La detenida por error en el "caso Scala" pide diez millones de indemnización

La representación legal de María Teresa Fabres Oliveras, que recientemente fue puesta en libertad, reconociéndose su inocencia, tras permanecer dos años en prisión, acusada de participar en el atentado contra la sala de fiestas Scala, de Barcelona, ha pedido al Estado una indemnización de, al menos, diez millones de pesetas, por los perjuicios y daños morales causados.La demanda se basa en el artículo 121 de la Constitución, que da derecho a percibir una indemnización por los daños causados por error judicial. Según han declarado los abogados a la Agencia Catalana de Información, de no prosperar la petición exigirían responsabilidades al juez que dictó la prisión incondicional de María Teresa Fabres, por presunta negligencia en el ejercicio de su cargo.

Por otra parte, los cuatro acusados en el caso, que permanecen en la prisión de Segovia en espera de juicio, han hecho llegar un comunicado a EL PAÍS en el que afirman que no creen en la versión de que han existido errores judiciales, sino que existiría intención premeditada contra ellos.

Señalan que sus detenciones fueron arbitrarias, «sin que en apariencia, existiesen más motivos que el hecho de pertenecer al sindicato CNT». También muestran su extrañeza por el derribo del local sin orden judicial, y afirman que han sufrido malos tratos en las prisiones donde estuvieron anteriormente.