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Policía municipal de Alcalá expedientado por negarse a llevar armas

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en su último pleno, acordó abrir un expediente disciplinario al policía municipal José María del Sarro, militante del PCE, por negarse a llevar armas durante el servicio.La decisión fue tomada por los votos a favor de los representantes del PSOE y UCD. Votaron en contra PCE y PTE. Según el concejal comunista Jesús Paares, jurídicamente el expediente no es legal, ya que ninguna ley obliga a los policías municipales a portar armas de fuego. Juan Arriola, representante del PTE, culpó a la Corporación por no haber decidido todavía la cuestión, después de haber transcurrido varios meses desde que se presentó el problema. Al mismo tiempo propuso una discusión sobre las competencias de la Policía Nacional, que «se lava las manos en muchos asuntos que le competen», y manifestó que la decisión de llevar armas por parte de la Policía Municipal debe ser optativa.

El alcalde, Carlos Valenzuela, manifestó que el expediente debe seguir adelante porque ha habido incumplimiento de las normas vigentes. Añadió que otra cosa será tratar el tema de la reforma del reglamento, para evitar estos problemas, y puntualizó que la incoación del expediente no significa que haya sanción. Los concejales de UCD apoyaron esta postura y consideraron que la Corporación tenía que haber solucionado antes este problema.

Nueva concentración

Una nueva concentración de trabajadores afectados por posibles expedientes de crisis tuvo lugar ayer, a primeras horas de la tarde, ante el Ayuntamiento. A los cerca de trescientos concentrados se les explicó la decisión tomada el pasado lunes por la comisión permanente municipal, en el sentido de crear una comisión para realizar un estudio sobre los probables expedientes de crisis que puede presentar la industria de Alcalá en un futuro cercano. Este estudio ha de estar elaborado antes del día 11 de febrero.La comisión mantendrá entrevistas con las centrales sindicales, los comités de las empresas afectadas, las empresas, la Cámara de Comercio y la Coordinadora de Expediente de Crisis, para situar el estado de las industrias afectadas y emitir su informe.

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