La Junta de Andalucía aprueba el calendario autonómico, con la abstención de UCD

Las elecciones al Parlamento andaluz se celebrarán dentro del primer trimestre del año 1981, según el acuerdo adoptado por el Consejo Permanente de la Junta de Andalucía en su última reunión plenaria, que ha concluido con la adopción de un calendario autonómico para aplicar después del referéndum del 28 de febrero. El calendario supone, en realidad, una propuesta de la izquierda parlamentaria (PSOE, PCA y PSA), ya que los representantes de UCD se abstuvieron en la votación.

Si esta propuesta sigue adelante en la inevitable negociación con el Gobierno, el próximo mes de abril deberá convocarse la Asamblea de Parlamentarios andaluces para elaborar el definitivo proyecto de Estatuto de Autonomía; durante mayo y julio, el texto pasará la tramitación parlamentaria prevista en la Constitución y será aprobado en un nuevo referéndum en el segundo semestre de este año. Antes del 31 de diciembre se procedería a la convocatoria ' de elecciones al Parlamento, que tendrían lugar en los primeros meses de 1981.En cualquier caso, la máxima actividad inmediata de la Junta de Andalucía se centra en la campaña para el referéndum del 28 de febrero. El Consejo Permanente acordó, a este respecto, pedir, mientras llegan los fondos que deberá librar el Gobierno, un crédito-puente de cincuenta millones de pesetas para iniciar cuanto antes la actividad propagandística, encargar la gerencia técnica de la campaña a dos agencias publicitarias y nombrar un interventor para fiscalizar los gastos de la misma.

A pesar de todo, la buena marcha de la campaña y el propio éxito del referéndum están pendientes de la actitud definitiva que sobre el proceso autonómico andaluz adopte el comité ejecutivo nacional de UCD, cuya reunión se aguarda con marcada expectación en medios políticos de esta región. Como ha informado este periódico (véase EL PAÍS del sábado 12 de enero), el diputado granadino Antonio Jiménez Blanco ha insistido nuevamente en que la decisión final de los centristas estará condicionada a que se modifiquen antes del 28-F determinados aspectos del borrador del Estatuto de Carmona. El presidente de la Junta, Rafael Escuredo, aseguró al término del Consejo que no tenía conocimiento oficial de que ningún partido quisiera discutir el proyecto de Estatuto antes del referéndum, pero en medios muy allegados al propio Escuredo se informa de la gran preocupación del presidente ante la posibilidad de que UCD plantee efectivamente el debate estatutario como condición para participar en la campaña. Resulta significativo, en este contexto, que la comisión ejecutiva del PSOE de Andalucía haya subrayado públicamente «la importancia de la función de las diputaciones provinciales dentro del proceso autonómico», anunciando que los socialistas defenderán el papel de estas corporaciones en el futuro debate sobre el Estatuto de Autonomía. La declaración va dirigida, sin duda, a tranquilizar al sector de UCD del que es portavoz Jiménez Blanco, quien en las declaraciones anteriormente citadas había denunciado que el borrador de Carmona pretendía la liquidación de la Diputación.

Agradecimiento a los Reyes

Por otra parte, el Consejo Permanente de la Junta de Andalucía aprobó una moción, en relación con la reciente visita de los Reyes a Jaén y Granada, con el siguiente contenido: «En estos momentos de dificultades para el pueblo andaluz, el gesto de acudir a nuestra tierra, y en concreto a dos provincias especialmente deprimidas y representativas del subdesarrollo andaluz, pone de manifiesto la generosidad y la altura de miras y visión de Estado que SSMM han tenido y tienen con nuestra tierra».La moción, propuesta por el presidente de la Junta, el socialista Rafael Escuredo, agradece a don Juan Carlos y a doña Sofía su visita y expresa la satisfacción de los consejeros «por las muestras de comprensión que Sus Majestades han mostrado ante las legítimas reivindicaciones del pueblo andaluz». La moción fue aprobada por unanimidad en la última sesión plenaria del Consejo, que ha ratificado, con este motivo, su lealtad a la Constitución, a la Corona y a las instituciones que en aquélla se consagran.