Los comunistas italianos exigen la intervención del Gobierno para salvar la FIAT

Se ha celebrado en Turín un congreso nacional del Partido Comunista italiano sobre la empresa automovilística FIAT, la industria de mayor envergadura del país. El congreso se ha basado en el resultado de un sondeo hecho entre 15.000 obreros de la FIAT. Se ha tratado de una iniciativa que ha causado no poca sorpresa. Hay quien asegura que los comunistas se han jugado el tipo conscientemente.

Ha sido ya un hecho revolucionario, han subrayado algunos observadores, el que los comunistas se hayan interesado con tanto calor por la empresa de la familia Agnelli, considerada hasta ayer como un adversario político de la clase trabajadora. Y más aún que lo hayan hecho para pedir que el Estado ayude a la primera fábrica privada del país. Según el comentarista económico de Repubblica: «Ha existido mayor novedad en este congreso comunista sobre la FIAT que en los miles de páginas dedicados a los temas del compromiso histórico y de la solidaridad nacional.»Pero lo cierto es que los resultados del congreso no han gustado ni a los dirigentes de la FIAT ni a los sindicalistas.

A los empresarios de FIAT no les ha gustado porque, según ellos, no es un descubrimiento el hecho de que el Estado está en deuda con la empresa, ya que no le ha ayudado a evitarla crisis que se está cerniendo sobre ella. En Italia, más que en otros países europeos, la empresa automovilística privada ha merecido poca comprensión del Estado. Ahora los comunistas, dicen estos empresarios, descubren el huevo de colón, pero lo hacen con una intención bien clara: a costa de una mayor «intervención» del Estado en la empresa.

Clausurando el congreso, el responsable de la política económica del Partido Comunista italiano, Gerardo Chiaramente, considerado el número dos del partido, dijo, respondiendo sobre todo a las preocupaciones de los sindicatos, que el PCI no pide una limosna para la FIAT, ni tampoco aceptará que se les dé dinero a la familia Agnelli, «para sacarles las castañas del fuego». Según Chiaramente, los comunistas piden que el Estado intervenga para salvar la empresa, pero exigiendo al mismo tiempo garantías muy claras de una nueva programación.

Lo cual no significa nacionalizar la FIAT, pero sí una intervención del Estado en las decisiones importantes de la empresa, y al mismo tiempo ha afirmado que el Partido Comunista se compromete a defender una política de mayor productividad y sacrificio en materia salarial.

Ha sido esto lo que menos ha gustado a los sindicatos. Uno de sus militantes, escuchando a Chiaramonte, exclamó: «Hoy han quedado archivados diez años de historia sindical.»

Los comunistas responden que el problema del futuro inmediato en todo el mundo será el desempleo, que las fábricas no se pueden dejar sólo en manos de los intelectuales y de los sindicalistas y que la primera exigencia de una empresa es que produzca. Han afirmado que «ser defensores del desarrollo y dialogar en este terreno con el patronato fue siempre la línea del PCI.

Del sondeo organizado por los comunistas entre los trabajadores de la FIAT ha quedado de manifiesto la gran diferencia entre la vieja clase obrera y la nueva generación del 68.

Los primeros insisten sobre la seguridad del puesto de trabajo y la higiene en la fábrica, mientras los segundos, sobre todo, exigen la participación en la gestión de la empresa.