El alcalde de Fuenlabrada suspende licencias para 2.500 viviendas
El alcalde socialista de Fuenlabrada, Manuel de la Rocha, ha firmado un decreto por el que se deja en suspenso la antigua concesión de licencias de construcción de 2.500 viviendas en el polígono de La Serna, dentro del casco urbano de la ciudad.La suspensión de las licencias afecta entre otras constructoras a Priconsa -a través de empresas filiales-, Atecinsa, Reyal, SA, Losa y Ordesa. El motivo de la misma, según informó a EL PAÍS el propio señor de la Rocha, ha sido la constatación de irregularidades e infracciones urbanísticas graves, entre ellas que el lerreno donde se pretendía construir las viviendas estaba calificado de rústico.
Las 2.500 viviendas forman parte de un paquete de 7.000 viviendas situadas todas ellas en La Serna, a las que anteriores ayuntamientos concedieron licencias entre 1972 y 1975, a pesar de que, como ahora se ha visto, el suelo era rústico. De las 7.000 viviendas, 3.000 están terminadas y 1.500 están en proceso de construcción. Según el señor De la Rocha, alcalde de Fuenlabrada, «se ha estimado que las obras pueden proseguir, en atención a no agravar aún más el problema del paro en el pueblo».
Próxima actuación contra urbanizaciones
El alcalde de Fuenlabrada -la ciudad que tiene el mayor ritmo de crecimiento de toda España, con una población cercana ya a los 250.000 habitantes- ha manifestado que en las próximas semanas se procederá a actuar de la misma forma contra las urbanizaciones Family Club, Parque Miraflores y la situada entre las calles del pueblo Italia y Francia, por motivos similares.Las promotoras y constructoras a las que se les ha suspendido las licencias no habían cumplido las normas de reparcelación ni habían financiado los equipamientos de la zona.
El decreto firmado por el alcalde afirma en uno de sus párrafos que ante hechos como este, el actual ayuntamiento de izquierdas, después de una meditada actuación en materia urbanística, está dispuesto a llevar una política fundamentalmente antiespeculativa, dirigida a paliar el caos a que está sometido el pueblo. El equipo de gobierno, en el que es mayoría la coalición PSOE-PCE, está dispuesto a limitar el techo poblacional en 250.000 habitantes.
