Ocho catedráticos, tres magistrados y un abogado, probables miembros del Tribunal Constitucional

Ocho catedráticos, tres magistrados del Tribunal Supremo y un abogado son los candidatos con mayores probabilidades de convertirse en los doce primeros miembros del Tribunal Constitucional, que debería quedar formado, en principio, antes de la próxima primavera. En los últimos días, paralelamente a la sesión plenaria del Congreso de los Diputados, centristas y socialistas han celebrado contactos para negociar en bloque la lista de las doce personas que, por distintas vías, accederán a este importante órgano, «intérprete supremo de la Constitución», según establece su ley orgánica, vigente desde el pasado 25 de octubre.

Los dos primeros partidos del Parlamento han optado por abordar una negociación conjunta de los doce candidatos, aunque formalmente la propuesta al Rey de los magistrados del Tribunal Constitucional corresponde hacerla al Congreso (cuatro), Senado (otros cuatro), Gobierno (dos) y Consejo General del Poder Judicial (otros dos). Las conversaciones no están todavía cerradas y es posible que abarquen también en las próximas semanas a los ocho miembros del Consejo General del Poder Judicial -del total de veinte con que ha de contar- que corresponde sean propuestos por el Parlamento.Por el momento, la negociación no se ha extendido a otros grupos parlamentarios ajenos a Unión de Centro Democrático (UCD) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Jordi Solé Tura manifestó a EL PAIS que no tenía noticias de que el Grupo Comunista participara en las consultas, y, asimismo, el diputado de la Minoría Catalana, Jordi Pujol, dijo desconocer la existencia de conversaciones con su grupo. Por parte del Gobierno, parece prevalecer la tesis de que no es necesario que el Tribunal Constitucional cuente con miembros especialmente vinculados al País Vasco o Cataluña, como en principio se pensó y todavía consideran conveniente algunas fuentes. Por lo que se refiere a la primera de las comunidades autónomas citadas, una personalidad centrista confesó a EL PAIS: «No encontramos vascos».

Junto a razones de coyuntura política y de relaciones entre los partidos, existe un fundamento real para que, a la hora en que se aproximan las decisiones, sean UCD y PSOE quienes protagonicen la negociación y el acuerdo: la Constitución exige que las propuestas que corresponden a las Cámaras se hagan por mayoría de tres quintos. Este quorum significa que las propuestas de miembros del Tribunal Constitucional tendrán que contar con la adhesión de 124 senadores en la Cámara alta y de 210 diputados en la baja. En esta última es necesario que se concuerden los votos socialistas y centristas; en el Senado es, cuando menos, conveniente.

La búsqueda de candidatos idóneos

Para llegar a la lista de los doce candidatos mejor colocados para acceder al Tribunal Constitucional -que publicamos en esta misma página-, ha sido preciso recorrer un largo camino. La mayoría de ellos figuraban en una primera lista de veintiuna personalidades, que EL PAIS ofreció el pasado 5 de octubre de 1979 como «el grueso de la cantera» de la que saldrían parte de los magistrados.

Los primeros contactos UCD-PSOE eliminaron a una serie de posibles candidatos que, por vinculación destacada con algún grupo político, se consideró que no debían acceder al alto tribunal. La ley orgánica del Tribunal Constitucional, en el amplio cuadro de incompatibilidades que establece, sólo exige que el magistrado no desempeñe «funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos, asociaciones ... ». Pero el acuerdo UCD-PSOE extendió la incompatibilidad a la mera militancia y a las vinculaciones sobresalientes. El consejo produjo la imagen-robot de un magistrado políticamente independiente, ideológicamente demócrata y jurídicamente experto. Posteriormente, razones profesionales y personales hicieron que posibles candidatos, como los profesores Eduardo García de Enterría y Ellas Díaz, renunciaran a pertenecer al alto tribunal.

En una fase más próxima de la negociación, y acotado ya el campo de las incompatibilidades legales y políticas, la búsqueda se centró en la idoneidad para el cargo y en el futuro reparto de papeles para abordar los complejos y plurales asuntos sobre los que el Tribunal Constitucional habrá de dictaminar sin apelación posible. Era preciso encontrar juristas a cuyos conocimientos teóricos o doctrinales se uniera una buena. provisión de experiencia forense o judicial. No podía perderse de vista que el Tribunal Constitucional no será un honroso retiro para personalidades ilustres, sino que exigirá la resolución práctica de intrincados problemas prácticos. Sus miembros -como declaró a EL PAIS un lúcido político- «no pronunciarán discursos, sino que redactarán sentencias».

