El Congreso ratifica la decisión del Senado sobre asociación de jueces y magistrados

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En el hemiciclo, las innovaciones senatoriales más sobresalientes a las que dio su visto bueno el Congreso se refieren a la suavización de los obstáculos para que los jueces y magistrados puedan asociarse. El proyecto gubernamental salió del Congreso, en su primer paso por esta Cámara, con la exigencia de un 20% mínimo de asociados para que pudiera constituirse válidamente una asociación profesional judicial. El Senado rebajó este mínimo al 15% y así ha quedado en el texto definitivo.

Asimismo, el proyecto de ley aprobado inicialmente por el Congreso establecía un plazo de seis meses desde la anotación en el Registro de Asociaciones Judiciales para incorporar el número requerido de asociados. Con la modificación del Senado refrendada ayer por la Cámara baja se conceden seis meses más de plazo, siempre que en el medio año inicial se haya obtenido una afiliación mínima del 10%.

La modificación consistente en rebajar el mínimo de asociados exigidos del 20 % al 15 % fue aprobada por 290 votos favorables, tres en contra y cuatro abstenciones. En la explicación de voto, en nombre del Grupo Socialista, el diputado por Almería Joaquín Navarro, juez de profesión y antiguo miembro de Justicia Democrática, quiso justificar el voto favorable de su grupo en que «la necesidad no tiene ley», y era ella la que obligaba a votar favorablemente la deficiente regulación del asociacionismo judicial. «Del Congreso salió un engendro, y del Senado ha vuelto y adefesio», dijo el señor Navarro. La frase disgustó manifiestamente al ministro de Justicia, Iñigo Cavero.

El diputado socialista citó a Bertrand Russell para decir que «no existen vientos favorables cuando el barco carece de puerto de destino». Explicó que él puerto de destino pretendido por los socialistas no era otro que una independencia judicial concebida como instrumento hacia la libertad y la democracia, mientras que UCD, «por miedo a la libertad, ha frustrado ese fin fundamental». Negó la posibilidad de independencia si no hay justicia democrática y atribuyó a la mala conciencia de UCD una modificación que se queda en los aspectos cuantitativos, interpretando de modo formal y desconfiado esa independencia, contrariamente a lo que establece la Constitución.

Criticó también la estructura jerárquico-piramidal que ha prevalecido en la ley y que impide la igualdad de los jueces y sustraerlos de. la imposición de sus superiores. Censuró asimismo que los miembros de la carrera fiscal no puedan pertenecer a las asociaciones profesionales de jueces y magistrados y que el ámbito de éstas no pueda ser el de las respectivas nacionalidades o regiones.

Por el grupo centrista, JavierMoscoso negó que existieran dos concepciones enfrentadas sobre el asociacionismo judicial y aseguró que, por parte de UCD, se había intentado conciliar el principio de asociacionismo profesional establecido en la Constitución con la negativa del propio artículo 127 de ésta a que los miembros de la carrera judicial «pertenezcan a partidos políticos o sindicatos». El número uno del citado artículo dice así: «Los jueces y magistrados, así como los fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los jueces, magistrados y fiscales.»

El Pleno del Congreso se ocupó de las modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto de ley sobre cuotas de pantalla y distribución cinematográfica. En este caso, la mayoría de las enmiendas introducidas fueron rechazadas por la Cámara baja.

La cuota de películas españolas a exhibir obligatoriamente de forma cuatrimestral pasó en el Senado a semestral. El Congreso ha vuelto al cuatrimestre natural, período durante el cual las salas de exhibición cinematográficas tendrán necesariamente que programar la exhibición de películas españolas «a razón de un día por cada tres de exhibición de películas extranjeras en versión doblada a cualquierlengua oficial».

Por el PSOE, Pedro Bofill se opuso a la modificación intentada por el Senado por entender que favorecería una monopolización de las pantallas españolas por parte de las productoras extranjeras. Por CD, Antonio de Senillosa defendió la propuesta der Senado, coincidente con otra defendida por él sin éxito en- el Congreso. «No queremos primar la mediocridad», dijo. «Si el cine español es bueno, le protegeremos, y si no, en una economía libre de mercado, dejaremos de protegerlo. »