Socialistas y comunistas critican la postura centrista
La decisión de UCD de propugnar el artículo 143 de la Constitución como vía de acceso para los procesos autonómicos pendientes ha suscitado reacciones diversas, Coalición Democrática considera correcta la actitud centrista, los partidos de izquierda han testimoniado su rechazo.Los socialistas. a través de su secretaría de política autonómica, difundieron a media tarde una nota en la que expresan su desacuerdo ante el atropello de que es objeto de la autonomía andaluza, a causa de la decisión tomada ayer por UCD con respecto a este tema. «Los socialistas». añade la nota, «consideran que los procesos autonómicos han de llevarse a cabo de manera serena y gradual. sin frenos ni desenfrenos.»
«Por tanto», agrega el comunicado, «la secretaría de política autonómica del PSOE califica de absolutamente negativa la forma de hacer política de UCD en este campo, tanto por los resultados, es decir, el frenazo, como por las formas, una política de madrugada e improvisada.»
Respecto a la decisión centrista de propugnar la abstención en el referéndum andaluz, manifiesta el PSOE: «La actitud de UCD es inconsecuente con su anterior trayectoria política y con sus, proyectos autonómicos en Andalucía. Esta secretaría cree que con todo ello puede aumentar la que viene a denominar inseguridad autonómica, afirma a los autores de un freno a la autonomía andaluza y anula la credibilidad autonómica del partido del Gobierno.»
A su vez, el secretario general del PSOE, Felipe González, manifestó al corresponsal de EL PAÍS en Valencia, Jaime Millás, que la decisión de UCD no sólo supone que no va a cumplir su compromiso, sino que el referéndum andaluz no va a ir acompañado del apoyo institucional. Es la primera vez en la historia que un Gobierno convoca un referéndum al que se opone o se abstiene. El dirigente socialista señaló que la decisión, «tomada por la vía del ucase, que contradice sus anteriores compromisos y estrategías», va dirigida, en primer lugar, contra Andalucía y sus efectos van a ser incalculables.
Tras indicar que propondrá la celebración de una sesión extraordinaria del Congreso sobre las autonomías, expresó que habría sido posible el consenso con UCD en los procesos autonómicos andaluz y valenciano, pero «esta posibilidad la ha roto unilateralmente UCD y ahora el único acuerdo posible es sumarse a lo que dice UCD». Señaló que en sus últimas conversaciones con el presidente del Gobierno se desprendían sospechas de tal decisión, si bien siempre Adolfo Suárez se mostró reacio a la aceptación del 151, aunque parecía estar resuelto el tema en el caso, andaluz y contar con el consenso suficiente para el País Valenciano. Consideró que los factores que podrían haber influido en la decisión de UCD eran los errores cometidos en el proceso de desarrollo de las autonomías, «poniendo agua al vino al crear situaciones preautonómicas para todos», y asimismo en el miedo del partido del Gobierno al desarrollo real de las autonomías.
Por otra parte, Simón Sánchez Montero, miembro del comité ejecutivo del PCE, manifestó a EL PAÍS su total disconformidad con la decisión adoptada por UCD en relación con el desarrollo del proceso autonómico. «Todo lo referente al Estatuto de Andalucía», manifestó, «debería haber seguido la vía del artículo 151 de la Constitución, dado lo avanzado del proceso. Nosotros entendemos que las autonomías no se pueden construir aceleradamente, pero sí a un ritmo rápido. La postura de UCD demuestra su interés en ralentizar y conceder, salvo al País Vasco y Cataluña. una mera descentralización administrativa, como demostró con el Estatuto de Galicia.»
El portavoz de Coalición Democrática, Manuel Fraga, declaró, a su vez, a la agencia Efe: «Mi grupo parlamentario defendió en el debate constitucional que todos los estatutos de autonomía se aprobasen por ley orgánica; es decir, con intervención de los representantes de toda España en el Pleno del Congreso de los Diputados, y solamente por un pequeño grupo de ellos en la Comisión Constitucional, y así, por cierto, se funcionó, para los estatutos; por ejemplo, para el Estatuto catalán de 1932, en la Segunda República.»
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