La seguridad ciudadana exigen la creación de policías de barrio

La creación de una policía de barrio y la modificación de los procedimientos judiciales, de forma que garanticen una rápida administración de justicia, son los dos instrumentos que se presentan como más necesarios para lograr un nivel aceptable de seguridad ciudadana, según se desprende del debate celebrado en Madrid sobre este tema, el jueves por la noche.

El acto, promovido por CIDUR (Centro de Investigación y Documentación Urbana y Rural) y moderado por Francisca Sauquillo, contó como ponentes con José Barrionuevo, delegado de Seguridad y Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid; el psicólogo Enrique Martínez Reguera; el fiscal, José Antonio Martín Pallín; el comisario de policía Jesús Merino, y el representante del CIDUR José Gimbel.José Barrionuevo centró su intervención en la postura que tendría que adoptar el, Ayuntamiento ante «esta psicosis de miedo, que está fomentada por determinados órganos». Según el señor Barrionuevo, «hay que combatir con medios propagandísticos o educativos esa psicosis, que tiene unos fundamentos, pero que no representa en muchos casos la realidad. La delincuencia en Madrid no es exagerada si se la compara con la existente en otras ciudades europeas».

A continuación el tercer teniente de alcalde entró «en el tema delicado de la actuación de la policía. Una de las necesidades es que sea eficaz, que cumpla. Se produce un recelo en una gran parte de la población por hechos de otros tiempos. Se les ha dado a los policías una educación para considerar a los ciudadanos como enemigos. Como generalización, la policía es poco eficaz contra la delincuencia organizada e infunde temor al resto de los ciudadanos». Tras la afirmación de que existen demasiadas policías en España -Guardia Civil, Cuerpo General de Policía, policías forales, Policía Nacional, Policía Militar, Policía Municipal, con distintos mandos y reglamentos-, José Barrionuevo opinó que sólo tenía que haber dos: una local, que se ocupe de la pequeña delincuencia, y otra estatal, que actúe contra el delito organizado. Antes de terminar su intervención, el señor Barrionuevo criticó a la izquierda parlamentaria, que ha tenido una actuación tímida al tratarse la ley orgánica de Seguridad Ciudadana.

José Gimbel, miembro del equipo CIDUR, manifestó, por su parte, que decir delincuente es decir joven, y que lo que se intenta en la actualidad es meter miedo al conjunto ciudadano.

El psicólogo Enrique Martínez Reguera, del equipo PROMESA, un colectivo que trabaja con jóvenes delincuentes, declaró que hace años, cuando empezó a trabajar, creía que la delincuencia juvenil se trataba de un problema individual, pero «ahora considero que es un instrumento de una rentabilidad política. Es un procedimiento para manipular a la sociedad ». Sobre los procedimientos tutelares, el señor Martínez Reguera manifestó que producían «unas experiencias traumáticas». «Se habla de finalidades reinsertoras y educativas, cuando no hay presupuesto. La Constitución se refiere al libre desarrollo de la personalidad, pero ¿cómo se va a desarrollar ésta cuando los menores están en las cárceles de Zamora o de otras provincias?»

Según informó el señor Martínez Reguera, el 88% de los delincuentes pertenece a un estamento bajo. «Hay que tener congruencia, y si los delitos son de hambre, hay que atender ese hambre. En primer lugar, hay que analizar las necesidades de una zona, en vez de hacer una denuncia. El barrio debe contar con unos servicios de detección de los problemas, y, por último, debe haber unas soluciones. »

El comisario de policía Jesús Merino habló a título personal. «Coincido con lo dicho aquí, ya que creo que hay pocos órganos para la rehabilitación de los menores. He visto en Estados Unidos los centros con que cuentan y los especialistas que tienen. »

Escasez de medios

El señor Merino prefirió dedicar su turno a hablar de la policía de barrio. «La policía de barrio que anunció Martín Villa fue una ficción, quizá con fines electoralistas. Se limitaba a dos, tres o cuatro hombres con metralletas. »Según manifestó, el concepto de policía de barrio a que se había llegado en el congreso de la Unión Sindical de Policía. « está basado en que se inserte, conviva y ayude al ciudadano del barrio; es decir, que el guardia Juan conozca y sea conocido por Benito, el del quiosco de prensa».

Seguidamente, el señor Merino manifestó que la seguridad ciudadana no se encuentra en un nivel aceptable «porque quizá no interese». «No se racionalizan los pocos medios con que contamos. Se debe proteger al banquero y al niño al que le quitan los libros; se debe proteger a todo el mundo. Si hay 150 coches-patrulla, deben estar al servicio del pueblo; pero si se dedican 120 a un servicio y treinta a otro, no se puede. »

Referido a los medios técnicos con que se cuenta, el comisario de policía informó que «aquí no hay mapas electrónicos, ni buenos sistemas de audición, y la selección del personal no es la más idónea. Creo que los medios de que disponemos son mínimos. Un empleo racionalizado, un servicio a todos, el no ver enemigos en el pueblo, puede ayudar a logar una efectividad». Por último, y antes de iniciarse el debate, José Antonio Martín Pellín, fiscal, aseguró que para él, la seguridad ciudadana «se plantea como sociología de masas. Una colectividad muy segura sería muy libre; conseguir una sociedad insegura es muy fácil. Y uno de los -sectores causantes son los medios de comunicación, que magnifican o manipulan unos hechos».

El fiscal se refirió a continuación al sistema « lento, torpe y desfasado de las leyes de procedimiento. Un delincuente podría reinsertarse si recibiera una respuesta rápida. Si está seis u ocho meses en prisión preventiva no colabora. Los procedimientos judiciales tendrían que durar ocho o quince días, como en otros países ».

Ramón Suárez, de la asociación de vecinos de Malasaña, pidió que con respecto a la actuación fascista se cumplan las leyes, mientras que consideró como solución de la delincuencia la creación de una policía de barrio.

Por último, el fiscal Martín Pellín se refirió a la modificación que sobre prisión preventiva se ha producido en el congreso, que «puede tener un efecto boomerang, ya que si, como nos ha informado el director general de Prisiones, frente a los 10.000 presos preventivos del pasadoaño hemos pasado a 18.000, y se espera que el próximo año sean 22.000, vamos a tener que habilitar hasta el estadio Bernabéu».