El Parlamento Europeo provoca una crisis institucional al rechazar el presupuesto de la CEE para 1980

La crisis institucional europea, provocada al ser rechazado el presupuesto de 1980 por el Parlamento de Estrasburgo, es probable que sea resuelta con el tiempo. Pero a los seis meses de su existencia, la Asamblea elegida por sufragio universal, con este gesto, aporta una prueba de su evolución ineludible hacia un verdadero poder de control de las políticas comunitarias.Por primera vez, el Parlamento elegido el pasado mes de junio, hizo uso anteayer del pleno derecho que le confiere el Tratado de Roma, referente al control del presupuesto de la Comunidad Económica Europea (CEE).

Este es su poder más claro e importante, y los 353 diputados presentes en el hemiciclo de Estrasburgo lo han ejercido en la primera ocasión que se les presentó. La ley de Finanzas de la CEE, elaborada por la comisión de Bruselas, fue rechazada por 288 parlamentarios, es decir, por la gran mayoría. Consecuencia primera: la comisión comunitaria debe elaborar otro presupuesto, que tenga en cuenta las enmiendas propuestas por el Parlamento, y, mientras tanto, la CEE cojeará: nada se derrumba, pero nada funcionará normalmente.

En el orden económico, la CEE vivirá de adelantos mensuales obtenidos con relación al presupuesto de 1979, y no del de 1980, que era superior.

En el plano político, es previsible una guerra de competencias más o menos grave entre los parlamentarios europeos, el Consejo de Ministros de la CEE y la comisión de Bruselas, y esto a causa de la elaboración del nuevo presupuesto.

Para valorar la significación y la profundidad de esta crisis institucional, comentada ayer en la primera plana de toda la prensa comunitaria, basta con observar quienes han votado a favor del presupuesto, quiénes lo han rechazado y, acto seguido, subrayar las motivaciones de todos ellos.

El voto, positivo o negativo, no ha sido homogéneo, es decir, las razones motrices de los parlamentarios han variado; pero globalmente se han manifestado dos grandes tendencias: todos los diputados británicos (laboristas o conservadores) rechazaron el presupuesto «contra la política agrícola común» y, en definitiva, contra una Europa que les «duele», como lo prueba su litigio con el resto de la Comunidad a causa de su aportación global al presupuesto de la CEE. Todos los parlamentarios franceses, excepto la mayoría de los socialistas, votaron el presupuesto: a los comunistas y gaullistas, visceralmente antisupranacionales, se unieron los giscardianos «porque no se considera oportuna una crisis en estos momentos». Estos dos «muestrarios» (los diputados británicos y los franceses) significan el voto de la primera crisis institucional provocada por el Parlamento.

Por una parte, emerge una vez más el antieuropeísmo de los ingleses, dispuestos a bombardear la política agrícola común y, en suma, a «desestabilizar» la Comunidad convirtiéndola en una zona de libre cambio. Pero la lección más espectacular del escrutinio de Estrasburgo se refiere al problema de las competencias: la mayoría de los diputados que votaron contra el presupuesto han querido manifestar que el Parlamento no. es una simple Cámara de registro, sino un poder emanado del sufragio universal, destinado a ampliarse a medida que Europa deje de ser un consorcio bélico de egoísmos nacionales y avance hacia una comunidad supranacional o confederal. El nacionalismo de los gaullistas y comunistas franceses no ha esperado más para denunciar «los peligros del desbordamiento de poderes del Parlam ento que nosotros hemos profetizado».