Mac Arthur recibió dinero a cambio de evacuar al presidente filipino en 1942

Un asunto oscuro, que tiene por protagonista al general norteamericano Douglas Mac Arthur, fallecido en 1964, ha sido revelado en un pequeño artículo publicado en el Pacific Historical Review, según el cual el famoso héroe norteamericano, durante la segunda guerra mundial, habría aceptado, en enero de 1942, la suma de 500.000 dólares (unos 35 millones de pesetas) a cambio de la evacuación en un submarino del presidente filipino de la época, Manuel Quezón, de la isla de Corregidor, durante la ocupación japonesa.La autora del artículo, Carol Petillo, explica que descubrió tales informaciones durante las Investigaciones que realizó en los archivos nacionales para preparar su tesis doctoral. Sus conclusiones aparecen ahora, después de varios meses de verificaciones por parte de la University of California Press.

El trasvase de fondos entregados a Mac Arthur, ordenado el 3 de enero de 1942 por el presidente Quezón, fue efectivo el 20 de febrero del mismo año en Nueva York, donde recibió la aprobación del Departamento norteamericano de la Guerra y beneficio de la tolerancia del propio presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. El hecho aparece todavía más oscuro cuando se citan documentos del Departamento de Guerra, fehados a finales de 1941, que pedían al general Mac Arthur que evacuara al presidente filipino. Al parecer, el general norteamericano se negó a tal operación, considerada como muy peligrosa, pero cambió de opinión desde el momento en que el medio millón de dólares fue depositado en su cuenta Personal en el Chase National Bank, de Nueva York.

Según la autora del artículo del medio millón de dólares, 140.000 dólares fueron repartidos entre los generales Sutherland, Marshall y el teniente coronel Huff, todos ellos próximos al staff del general Mac Arthur. El importe fue retirado del tesoro nacional filipino, en concepto de «recompensas por servicios prestados».

La historia, reproducida en primera página del diario The Washington Post, pone, una vez más, en primer plano de la actualidad el deseo de parte de la Administración de proteger mejor la Freedom of Information Act, que permite el acceso al público de documentos.