Abogados vascos protestan por la intervención de sus comunicaciones en la cárcel de Herrera

Varios abogados vascos han expresado su preocupación por la aplicación de recientes medidas legislativas que, en su opinión, ponen en entredicho la subsistencia misma de la abogacía en materia penal. Apoyan sus temores en las órdenes estrictas dadas en la cárcel de Herrera de la Mancha, por las que las visitas de los abogados a varios de sus clientes son intervenidas por funcionarios, que «impiden de esta forma el derecho y el deber al secreto profesional que amparan todas las legislaciones democráticas».

La denuncia fue hecha en una rueda de prensa celebrada en la capital donostiarra, en la que intervinieron varios abogados, familiares de presos, miembros de la gestora proamnistía y el último preso de los GRAPO puesto en libertad después de haber permanecido tres años en la cárcel.Según explicaron los abogados Castell y Olarieta, el director de la cárcel de Herrera basa la medida en la ley General de Instituciones Penitenciarias, aprobada por el Parlamento, cuyo articulo 51, en el apartado segundo, indica que la comunicación del interno con el abogado no podrá ser suspendida ni intervenida, salvo por orden de la autoridad, judicial, en los casos de terrorismo. En opinión de Miguel Castell, senador de Herri Batasuna, se ha llegado a tal extremo por el apoyo de varios partidos políticos que se han mostrado favorables en el Parlamento a «la aprobación de leyes represivas».

En otro orden de cosas, en el transcurso de la rueda de prensa se informó de la denuncia por presuntas torturas presentada por Juan Carlos Mayo y Rafael Guerra Huete, detenidos por la policía el pasado día 7 en sus puestos de trabajo y trasladados a la comisaría del puerto guipuzcoano de Pasajes.