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ANDALUCÍA

La Junta contrata para el referéndum publicidad por valor de 123 millones de pesetas

La Junta de Andalucía dio ayer la orden de contratación de publicidad para la campaña del referéndum, por un importe superior a los 123 millones de pesetas, dando a entender con esta decisión que considera que el Gobierno convocará la consulta popular para el 28 de febrero, de acuerdo con el compromiso adquirido por Adolfo Suárez con Rafael Escuredo hace varios meses.

En este sentido el presidente de la Junta afirmó ayer, en relación con las declaraciones efectuadas el viernes por el secretario de Estado para la Información: «No es cierto, como dijo el señor Meliá, que la fecha del 28 de febrero sea una propuesta de la Junta de Andalucía sino una fecha pactada entre Suárez y yo; creo que los políticos tienen palabra y que el presidente del Gobierno la mantendrá.»Sin embargo, la decisión de la Junta de Andalucía tiene algo de huida hacia adelante, en la medida en que los partidos la han adoptado, PSOE, PSA y PCE-PCA no ocultan sus temores de que el Gobierno se niegue a convocar el referéndum en la fecha pactada, después de haber afrontado la impopularidad de plantear la reconducción de la autonomía andaluza por la vía del artículo 143. De hecho, la recién aprobada ley orgánica de distintas modalidades de referéndum concede cinco meses de plazo al Gobierno para convocar la consulta de iniciativa autonómica.

Un destacado miembro del PSOE de Andalucía señalaba a este periódico que, si el Gobierno intentara obstruir la celebración del referéndum, no habría que descartar que intentara valerse de la disposición transitoria segunda de la mencionada ley, que «a efectos de la debida tramitación de las iniciativas autonómicas» se abre un plazo de 75 días para que las corporaciones y entes locales interesados «puedan proceder, en su caso, a la rectificación de los acuerdos».

No es, sin embargo, probable, que el Gobierno intente hacer uso de esta disposición, porque no es aplicable el caso andaluz, ya que se trata de permitir que los ayuntamientos expliciten cuando no lo hayan hecho, por qué vía autonómica se pronuncian, y en este sentido, en el caso andaluz, no ofrece duda.

Por otra parte, salvo un cambio de decisión en los días inmediatos el Gobierno parece decidido a convocar el referéndum en la fecha pactada para no contribuir todavía más a la imagen de que UCD no quiere que el pueblo andaluz se manifieste en la cuestión autonómica cuando, según una fuente centrista, lo único que se pretende con la reciente decisión es desaconsejar al pueblo andaluz que elija la vía del artículo 151.

De mantenerse, por tanto, la opinión mayoritaria pulsada todavía ayer en los medios centristas, el Gobierno procederá a convocar el referéndum en el próximo Consejo de Ministros, a celebrar el día 25 de este mes, ya que, de lo contrario, sería materialmente imposible llevar a cabo la consulta el 28 de febrero. De acuerdo con la ley de referéndum, a partir de la convocatoria del mismo se abre un plazo de quince días para la constitución de las Juntas Electorales, plazo al que abría que sumar la campaña de propaganda, que no ha de ser inferior a diez días ni superior a veinte.

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Evidentemente, para que el Gobierno pueda convocar, el próximo día 25, la consulta andaluza, es preciso que previamente la ley orgánica de referéndum, que el pasado día 15 cubrió su último trámite parlamentario, sea publicada en el Boletín Oficial del Estado.

En relación con el referéndum, el Consejo Permanente de la Junta acordó por mayoría (obviamente, con la oposición de UCD) que la Junta se pronuncie en la campaña institucional del 28 de febrero a favor de la participación y el voto afirmativo del pueblo andaluz, al tiempo que se facilitará el debate y la confrontación con aquellos partidos que defiendan otras opciones. Estos acuerdos habrán de ser conformados por el pleno de la Junta, convocado para el día 31 en Jaén.

Durante la conferencia de prensa posterior al Consejo, según informa desde Sevilla José Aguilar, el presidente, Escuredo, que elogió la postura de Manuel Clavero, dio cuenta de que el consejero del Interior había presentado en la reunión un informe sobre gastos ya contratados o en vías de contratación, en concepto de publicidad pro referéndum. El presidente invitó al secretario general de UCD. Rafael Arias-Salgado, que viajará en los próximos días a Andalucía, a mantener un debate público sobre sus respectivas posiciones ante el proceso autonómico.

El pacto autonómico

En cuanto a la reunión de los partidos firmantes del Pacto Autonómico Andaluz, se acordó ratificarlo en todos sus puntos, pedir a los ciudadanos andaluces el voto afirmativo y renunciar a cualquier enfrentamiento partidista durante la campaña. Los firmantes declararon solemnemente que «la petición conjunta del sí no responde a intereses partidarios, sino que supone un sí a Andalucía». El comunicado aparece suscrito por PSOE, PCA, PSA, PTA y DCA, en tanto que AP se reservó su criterio y UCD no asistió, pretextando la coincidencia con la reunión de su comité regional.Por su parte, el comité central del Partido Comunista de Andalucía ha decidido sumarse a la convocatoria de paro cívico lanzada por el PSOE en caso de que el Gobierno decida, no convocar el referéndum en la fecha prevista, según informó ayer en rueda de prensa el secretario de organización de este partido, Francisco Acosta, así como estudiar conjuntamente otras posibles iniciativas.

«UCD pretende que el artículo 151 quede de adorno en la Constitución», afirmó Acosta, añadiendo que «el pueblo andaluz puede ganar esta batalla, a condición de que los partidos, ahora más que nunca, hagan una campaña unitaria y no caigan en la trampa de enfocar ésta como un enfrentamiento entre la derecha y la izquierda. En este sentido, los comunistas han barajado la posibilidad de organizar un gran acto político con Felipe González y Santiago Carrillo como principales oradores.

Para los dirigentes del PCA, es posible conseguir el voto afirmativo en el referéndum de gran parte del electorado de UCD. El comité central del PCA ha ratificado, finalmente, la exigencia de que el referéndum sea convocado el día 28 de febrero.

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