Aprobada una propuesta de Fraga para debatir el problema de la prensa del Estado

El Pleno del Congreso de los Diputados, que dedicó su sesión de ayer casi por completo al examen de mociones, interpelaciones y proposiciones de ley y no de ley, denegó el suplicatorio que se solicitaba para el diputado de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés, y aprobó una moción defendida por Manuel Fraga sobre los Medios de Comunicación Social del Estado, por la que se acepta que la Cámara debata en profundidad el conjunto de los problemas de este sector.

El Pleno, en sesión secreta, rechazó la posibilidad de que se concediese el suplicatorio contra Bandrés, y aceptó la propuesta en este sentido de la Comisión de Suplicatorios, que obtuvo 219 votos favorables a la no concesión, seis favorables y dieciséis abstenciones. Resulta difícil precisar quiénes deseaban el procesamiento y quiénes se abstuvieron. Sólo cabe pensar en alguna fuga de votos por parte de UCD -durante la votación ni siquiera estaba presente Blas Piñar- o bien, tal y como ocurre en otras ocasiones, que las llaves de algunos escaños hubiesen quedado conectadas desde votaciones anteriores.Manuel Fraga defendió una moción, consecuencia de una interpelación presentada por el diputado Portanet sobre los Medios de Comunicación Social del Estado, en la que señaló que «se han tomado drásticas decisiones, teniendo en cuenta exclusivamente aspectos parciales del problema, sin analizarlos en su totalidad, y seasegura haberlo solucionado cuando únicamente se ha trasladado de área dentro de la misma Administración».

La moción propone en concreto que el Gobierno remita en breve al Congreso de los Diputados un informe sobre todos y cada uno de los medios del organismo estatal, con datos de balances, tiradas, ventas, valoración de inmovilizado, número de trabajadores, edad y antigüedad de los mismos, inversiones; que el Gobierno explique la política que piensa adoptar respecto a la titularidad y función de estos medios, así como el destino para los bienes y los trabajadores de los medios ya cerrados, y que la Comisión de Cultura debata el tema y proponga al Pleno una resolución.

Emilio Pérez Núñez, por los andalucistas; Jordi Solé Tura, por el Grupo Comunista; Elena Vázquez, por los Socialistas del Congreso; José Antonio Maturana, de socialistas vascos; y García Margallo, en nombre de UCD, intervinieron para pre sentar enmiendas a la moción, aun advirtiendo que estaban sustancialmente de acuerdo con ella. El representante centrista retiró la suya y anunció el asentimiento pleno a los términos de la moción. Fraga contestó para oponerse a la admisión de, las enmiendas, por entender que sustancialmente estaban recogidas en el texto de su grupo, y finalmente fue aceptada por 232 votos favorables, cuatro en contra y cuatro abstenciones.

El tercer tema que ocupó el mayor interés de la sesión fue una proposición de ley sobre integración social de los minusválidos, que presentaba la particularidad de haber sido suscrita por todos los grupos en la comisión correspondiente, y que fue defendida ante el Pleno por el diputado de la Mi noría Catalana, Ramón Trías Fargas.

Trías ofreció extensos datos sobre el problema en todo el mundo, analizó las actitudes sociales ante los minusválidos y aseguró entre otras cosas: «Ya es tarde para recuperar las lágrimas que se han vertido. Pero es tiempo de enmendar las cosas cuanto antes. Estamos ante una realidad de la vida. Una realidad muy dura, pero que aquí está. Se buscan soluciones eficaces para unos ciudadanos tan ciudadanos como los demás. Los minusválidos no piden compasión, piden justicia», y calificó el proyecto de ley como «el último vagón de la esperanza».

Intervinieron después Puig i Olive, por Socialistas de Cataluña; Fernández Inguanzu, por los comunistas, y Díaz Sol, por el Grupo Socialista, que mostraron su conformidad con la proposición, aprobada definitivamente por 220 votos favorables y una abstención.

La sesión había comenzado con una serie de preguntas y concluyó con la aprobación, por asentimiento de la Cámara, de una moción presentada por Coalición Democrática y defendida por Antonio Carro, en una versión aproximadora del grupo centrista sobre la ordenación de los estudios y la profesión de asistente social. Según el texto aprobado, el Gobierno, tras los estudios oportunos, y antes de agosto de 1980, presentará a la Cámara los proyectos de ley correspondientes al paso de los estudios citados a escuelas universitarias, acomodación del plan vigente a la realidad actual; integración de las actuales escuelas en las universidades correspondientes, y regulación del servicio, adscripción administrativa y organizaciones profesionales de los asistentes sociales.