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Guerra abierta entre ocupantes de viviendas y vecinos

Representantes de la asociación de vecinos Guetaria, del Poblado Dirigido de Orcasitas, se entrevistaron ayer con el gobernador civil, Juan José Rosón, para conseguir un método de desalojo de las viviendas provisionales asaltadas y poder proseguir la remodelación del poblado. Los vecinos de la zona llevaban varios días de movilizaciones, cortes de tráfico y visitas a organismos ofíciales con este mismo fin. Es una historia de varios años que se agudiza en los últimos días. En la entrevista con Rosón exigieron vigilancia eficaz para evitar nuevos asaltos y el desalojo de las viviendas ya ocupadas. El gobernador civil reconoció el problema y ha organizado para hoy una nueva reunión en la que estarán presentes el delegado provincial del INV, la constructora, representantes del Ayuntamiento y el comisario de la zona, para intentar coordinar con los vecinos una solución.

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«Algunas de estas familias gitanas tenían adjudicado piso en Aranjuez. Se fueron a su nueva vivienda y después de una corta temporada la cerraron, la vendieron o qué sé yo, y se vinieron de nuevo a Madrid. Se vinieron porque decían que Aranjuez estaba muy lejos. Dieron la patada a una puerta y, ¡hala!, ya los tenemos instalados.» Son las palabras de un vecino, una de las 10.000 personas residentes en el poblado de Orcasitas.«Hace unos días», añade, «una señora del poblado ayudó a marcar un número de teléfono a una de las asaltantes en la cabina que hay cerca de la terminal de los autobuses. Era un número de Barcelona. Nada más conseguir comunicación, la señora empezó a decir: "Prima, prima, que os podéis venir todos, que ya he conseguido casa. Y hay más, hay casas para todos No hay problema.- Pocos días después llegaron en un coche varias personas. Luego más. Unos de Barcelona, otros de Valencia.»

Son más de veinte las viviendas prefabricadas (sanquis) asaltadas. Y este es un número que puede ir en aumento. Hace quince días fueron desalojadas seis y al día siguiente tres de los expulsados habían vuelto al mismo sitio. Es una situación que se mantiene desde el verano de 1978. Los vecinos presentan denuncias, pero toman pocas medidas. Hacen responsable al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y al Gobierno Civil. «Si nosotros no organizamos acciones de fuerza no nos hacen caso». repiten.

El problema surge a raíz de las inundaciones de la UVA de Villaverde. Para alojar a los afectados por la destrucción de las aguas, el MOPU los lleva a los sanquis del poblado, que en aquel momento estaban libres. Se reparan las viviendas de la UVA y los damnificados no quieren volver a sus casas. Ya está el lío. A éstos no los echan, luego el que quiera puede quedarse con la vivienda. Llega una familia por la noche, descerraja una puerta y se instala. Cunde el ejemplo y empiezan los asaltos.

Un círculo con salida

En 1957, la Administración crea los poblados dirigidos ante la gran inmigración que llega a las ciudades industriales. Se construye el de Orcasitas, cuyas 3.000 familias se encuentran con un envejecimiento prematuro de sus viviendas. Sus grietas y la amenaza de ruina les ponen en movimiento. Tras larga lucha se decide la remodelación del barrio. El sistema consiste en derribar los bloques deteriorados y construir otros nuevos. Para ello se habilita una zona de viviendas prefabricadas, sanquis, en las que se alojan las familias a las que se les van derribando sus pisos. Una vez construidos los nuevos bloques, los de los sanquis pasan a las nueva construcciones. Se derriban nuevos bloques y sus habitantes pasan también a las prefabricadas. Es un círculo operativo para acelerar la remodelación y no dejar a nadie en la calle.Pero ese círculo se empieza a deteriorar al comenzar los asaltos. A los sanquis no pueden pasar familias que esperan el derribo de su casa, porque la vivienda provisional está ocupada por alguien que lo ha hecho ilegalmente. Y como e una vivienda oficial, el desalojo no llega. Según fuentes del MOPU, no existe legislación penal contra las ocupaciones de viviendas oficiales que se encuentren vacías. Si la ocupación fuese en una casa particular, una denuncia en el juzgado es suficiente para que al día siguiente sea desalojada por allanamiento de morada. En una vivienda oficial la orden de desalojo puede demorarse meses.

Los asaltantes, que según los vecinos, en un principio, eran pacíficos y convivían con el resto de los habitantes, aprovechan el intervalo entre la entrega de llaves de una vivienda nueva y el comienzo de derribo de otro bloque. Mientras una familia recoge sus muebles y llega otra con los suyos, se guarda un período de tiempo para proceder a reparar pequeños deterioros. Es en esos momentos cuando llega el asaltante. Para seguir la remodelación, los sanquis ocupados han de ser desalojados, para que allí se instalen las familias adjudicatarias, de forma que se puedan derribar sus bloques para construir allí los nuevos. Si no pueden salir de los viejos, éstos no se derriban y tampoco se construyen los nuevos. Los vecinos estiman que quien debe romper este círculo vicioso es la Administración. El mejor método es una vigilancia eficaz.

Asambleas con palos

«Hace unos días fueron desalojados varios ocupantes. Cuando la policía había sacado a una familia gitana, el cabeza de familia dijo que se había olvidado algo dentro Se metió nuevamente en la vivienda y con una estaca rompió varias paredes, destruyó parte de las ventanas y otras cosas que había dentro, y la policía ni le detuvo ni hizo nada.El vecino sigue diciendo que hay ya muchas personas amenazadas en el poblado. A las asambleas d la Asociación de Vecinos Guetaria que es la que lucha por conseguir solucionar todos los problemas de la zona, se asiste armado de palos, cadenas y navajas. Varias veces les han atacado al enterarse de que se estaban movilizando en contra de los asaltantes. Muchos cazadores de la zona tienen tras la puerta de la vivienda su escopeta cargada en previsión de ataques. Las personas más conocidas de la asociación han recibido amenazas de muerte.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de enero de 1980

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