Vejaciones para la autoridad municipal en la reapertura de Hipergranada

La apertura al público del centro comercial de Hipergranada, una vez satisfecha por la sociedad cooperativa la fianza de treinta millones de pesetas impuesta por la Audiencia, ha originado una fuerte polémica en la ciudad y el enfrentamiento del alcalde, Antonio Jara, del PSOE, con el gobernador civil de la provincia, Luis Sánchez-Harguindey.

La apertura se llevó a cabo en medio de graves incidentes y a pesar de la oposición de la Policía Municipal, que vigilaba, desde el 15 de diciembre, el cumplimiento de la orden de clausura del esta blecimiento, decretada por el alcalde. Los cooperativistas decidieron abrir, sin embargo, antes de que el Ayuntamiento hubiese recibido comunicación oficial de la suspensión judicial de dicha orden, lo que provocó enfrentamientos con los agentes municipales, quienes fueron objeto de insultos y vejaciones, según consta en un informe redactado por la propia Policía Municipal, y remitido al gobernador civil. En el informe se relatan, asimismo, los insultos que fueron hechos, por parte de los cooperativistas, al alcalde y otros miembros de la Corporación municipal, todos ellos concejales socialistas y comunistas.Ante esta situación, la alcaldía hizo pública una nota en la que, entre otras cosas, se denuncia la violación de su último decreto de clausura y la «iIegal apertura» del hiper sin la preceptiva licencia municipal, así como la actitud adoptada ante los hechos por el gobernador civil, , señor Sánchez-Harguindey.

Tras referirse a «la consumación violenta de la ¡legal apertura, la violación flagrante de los acuerdos municipales y la pasividad de la autoridad competente », la nota de la alcaldía dice, textualmente, que «ha actuado en todo momento de conformidad con la ley, no disponiendo de competencias en materia de orden público ni de medios coactivos para impedir tales agresiones a la legalidad y a la autoridad municipal, que no ha sido debidamente auxiliada por quien estaba obligado a ello por imperativo legal».

El gobernador civil, por su parte, en declaraciones a la prensa local, ha calificado la nota de la alcaldía como de «una gran ligereza que no conduce, en absoluto, a una política justa para la solución de los problemas, ni responde a la realidad de los hechos».

Según el señor Sánchez-Harguindey, el apoyo gubernativo para impedir la apertura del hiper no fue oficialmente solicitado por el Ayuntamiento, sino que el alcalde se limitó «simplemente a advertir al Gobierno Civil de su posible solicitud, en el supuesto de que tal intervención se hiciera necesaria».

El gobernador acoge a los infractores

«Con todo este asunto, se ha consumado el intento de cercar al Ayuntamiento y demostrar su inutilidad, supongo que por tratarse de una Corporación gobernada por la izquierda», declaró ayer a EL PAIS el alcalde, Antonio Jara, en relación con el tema.« A pesar de las buenas palabras del gobernador, lo cierto es que intenté repetidamente reiterarle la necesidad de prevenir cualquier alteración del orden público», añadió el señor Jara. «Y no sólo se ha desasistido al Ayuntamiento en este asunto, sino que, al mismo tiempo, se ha acogido a los propios infractores y violadores de la autoridad municipal, como yo mismo pude comprobar cuando entré en el Gobierno Civil y me encontré allí con los socios del hiper.

Según el alcalde de Granada, el tema de Hipergranada ha dejado de ser asunto administrativo, para convertirse en «algo exclusivamente político». En este sentido, lo que ahora está en juego «no es la legalidad o ilegalidad del edificio y su apertura al público, sino la autonomía municipal, el poder judicial y el uso alternativo del derecho».

«Lo curioso del caso», terminó diciendo, «es que, tanto los informes favorables de las respectivas delegaciones ministeriales, todas, ellas en manos de hombres de UCD, como el propio auto de la Audiencia, basado en dichos informes, han ignorado el hecho de que el edificio es ilegal y carece aún de la preceptiva licencia municipal de apertura, aparte de que, jurídicamente, mi decreto de clausura y demolición, de fecha 4 de diciembre, se encuentra vigente y no ha sido aún objeto de recurso.»