La inflación que debemos pagar

La elevación de los precios de los productos energéticos es un dato clave del reciente pasado económico, y un punto de referencia seguro para los próximos años Las distintas economías han tratado de ajustarse de diversa forma -y con dispar grado de fortuna ante una nueva situación provocada por el aumento del precio de un input básico que condiciona la totalidad del proceso productivo Pero, como norma general, debe reconocerse que ningún país ha podido librarse de la recesión y la inflación (estanflación) en que está sumida la economía mundial.Sobre estas economías maltratadas por la primera crisis energética se ha descargado la segunda gran elevación del precio de los crudos en 1979, que va a desplegar el eco múltiple de sus negativos efectos en este año.

La economía española ha sufrido de forma particularmente intensa las consecuencias de este proceso. A partir de 1974, coincidiendo con los efectos de la primera elevación de los precios del petróleo, su tasa de crecimiento ha experimentado un brusco recorte, la inflación se ha instalado en los dos dígitos y el volumen de paro ha aflorado como un grave problema.

Es en un contexto de apagado crecimiento de la producción real, con una inflación situada alrededor del 16 %, y un volumen de desempleo situado por encima del millón de personas, en el que está incidiendo la nueva elevación del precio del petróleo producida a finales de 1979 y trasladada a nuestros precios en enero de 1980. El objetivo de este trabajo es tratar de evaluar estos efectos, ofreciendo una respuesta cifrada, y utilizando para ello la nueva tabla input-output de la economía española que, bajo el patrocinio del fondo para la investigación económica y social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros va a ser publicada en un plazo inmediato.

El impacto inflacionista

El año 1980 comenzó mal desde la óptica energética. El alza de precios de los productos petrolíferos que el Gobierno se ha visto obligado a decretar ha afectado con distinta intensidad a los diversos productos -desde un mínimo del 11 % al butano (12,5 kilos), hasta un máximo del 110% para la gasolina de aviación militar-, pudiendo estimarse una elevación media ponderada del 26%.

Partiendo de estos nuevos precios, hemos tratado de cuantificar el efecto que van a tener sobre los precios finales de cada sector productivo, y sobre el índice de precios de consumo, empleando para ello la tabla input-output de 1975. A pesar de las limitaciones de este instrumento (supone que no se ha producido un cambio estructural importante desde entonces), es el mejor -si no el único- de que disponemos para realizar con rigor el análisis.

Los resultados obtenidos permiten agrupar los sectores productivos en tres grupos, según que el efecto sobre los precios sea alto (superior al 4%), medio (entre 2,5 y 4) o bajo (inferior a 2,5). En el cuadro 1 se presenta esta relación. Puede apreciarse en ella como el mayor impacto lo acusan lógicamente los productos más dependientes del petróleo, bien como materia prima (petroquímica) bien como energía (transporte).

También merece una atención especial la incidencia que se produce sobre la producción agrícola y la pesca, debido a la importancia que estos productos tienen en el índice de precios de consumo.

Los resultados obtenidos implican unos efectos alcistas más acusados (alrededor de 0,5 puntos, en promedio) que los que resultaron del anterior reajuste de julio de 1979. Este fenómeno puede explicarse teniendo en cuenta que el encarecimiento de los productos petrolíferos hace que estos tengan sucesivamente un peso relativo mayor en las estructuras de costes de las diversas producciones, y en consecuencia, su potencia inflacionista va siendo cada vez mayor.

Incidencia sobre precios de consumo

En la repercusión del aumento de los precios de los productos petrolíferos sobre el índice de precios del consumo cabe distinguir entre dos tipos de impactos: en primer lugar, el efecto directo que se produce en la medida en que ciertos precios que aumentan (como la gasolina, el butano,o el gasóleo para la calefacción) forman parte de la demanda final. La repercusión inflacionista de los nuevos precios por esta vía puede estimarse en un 1,07%. Esta acción se produce inexorablemente en el momento de la entrada en vigor de los nuevos precios y no lleva aparejado desfase alguno. En segundo lugar, se produce un efecto inflacionista indirecto por la vía del incremento de costes de los distintos sectores y su translación a los precios. La estimación de este efecto puede cifrarse en un 1,59%, si bien su plena realización puede llevar aparejados desfases temporales. En conjunto, pues, el efecto inflacionista de los nuevos precios de los productos petrolíferos es de un 2,66%.

Esta forma de estimar el aumento de precios no incorpora posibles espirales inflacionistas precios-salarios, ni tampoco la posible translación superior al 100% de los costes sobre los precios.

Reajustes de tarifas

Con posterioridad a los aumentos de los precios de los productos petrolíferos, el Gobierno ha decretado la subida de las tarifas eléctrícas (17%) y de los transportes de viajeros, aéreo (23%), por ferrocarril (7%) y por carretera (2,5% para viajeros, y 3 %. para mercancías).

