El paro de funcionarios de la Administración central afectó a 36 provincias

La huelga celebrada ayer por los funcionarios auxiliares de la Administración pública afectó a 36 provincias y fue generalizada en los ministerios de Obras Públicas y Urbanismo, Educación y Ciencia, Transportes y Comunicaciones, Economía y Cultura, según nianifestaron fuentes de la coordinadora de huelga. Fue secundada por CCOO, UGT, CSUT, CNT y algunas asociaciones de funcionarios, en su mayoría independientes.

Según las mismas fuentes, en los ministerios del Interior, Asuntos Exteriores, Hacienda, Comercio y Turismo e Industria se realizaron acciones de diverso tipo (asambleas permanentes, concentraciones, paros parciales, etcétera), cuya intensidad varió a lo largo de la jornada. Los trabajadores informaron de que el conflicto se extendió igualmente a algunos organismos autónomos, tales como la Junta de Energía Nuclear, Muface, IRYDA, INIA y Consejo Superior de Investigaciones Científicas.En contraste con estas informaciones, fuentes de la Administración pública manifestaron ayer tarde a Europa Press que sólo participó en el paro un 5% del personal afectado por las reivindicaciones de los funcionarios. Estas fuentes precisaron que la huelga fue secundada principalmente por el personal auxiliar y subalterno y, en menor medida, por el personal administrativo; ha consistido en paros de algunas horas en los distintos ministerios, delegaciones y centros oficiales y en la celebración de asambleas. No se registro -aseguran las mismas fuentes- incidente alguno.

Los motivos del paro, según la coordinadora, son: rechazar el acuerdo del Consejo de Ministros sobre concesión de complementos de destino al 40% del personal del Cuerpo General Auxiliar y al 30% del personal del Cuerpo Subalterno de cada departamento, y sobre concesión de complementos de dedicación exclusiva a determinados funcionarios y cuerpos de la Administración; negociación del 4% de libre distribución de los Presupuestos Generales del Estado para 1980 (46.500 millones, aproximadamente), proponiendo una distribución lineal para todos los funcionarios, y exígencia de negociación colectiva en la Adminis tración.

La coordinadora asegura en un comunicado hecho público que el deterioro de la situación en la Administración se debe a la falta de canales de diálogo entre ella y sus trabajadores; no existe un estatuto de la función pública que regule la vía administrativa, las retribuciones y la promoción de los trabajadores; las retribuciones se regulan de forma unilateral, deteriorando el poder adquisitivo de los trabajadores, y la coordinadora denuncia igualmente que a los funcionarios se les pretende imponer ahora un aumento del 12,5%, repartido en un 8,5% de manera proporcional, y el 4% restante, por libre asignación de la Junta Central de Retribuciones y el Ministerio de Hacienda.

Por su parte, la Unión Sindical Independiente de la Administración Local (USIAL), que protagonizó la huelga de la Administración Local, entre los días 26 al 29 de noviembre pasados, se ha negado a apoyar esta convocatoria.

Las razones manifestadas a Efe por un dirigente de USIAL son que, en aquella ocasión, CCOO y UGT fueron invitados a participar en la huelga y rehusaron hacerlo, «actuando de esquiroles en aquellas corporaciones municipales en que eran mayoritarios PSOE y PCE».

Asegura USIAL que la tabla reivindicativa que apoyan ahora CCOO y UGT para la Administración central es la misma que ellos presentaron entonces para la local, «lo que demuestra que son criterios políticos, y no laborales, los que mueven hoy a estos sindicatos; los mismos que les movieron a boicotear la huelga de noviembre».

Al cierre de esta edición, los trabajadores celebraban una asamblea para valorar las coacciones de la jornada, en la que reiteraban su voluntad de negociar con el Ministerio de Hacienda. Denunciaron las acusaciones contra los trabajadores que habían secundado la huelga y estudiaban también la posibilidad de realizar nuevas acciones.