PSOE, Navarra y lucha armada

Cualquier observador de la política y de la realidad vasca es consciente de que en nuestro país el proceso de «normalización política», aquello que Suárez definía como «hacer que sea legal lo que en la calle es normal», no sólo se está dando más tarde y de un modo más complejo que en el resto del Estado, sino que tiene una problemática en alguna medida específica: A ello se añade el problema de que el grado de conciencia nacional y democrática no es exactamente de la misma intensidad en todas las regiones ni en todas las capas populares de Euskadi.Así las cosas, el caso de la integración de Navarra en la comunidad autónoma vasca aparece como un paradigma donde se juntan y mezclan problemas de muy variada índole.

Hace tan sólo dos años, la cuestión de Navarra no ofrecía ningún viso de solución a medio plazo, en la medida en que, por un lado, el PSOE y el PCE, que seguían siendo «de España» y no «de Euskadi», consideraban que Navarra no era de hecho parte de Euskadi, y, por otro lado, los nacionalistas, tanto de derecha como de izquierda, se oponían a un referéndum en Navarra sobre su pertenencia a la nacionalidad vasca. No sin problemas, tanto en la Constitución como en el Estatuto de Guernika. Y en el decreto-ley de democratización de las instituciones forales, del 29-1-1979, aunque sea por una vez, se ofrece una salida democrática -y además legal- a uno de los temas que más ampollas ha levantado en nuestro país.

Nadie ignora que uno de los temas que más ha ayudado al nacimiento y desarrollo de ciertas variantes ideológicas autóctonas del «chiismo» en Euskadi es precisamente la cuestión de la integridad territorial de Euskadi sur. La ausencia de Navarra en el Consejo General del País Vasco ha restado más credibilidad a dicho organismo, a las instituciones democráticas y a la democracia en general, que todas las reticencias en la concesión de transferencias al ente preautonómico, que han sido muchas, o la falta de eficacia de los partidos mayoritarios, que no ha sido poca.

En este momento los partidos «nacionales» vascos aceptan el referéndum porque ya no se plantea el este como «integración de Navarra en Euskadi», sino como «integración de Navarra en una comunidad autónoma vasca determinada, con unas instituciones y unas competencias específicas». Aceptan que del mismo modo que Vizcaya, Guipúzcoa y Alava han tenido que pronunciarse sobre el Estatuto de Autonomía en el pasado referéndum del 25 de octubre, también Navarra lo decida por medio de una consulta popular.

Sin embargo, el PSOE, al abstenerse en la comisión de régimen foral ante la moción para plantear en el Parlamento Foral el tema de la integración de Navarra, adopta una postura antidemocrática, en la medida en que se opone a que sean precisamente los navarros, todos los navarros, quienes, por medio de un referéndum democrático, decidan su integración o no en las instituciones de la comunidad autónoma vasca.

Con todo, lo preocupante del caso es que esto no responde sólo a que se haya impuesto en el pasado congreso del PSE la línea más antiautonomista, sino a que el PSOE, en su conjunto, vuelve a la política lerrouxista. La aprobación y el posterior apoyo al Estatuto de Guernica no sería sino la excepción que confirma la regla: una línea política nacida no del convencimiento, sino de la presión política que representaba el rechazo vasco a la Constitución española el 6 de diciembre de 1978 (el mismo día que el PSOE abandonó la ponencia elaboradora del Estatuto para mostrar su disconformidad con los conciertos económicos) o del fracaso electoral del 1 de marzo, donde perdió casi un 40% de los votos del 15 de junio.

Euskadiko Ezkerra ha expresado repetidas veces su convencimiento de que el 25 de octubre no habíamos conquistado todavía el Estatuto de Autonomía y que la política progresista pasa por la conquista real de todas las competencias recogidas en el Estatuto.

Todo el mundo contaba con que UCD haría una lectura lo más restrictiva posible del Estatuto de Autonomía. Pero lo que para muchos ha constituido una sorpresa es que incluso el PSOE se haya montado en el caballo de Espartero y azote sus prejuicios centralistas. Primero, se ha visto en el Estatuto de los Trabajadores, al negarse al marco de relaciones laborales específico de Euskadi, con el riesgo que encarna para la izquierda el hecho de que la autonomía sirva sólo para cuestiones superestructurales, sean culturales o políticas, mientras que los convenios que vayan a decidir el sueldo y las condiciones de trabajo se siguen decidiendo en Madrid.

Estas impresiones se basan también en las razones -o sinrazones- expuestas por el señor Urralburu en su exposición de motivos para abstenerse en la votación sobre la moción de integración. Es cierto que la historia del PSOE en Euskadi y en otras nacionalidades del Estado se debate entre la inhibición ante la cuestión nacional y, en general, ante toda cuestión política (es clarificadora aquella famosa frase de Perezagua de que a los socialistas les traía sin cuidado el tipo de régimen, fuera la Monarquía o la República) y el más visceral centralismo antivasco, que roza con el nacionalismo español, cuyo exponente más representativo hasta el giro político de 1934 fue el intelectual liberal, más que marxista, Indalecio Prieto. Pero pocas veces, y menos en los últimos tiempos, se habla opuesto a las libertades nacionales desde una perspectiva tan alejada del marxismo como lo hace Urralburu.

Por un lado, todavía trata de hacer creer que «las diferentes versiones del nacionalismo vasco están actuando en Navarra como si de una conquista se tratara». Afirmación de Urralburu difícil de mantener cuando tales versiones del nacionalismo, si bien con sus contradicciones, defienden que sea el pueblo navarro el único que debe decidir sobre su destino por medio de un referéndum.

La postura del PSOE ante la integración de Navarra, sin embargo, rompe no sólo toda previsión, sino que representa el colmo de la irresponsabilidad política. A estas alturas, el PSOE debería haber aprendido qué ocurre en nuestro país cuando se cierran todas las puertas o las soluciones democráticas. De hecho, a quien conozca el significado de Navarra para la mayoría de los vascos, no se le escapa que con esta postura suicida del PSOE hace más por la continuidad de la lucha armada y la desestabilización de la democracia, que las teorizaciones del supuesto «apologista del terrorismo» más sofisticado.

De nada sirve condenar el «terrorismo» cuando una política irresponsable arroja a posturas irracionales y antidemocráticas a quienes desean soluciones profundas para ciertas cuestiones, soluciones que, en este caso, están recogidas hasta en la propia Constitución.

Antiguo activista de ETA, juzgado en el Consejo de Burgos. Fue fundador de EIA (Partido para la Revolución Vasca) y hoy es secretario general de este grupo, principal integrante de la coalición Euskadiko Ezkerra.