Al analizar los efectos adicionales inflacionistas provocados por estas subidas, un primer hecho destacable es la sensible discrepancia entre el incremento de precios que se deduciría de la tabla (ver cuadro 1) y los aumentos finalmente autorizados. Aunque pudiera objetarse que la tabla de 1975 ha quedado anticuada, tras cuatro años de fuerte aumento en los precios relativos de los productos petrolíferos frente a los demás inputs, las diferencias son tan grandes que no pueden justificarse por la vía de la mera translación de costes.

Estas disparidades llevan a suponer que para autorizar las nuevas tarifas el Gobierno ha tenido en cuenta otras razones fundamentales, especialmente de ordenación intrasectorial, buscando un mejor equilibrio entre los distintos medios de transporte, o bien, en el caso de las tarifas eléctricas, las elevaciones se han decidido con objeto de permitir una financia ción más holgada de las cuantiosas inversiones que ya se están realizando y las que deberán efectuarse. De ser así, lo único que podríamos objetar es que no se haya dicho explícitamente: lo que la orden ministerial correspondiente al transporte aéreo llama «otras circunstancias de necesaria consideración» podría haberse desarrollado un poco más. Incorporando en nuestros cálculos las elevaciones de tarifas autorizadas, las repercusiones a nivel sectorial del alza conjunta de precios resultan obviamente acrecentadas. En la columna B del cuadro 1, pueden observarse estos impactos mayores, con la peculiaridad de que prácticamente permanecen siendo los mismos los sectores con efecto alto. En cuanto al grupo de impacto medio, hay que añadir a la lista algunos sectores que, por su mayor dependencia de la utiliza ción de la electricidad, resultan fuertemente incididos, Entre éstos destaca la fabricación de pastas papeleras, papel y cartón (3,01 %), y la producción y primera transfor mación de metales no férreos (2,82%). También tiene especial importancia por su incidencia so bre el IPC la fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos (2,75 %) y la fabricación de produc tos de molineria (2,63 %).

Al evaluar el impacto global so bre el índice de precios del consumo, disociando entre la acción directa y la inducida a través de los mayores costes sectoriales y su traslación a precios, los respecti vos efectos inflacionistas son de un 1,37% y de un 1,60%. Por tanto, la acción inflacionista global sobre el índice de precios del consumo es de un 2,97%.

Este cálculo adolece de iguales limitaciones que las esbozadas con anterioridad. En párticular, el 1,37% refleja una acción inflacionista inmediata que no incorpora desfases temporales. y que se produce independientemente de las hipótesis de comportamiento que se adopten para los distintos agentes económicos. El 1,60% de inflación, vía la traslación de costes a precios, se produce con un cierto desfase, si bien, en contrapartida, el porcentaje de traslación implícito comporta la existencia de ilusión monetaria. y puede subestimar la gravedad del problema en un sistema económico en el que gran parte de las rentas están indiciadas.

Moderación del consumo energético

Otra cuestión íntimamente ligada con el problema de los precios de la energía consiste en determinar hasta qué punto la traslación de estos aumentos de costes es útil para alcanzar uno de los objetivos básicos de la política energética: la moderación del consumo de un «input» para el que existen grandes dificultades de abastecimiento, y para el que razonablemente puede preverse que esta situación va a agravarse en el futuro.

La respuesta exige partir del conocimiento de la elasticidad de la demanda, es decir, de la relación que existe entre la variación relativa de ésta y la variación relativa de una determinada variable que se supone influye sobre aquélla. Estas variables son básicamente dos: el precio de la energía y la renta nacional.

El conocimiento de las elasticidades de la demanda de energía con respecto a los precios y a la renta reviste articular interés, dado que pueJen fundamentar la política de precios de la energía como medio para regular su consumo. Así, si la demanda fuese rígida con respecto al precio, la política de incrementar los precios sería discutible, dado que su elevación sólo contribuiría a aumentar los costes, y por tanto la inflación, y por contra, no tendría efecto alguno sobre el consumo energético.

El cuadro 2 y su correspondiente representación gráfica ofrecen los resultados comparativos del cálculo que hemos realizado para España con los principales paises de la OCDE. Estos resultados permiten comprobar que la elasticidad de la demanda en España con respecto al precio. es baja (alrededor de 0,3), como lo es también para la mayor parte de países de la OCDE. Sin embargo, la elasticidad-renta de la demanda española es muy alta (próxima a 1,6), valor únicamente superado por la de Italia y Holanda.

La conclusión es que las posibilidades de lograr un ahorro energético son limitadas por la vía de modificar los precios relativos de la energía, y que, por otro lado, si la economía española aumentase su ritmo de crecimiento a largo plazo, el aumento del consumo energético a una tasa rápida se convertiría en una necesidad insoslayable, a menos que se produzca un cambio profundo de la estructura productiva existente.

Una primera aproximación permite señalar que un crecimiento sostenido del PIB del orden del 4%, tasa que diversos estudios apuntan como necesaria para no embolsar más población desocupada, puede exigir un crecimiento del consumo energético situado alrededor del 6% anual, si la estructura productiva de la economía española permanece constante y los precios reales de la energía no se modifican. Sin embargo, parece imposíble que la oferta energética pueda crecer en los próximos años a un ritmo superior al 3%.