Entre las primeras personas con ese bagaje doctrinal y práctico, comenzaron a aparecer como indiscutibles, entre otras razones, por sus largas décadas de dedicación activa al Derecho, Antonio Hernández Gil y Joaquín Ruiz-Giménez. El prestigio y la agudeza jurídica del constitucionalista Manuel García Pelayo aconsejaron asimismo su inclusión en la gran lista.

Los especialistas

Por áreas de especialidad, dentro del sólido nivel jurídico de todos los candidatos-catedráticos, en Manuel Díez de Velasco se ha valorado al internacionalista; en Manuel Olivencia, al experto en Derecho Mercantil (escuela Garrigues); en José Ramón Parada, al administrativista (muy vinculado al profesor García de Enterría), especialmente experto en temas de funcionarios; en Marcial Fernández Montes, al penalista; en Francisco Tomás y Valiente, al experto en Derecho Foral, y en Angel Latorre, al romanista y civilista. Los candidatos-magistrados del Tribunal Supremo aportarían, por su parte, un especial conocimiento en materia procesal, de gran valor para sustanciar el juego de recursos que está previsto que afluyan al Tribunal Constitucional. Dos de ellos, Jerónimo Arozamena y Federico Sainz de Robles, han pasado por la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. El primero, que también fue nombrado subsecretario de Trabajo en julio de 1977, era presidente de la sala. Por último, Julio Calvillo -de quien, en medios judiciales, se ha venido diciendo que no era probable que aceptara el nombramiento- llevaría al Tribunal Constitucional su valiosa experiencia como presidente de la Sala I, de lo civil, del Tribunal Supremo.

Son más los "llamados" que los "elegidos"

Es evidente que, con los doce candidatos que EL PAIS ha contrastado en numerosas fuentes como los más probables miembros del Tribunal Constitucional, no se agota el número de los idóneos para el cargo, ni mucho menos el de los aspirantes. La pugna mantenida por algunos de estos últimos para acceder al alto Tribunal -incluyendo el pase de facturas por servicios prestados a la democracia-, o las consideraciones diversas que todavía cabe hacer para la incorporación de otras personas, podrán variar, sin duda, la lista¡

A título indicativo ofrecemos algunos nombres de personalidades cualificadas para acceder al Tribunal Constitucional, que han venido figurando en las prelistas de uno o los dos primeros partidos, y que, en este momento, no parecen contar con los favores del consenso. Entre ellos destacan el profesor Carlos Ollero, catedrático de Derecho Constitucional de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, Luis Sánchez Agesta, catedrático de Derecho Político de la facultad de Derecho de la misma universidad (ambos fueron senadores de designación real en las Cortes constituyentes); José Antonio González Casanova, catedrático de Derecho Político de la Universidad de Barcelona; Josep Andreu i Abelló, que fue presidente del Tribunal de Casació durante la II República; Antonio Truyol, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, y Luis Angulo Montes, abogado y ex director general de Justicia.

Algunos dirigentes socialista,; han observado la ausencia entre los candidatos de un laboralista. A titulo indicativo, han señalado a EL PAIS el nombre del catedrático de Derecho del Trabajo, Miguel Rodríguez Piñero, de quien fueron ayudantes en la facultad de Derecho de Sevilla, los socialistas Rafael Esturedo y su esposa, Ana María Ruiz Tagle, y el propio líder del PSOE, Felipe González. Sin embargo, la candidatura del profesor Rodríguez Piñero no tiene gran predicamento entre los negociadores por ambos partidos, incluso entre los socialistas más directamente ocupados del tema. En todo caso, si se impusiera la conveniencia de contar con un laboralista, desde la perspectiva de UCD un candidato posible sería Manuel Alonso Olea, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense y presidente del Tribunal Central de Trabajo.

La proximidad de la propuesta parlamentaria de ocho abogados y juristas para el Consejo General del Poder Judicial puede determinar que a los aspirantes que no les toque el gordo del Tribunal Constitucional les corresponda la apreciable pedrea del alto órgano.