Carlos Güell no dimite de sus cargos en el puerto de Barcelona
El delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona y también presidente del Puerto de Barcelona, Carlos Güell, desmintió ayer, en conferencia de prensa, el que hubiese presentado la dimisión de ambos cargos. Esta información ahora desmentida había sido publicada en la práctica totalidad de la prensa, en base a un teletipo de la agencia Efe.
El señor Güell afirmó que antes de un mes habrá finalizado totalmente la auditoría del Consorcio, efectuada por el Ministerio de Hacienda. Respecto a su posible publicación, agregó: «Creo que el Ministerio de Hacienda actuará con un criterio informativo abierto y la difundirá. Creo que el criterio del ministro es de apertura informativa.»Afirmó que antes de finalizar el presente mes deberá hallar una fórmula financiera que permita aprobar el presupuesto del presente año, que lógicamente ya debía estar aprobado. Indicó también que el endeudamiento del Consorcio -cifrado hasta ahora en 9.000 millones- alcanzaba ya los 10.000 millones, debido a los intereses acumulados. Por ello, el presupuesto para 1980 llegará a tener un déficit de unos 4.000 millones.
Carlos Güell manifestó que desconocía cuándo la autoridad judicial daría a conocer los primeros resultados de sus investigaciones. Añadió que tanto el Ayuntamiento como el propio Consorcio habían iniciado sendas acciones populares consecutivas a la primera remisión de documentación al fiscal general del reino. Esta primera acción en el ámbito judicial fue efectuada por el ministro de Hacienda hace casi tres meses. Por el momento se desconoce si la fiscalía ha instado alguna acción concreta. Es sobradamente conocida la gravedad del tema, su alcance político y social y la seriedad extrema de los indicios y presunciones de anomalías.
«Es posible que dentro de 1980 resolvamos el tema de la venta por el consorcio de 120 hectáreas al puerto de Barcelona», afirmó Güell, quien dio a conocer la existencia de una comisión mixta entre ambas instituciones para abordar el problema. Güell añadió que, en su opinión, el precio de dichos terrenos podía ser de seis, siete u 8.000 millones de pesetas. Indicó que el recientemente cesado presidente del puerto barcelonés opinaba que sólo valían seiscientos millones.
Güell afirmó que creía posible evitar todo enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Hacienda, a la hora de liquidar el endeudamiento. Manifestó que «teóricamente el déficit debería pagarlo el Ayuntamiento de Barcelona, pero hay antecedentes de aportaciones del Estado al Consorcio a fondo perdido.
El delegado especial del Estado estaba acompañado por su asesor oficial en materia de prensa, el periodista Enrique Sopeña y del abogado Fernando Casanova, secretario general del consorcio; Güell hizo una referencia al proyecto de estación terminal de tráfico internacional por carretera (TIR). Las anomalías más graves se dieron en relación a este proyecto. Añadió que, pese a todo, tanto él como el alcalde de Barcelona lo consideraban viable, pero que consideraban que para llevarlo a cabo bastaban ochenta hectáreas, cifra muy inferior a las antes previstas e incluso a las ya realmente comparadas.