Por el contrario, mantener estable el consumo energético, con un crecimiento del PIB del 4%, exigiría una elevación de precios energéticos tan drástica que posiblemente provocaría un efecto inflacionista que haría inviable el propio crecimiento de la producción real.

Este es, pues, el grave dilema en que se debate la política energética. Dilema cuya solución a largo plazo, sin duda, puede ser la obtención de fuentes de energía alternativas sustitutivas del petróleo. Pero, a corto y medio plazo, constituye una clara restricción adicional a las posibilidades de salida de la crisis, y fuerza a la búsqueda de soluciones de orden institucional para paliar, en la medida de lo posible, los costes de acomodación de la economía española a una situación de estancamiento.

Viendo venir a las crisis del futuro

De la exposición precedente interesa destacar algunos puntos:

El primero de ellos es el fuerte impacto inflacionista de la elevación de los precios de los productos energéticos decretado a finales de 1979 y principios de 1980. En efecto, a través del empleo de la tabla «imput-output» se calcula que la inflación inducida sobre el IPC para 1980 resultante de la última elevación de los precios de los productos petrolíferos puede ser del orden del 3%. Siendo realistas, debemos suponer que 1980 sea un año igual de problemático que el anterior: aunque la tensión en los mercados «spot» de crudos haya descendido sensiblemente, ya se han vuelto a producir ciertas elevaciones en los precios oficiales de algunos países exportadores. Todo indica, pues, que se van a producir a lo largo del año nuevos embates de la OPEP, que pueden provocar sobre la inflación española total del año una carga adicional de entre cinco puntos -como mínimo- y nueve puntos -esto nos parece el máximo-, y ante la cual deberíamos ir preparándonos desde ahora.

Quizá algunos piensen que la respuesta debería ser anticipar estas elevaciones en las revisiones salariales que se están celebrando. No se podría caer en mayor error, por la espiral que ello produciría. Por el contrario, debería reaccionarse aumentando la sobriedad en los comportamientos, para mitigar en lo posible la inflación que se nos viene. También habría que considerar responsablemente la forma,de pactar entre las fuerzas sociales un nuevos sitema para sacar del índice del coste de la vida (precios de consumo) las subidas de precios de la energía.

En segundo lugar, la demanda de energía en España es poco elástica con respecto al precio. Si ello es así, es evidente que los incrementos de precios de la energía deberían procurar dosificarse al máximo. En definitiva, estas elevaciones tienen un efecto cierto, que es aumentar la tasa de inflación, y un efecto más discutible, que es propiciar el ahorro energético. No cabe duda que si la economía española pretende adecuarse a la lógica de la economía de mercado, debe tender a unos precios realistas de la energía que respondan al principio del coste. Pero puede resultar peligroso aplicar con excesiva profusión tal principio si a la vez no se controla que parte del aumento de costes responde a unos precios más altos de los «in puts» utilizados, y que parte a posibles ineficiencias en el proceso productivo. Este control puede revestir particular trascendencia en el contexto de una economía como la española, con fuerte tasa de inflación, con un volumen de paro en aumento, y para la que casi todos los indicadores apuntan hacia una agravación de problemas en 1980.

Por otra parte, la elevada elasticidad renta de nuestros consumos de energía aconsejan la introducción en plazo inmediato de medidas que ahorren consumos dispendiosos, y que permitan conseguir efectos productivos mayores sin tanta dependencia exterior. La realización en el plazo más breve posibfe de las inversiones en el sector energético, dada su evidente necesidad, debería constituir una línea dominante en los programas de inversión de este y de los años inmediatos.

Resulta difícil exagerar la importancia que adquiere la máxima concreción en los programas: todos los españoles debemos saber lo que se pretende invertir en el sector energético, de qué manera, por quiénes y cuándo. La empresa privada debe tener referencia clara de la colaboración que se le pide y la empresa pública calendarios concretos para ejecutar las inversiones energéticas necesarias.

Madurez en la respuesta ECONOMÍA

Finalmente, es indispensable subrayar una vez más que la inflación derivada de los nuevos precios de la energía es inevitable y que deberemos pagarla y aceptarla; pero que la inflación que pueda ocasionarse como consecuencia de las reacciones de la sociedad española para defender sus rentas o sus ingresos frente al alza de los precios energéticos deberá evitarse. El grado de madurez de las sociedades actuales reside precisamente en esta respuesta ante los problemas que plantea la crisis energética: todo intento de defender los niveles de vida adquiridos mediante peticiones de retribuciones mayores, con las que trasiadar a otros íos costes de la crisis, es una pretensión vana que encierra al país que la practica en una mayor inflación y en un empobrecimiento relativo mayor. Es esta inflación la que no debemos pagar y la que no deberíamos ocasionar con nuestros comportamientos los españoles.