El Gobierno portugués revaloriza el escudo un 6% respecto al dólar

La revalorización del escudo en un 6% en relación al dólar es la más espectacular medida anunciada por el Gobierno portugués en el contexto de una serie de acciones deflacionistas adoptadas el pasado fin de semana.El ministro de Hacienda no esconde que la revalorización anunciada pretende esencialmente un objetivo psicológico, ya que se mantiene «hasta nueva orden» la desvalorización deslizante de la moneda portuguesa, al ritmo del 0,75% por mes.

A partir de mañana, los precios en el mercado interno pueden bajar, enfatizó el ministro de Hacienda, Cavaco da Silva, al subrayar el ahorro de divisas que significa, a nivel de las importaciones, el nuevo valor del escudo. «Es posible arrancar al país del círculo vicioso de la inflación y de la desvalorización», afirman a su vez los partidos de la coalición en el poder, que subrayan el carácter «audaz y original, en Europa y tal vez en el mundo», de la política económica así iniciada.

La publicidad dada a la revalorización del escudo hace pasar al segundo plano las otras catorce medidas económicas decretadas simultáneamente, y que tendrán seguramente mayores efectos. En lo esencial, estas medidas dibujan un plano de austeridad drástica para la Administración pública y el sector empresarial del Estado.

Para la función pública se prevé la contención del presupuesto al nivel de 1979, sin corrección de la inflación, racionalización de la gestión, compresión de los efectivos, con prohibición de nuevas admisiones y transferencias de las plantillas excedentarias. Para las empresas del Estado, riguroso control de las políticas salariales y de precios, congelación de las subvenciones estatales y prioridad absoluta a las inversiones y al aumento de la productividad.

Un portavoz de la mayoría no esconde que, sometido a estas exigencias contradictorias y difícilmente compatibles, el sector público está abocado al crecimiento cero, «pero en la óptica gubernamental esta fuerte contención de los gastos públicos debe permitir dar un impulso al sector privado, motor del relanzamiento económico». Los recursos así liberados deben permitir también aliviar la carga tributaria y, a medio plazo, cuando la inflación se encuentre estabilizada, una reducción de la tasa de descuento.

La oposición ha acogido con desconfianza estas medidas. Por una parte, los economistas contestan su validez y su eficacia en la lucha contra la inflación. Para los comunistas y sus aliados, en particular en el campo sindical, se trata de medidas demagógicas tendentes a compensar, junto a la opinión pública, el efecto de las recientes alzas de precios. Finalmente, sobre un punto comunistas y socialistas están de acuerdo: la política del Gobierno significa un golpe, tal vez mortal para el sector empresarial del Estado, colocado en la imposibilidad de responder a la presión reivindicativa que se viene desarrollando en los últimos meses. En contraste, se deja las manos libres al sector privado para negociar aumentos salariales, siempre que éstos no se traduzcan en aumentos de precios, incompatibles con la política deflacionista.