La abogacía española acuerda celebrar este año un congreso nacional
La abogacía española tiene el propósito de celebrar este año, con toda probabilidad en su último trimestre, un congreso nacional que aborde la problemática actual de la profesión, en la que se han producido cambios importantes en los diez años que han transcurrido desde el histórico congreso celebrado en León en 1970. La propuesta de celebrar un congreso nacional fue aprobada ayer en la junta general celebrada por el Colegio de Abogados de Madrid, aunque el asunto ya había sido abordado por la asamblea de decanos de colegios de abogados.
En aquella ocasión, la asamblea de decanos solicitó del Consejo General de la Abogacía que organizase el referido congreso y que estudiase sus problemas de financiación. Al margen de este tema, la junta general del Colegio de Abogados de Madrid, que estuvo presidida por su actual decano, Antonio Pedrol, aprobó diversas propuestas, algunas de ellas de especial importancia en el actual contexto de desarrollo legal y constitucional.
La junta general aprobó la necesidad de que el Colegio intervenga en las actuaciones judiciales sobre las incidencias ocurridas en la prisión de Herrera de la Mancha, de las que cabe deducir la posible existencia de vejaciones, coacciones y limitaciones al libre ejercicio del derecho de defensa. En este caso se intervendrá coordinadamente con el Colegio de Abogados de Ciudad Real. También se aprobó otra propuesta para que la comisión del turno de asistencia letra da al detenido recoja las informaciones que lleguen a los abogados sobre presuntos malos tratos y torturas a detenidos. El Colegio de Abogados de Madrid se ha personado ya en la causa que se instruye respecto a posibles torturas a un colegiado que fue detenido y procesado hace algún tiempo. La junta general acordó repudiar unánimemente la tortura.
Otras propuestas aceptadas por la junta general fueron expresar la repulsa de la abogacía madrileña por el intento de rebajar la mayoría de edad penal a los quince años, que, según se manifestó, no existe en ningún derecho del mundo, e interponer querella criminal por las declaraciones de un policía a Diario 16 sobre la supuesta complicidad de los abogados con sus defendidos.
Finalmente se adoptó la propuesta firmada por varios colegiados tendente «a que se adopten drásticas medidas para terminar de una vez con los grandes y graves retrasos sufridos en la administración de justicia». La propuesta aprobada pretende que la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid promueva una amplia campaña de sensibilización sobre el tema cerca del Gobierno, del Parlamento, de otras instituciones y organismos y del público en general. «Las de moras son tan enormes, especialmente en la esfera de lo contencioso-administrativo», dice la propuesta adoptada, «que una duración de ocho años se viene considerando normal.
No se nos oculta que el supremo deterioro de tan exorbitantes retrasos es sufrido, en definitiva, por la justicia y por la sociedad. Jueces y tribunales lo sufren igualmente, siendo víctimas de una organización (de una desorganización) insostenible, pero en quienes repercute de modo más directo es en los abogado»
