco se ha conformado históricamente en tres territorios absolutamente independientes entre sí, sin vinculaciones administrativas, excepto en determinados momentos, en que se negociaban de forma conjunta los conciertos económicos. Para nosotros, pues, la autonomía en las provincias debe ser la máxima dentro de lo que es la unidad de España (que no se nos pasa por la cabeza cuestionar). Esta autonomía provincial es compatible con que el órgano legislativo tenga carácter regional y haya un Gobierno que aglutine todos esos intereses y problemas comunes que de alguna manera tiene que existir.»

Esta postura es calificada por Carlos Garaikoetxea como «provincialísmo desintegrador» destinado a impedir la consolidación de un proyecto nacional. «Entre esta posición y la simplista, que ignora la personalidad y sentimientos específicos de cada territorio, especialmente los que mantienen regímenes forales -caso de Alava y Navarra-, está nuestra opción, tendente a llevar adelante un proyecto nacional, ideado por Sabino Arana (que nos aleja de cualquier sospecha provincialista). Pero para hacerlo posible es necesario ser respetuoso con cada territorio y sus especificidades. Es necesario evitar que se produzcan posiciones de rechazo hacía planteamientos excesivamente centralizadores. Esa postura se plasma en una concepción clara: que los territorios conserven, consoliden y hasta completen, de una forma coherente, sus actuales competencias forales -tomando como modelo a Alava o Navarra- y se forme un poder vasco que dé sentido a un proyecto nacionalista. Nuestro partido trabaja ya en un estudio de división de competencias.»

La filosofía nacionalista encierra, en opinión de Txiki Benegas, una contradicción.«El PNV quiere construir la comunidad de Euskadi, pero, al mismo tiempo, la desmembra potenciando las instituciones provinciales, tratando de asumir una tradición histórica que existía cuando el concepto de comunidad autónoma no habla nacido. Si se trata de construir una comunidad autónoma, es necesario potenciar al máximo las instituciones comunes, porque si no lo que se crea es una mancomunidad de diputaciones provinciales. »

Dentro de la misma línea, Juan María Bandrés defiende sin recato una concepción centralista dentro de la comunidad autónoma. «Una concepción», aclara, «respetuosa con determinados derechos históricos, pero sin caer en el vasallaje ni en la concepción histórica del País Vasco. Hay que hacer un país fuerte, unido y moderno. Ha de existir, por tanto, un Parlamento y un Gobierno vascos que dirijan realmente la política nacional de Euskadi.»