Auto de procesamiento contra los promotores de Villa Fontana II

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha dictado auto de procesamiento por el delito de estafa contra José Luis Pinto, Julián Gómez Rodriguez, Justo Calvo y Carlos Angel de Benito, que son, respectivamente, presidente, apoderados y Arquitecto director del grupo empresarial que promovió la urbanización Villa Fontana II, en el municipio madrileño de Móstoles.

El sumario correspondiente fue abierto a consecuencia de la querella interpuesta por veintiséis comunidades de propietarios de la mencionada urbanización. Las sociedades inmobiliarias que promovieron la construcción de 1.200 viviendas en Villa Fontana Il pertenecen a un único grupo, aunque figuran inscritas bajo las denominaciones de Proconfort, SA, Superation, SA; Evolución, SA; Nuevo Concepto, SA, y Urbanizadora Móstoles Residencial, SA, cuyos consejos de administración están presididos en todos los casos por el procesado José Luis Pinto.El juez ha decretado la prisión provisional de las cuatro personas citadas, aunque podrán liberarse de ella bajo, fianza de 250.000 pesetas en cada caso. También les ha requerido para que depositen una fianza de 350 millones de pesetas, para asegurar las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de las actividades delictivas que se les imputan, por perjuicios patrimoniales ocasionados a los compradores de los pisos.

Desde hace más de tres años, los vecinos de Villa Fontana II venían reclamando ante las empresas constructoras y el Ministerio de Obras Públicas por irregularidades en la contratación y entrega de las viviendas, incumplimientos de la memoria y los proyectos y vicios de construcción derivados de un cambio de calidad en determinados materiales. Estas reclamaciones han producido ya sanciones en vía administrativa por importe de varios millones.

En mayo de 1977 los vecinos afectados interpusieron querella criminal por delitos de coacciones y estafa bajo la dirección de los abogados Leopoldo Torres y Manuel de la Rocha. Esta querella es la que dio lugar ayer al auto de procesamiento. En dicho auto se señala que los promotores de Villa Fontana II han percibido sesenta millones de pesetas por conceptos no autorizados, al tratarse de viviendas de protección oficial. Igualmente, se dice que en la construcción de las 1.200 viviendas se han producido omisiones de obras previstas en el proyecto por valor de veinticinco millones y defectos de construcción cuya restauración se valora en 162 millones. Todo ello en lucro de los promotores y perjuicio patrimonial de los compradores de los pisos.