Aprobado el calendario de desarrollo constitucional para este año

La aprobación de la lista de proyectos de ley que este año serán enviados a las Cortes para continuar el desarrollo de la Constitución es el principal acuerdo que se cita en la referencia oficial del Consejo de Ministros celebrado ayer. La lista comprende dieciocho proyectos, entre los que destacan los de regulación de la huelga y la ley de régimen local, cuya aprobación se prevé para el otoño. Asimismo, el Gobierno aprobó el plan de saneamiento atmosférico de Avilés y realizó varios nombramientos, entre ellos nuevo director general de Administración Local.Los proyectos de desarrollo constitucional se distribuirán entre el período de sesiones ya comenzado, y que termina en junio, y el que va de septiembre a diciembre. Al primero corresponden las leyes de Sociedades Cooperativas, Estatuto de la Empresa Pública, Patrimonio Artístico, Patrimonio del Estado (reforma), Estatuto de Libertades Públicas y Amparo Judicial, Patrimonio Nacional, Arbitraje y adaptaciones de la legislación especial a la ley orgánica del Poder Judicial, Contratos del Estado, Jurisdicción Contencioso-Administrativa (reforma) y Ley de Enjuiciamiento Judicial (reforma).

Al segundo período corresponden las leyes de Reforma de la Legislación de Menores, Procedimiento Administrativo (reforma), Archivos y Bibliotecas, Huelga, Consejo Económico, Comercio Interior, Régimen Jurídico de las Administraciones Locales y ley de Nacionalidad.

También se aprobó un real decreto sobre normas complementarias para la celebración del referéndum de iniciativa autonómica en Andalucía, aunque la referencia no explica el contenido del mismo. En el Departamento de Hacienda se aprobó la remisión a las Cortes de un proyecto sobre concesión de créditos extraordinarios con destino a mejorar la estructura financiera de Grandes Astilleros (más información en página 29).

El plan de saneamiento atmosférico de Avilés, destinado a corregir la contaminación producida por la gran concentración industrial en esta ciudad asturiana -probablemente la más contaminada de España-, se desarrollará en tres fases, en la tercera de las cuales, a partir de 1985, se cambiará la estructura de las instalaciones siderúrgicas.

También se ha acordado declarar zonas catastróficas a numerosos territorios afectados por heladas, lluvias torrenciales u otros fenómenos. Afectan a catorce términos municipales de Huelva, cuatro de Badajoz, cuarenta de Navarra, diez de Barcelona, cinco de Murcia, catorce de Salamanca, tres de Jaén, dieciocho de Granada, dos de Cuenca, otros varios de Alicante y la comarca de Sevilla, así como otras zonas de Huesca, Tenerife, Teruel y Toledo.

Por último, se nombró subdelegado del Gobierno en Ceuta a José Fernando Marín López; director general de Minas e Industrias de la Construcción, Adriano García Loygorri; director general del Instituto Geológico y Minero, Mariano Echevarría Caballero; delegado de Sanidad y Seguridad Social en Guadalajara, Ramón Viana Gil, y director general de Administración Local, Juan Gómez Arjona, que hasta ahora era gobernador civil de Santander.

Asimismo se aprobaron varios expedientes para suministro de equipo a centros de Educación Básica y Bachillerato, por valor de casi novecientos millones de pesetas, y un decreto por el que se extiende a la Administración del Estado el sistema de colaboración entre el Instituto Nacional de Empleo y los ayuntamientos, sobre contratación de desempleados.

El Consejo de Ministros aprobó también la estructura orgánica del Centro de Estudios de la Energia, organismo autónomo cuyo objeto es realizar estudios sobre regulación y desarrollo energético, promover o realizar por sí la investigación tendente al desarrollo de nuevas fuentes energéticas, y, en general, fomentar la aplicación de la energía de una forma más racional.