Escuredo dimitirá como presidente si se retrasa el referéndum andaluz

Tanto el presidente Escuredo como los representantes del PSOE y PSA abandonarán la Junta de Andalucía si el próximo 28 de febrero no se celebra el referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica andaluza, tal y como se acordó hace dos meses en el curso de una entrevista entre el propio Rafael Escuredo y el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. El Consejo Permanente de la Junta ha pedido al Gobierno, precisamente, que el referéndum se convoque mediante decreto-ley, ya que el proyecto de ley orgánica presentado por UCD hace prácticamente imposible su celebración en la citada fecha.

«Si el 28 de febrero no puedo ir a votar junto con el pueblo andaluz porque se retrase la fecha, ese día me iré a mi casa y dimitiré de forma irrevocable», declaró rotundamente a los informadores el presidente Escuredo, añadiendo que la política no podía de ninguna manera perder su dimensión ética y que él personalmente no está dispuesto a defraudar al pueblo andaluz, que el domingo mostró clamorosamente su voluntad de autogobierno.El presidente insistió una vez más en que su postura no debía entenderse como un enfrentamiento contra nadie y que ni siquiera hacía juicio de valor sobre la actitud del Gobierno ni de UCD. «Me limito a examinar hechos reales, y es un hecho real que con el actual proyecto de ley orgánica es inviable la celebración del referéndum en febrero», explicó.

En efecto, el consejero de Interior de la Junta, Antonio Ojeda (PSOE), explicó a este periódico que el citado proyecto de ley, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el pasado 23 de noviembre, a pesar de que se tramite por el procedimiento de urgencia, no permitirá a los andaluces ir a votar el 28 de febrero. Según Ojeda, el próximo día 12 termina el plazo de presentación de enmiendas, luego vendrán los trabajos de la ponencia y de la comisión correspondiente del Congreso y posteriormente (antes habría que declarar hábil el mes de enero a efectos parlamentarios) el proyecto pasará al Senado, donde tendrá que sufrir los mismos trámites.

«Sólo en la segunda quincena de enero podría aprobarse la ley en el Senado», concluyó el consejero del Interior. Como quiera que después es preciso, según el proyecto, un informe del Consejo de Estado en pleno que acredite que se han cumplido los requisitos previstos en el artículo 15 1 de la Constitución y que la convocatoria se haga por decreto al menos cuarenta días antes de la celebración, es materialmente imposible llegar por este procedimiento al referéndum en febrero.

El anuncio de la decisión presidencial originó numerosas interrupciones en la reunión del consejo permanente y consultas de los consejeros con las direcciones de sus respectivos partidos. Inmediatamente, el representante del PSA en el órgano preautonómico, Miguel Angel Arredonda, notificó que también dimitirá irrevocablemente en caso de que el referéndum se retrasara, tras recordar que en el pleno de la Junta celebrado el 8 de octubre en Almería los nacionalistas propusieron la convocatoria de la consulta a través de un decreto-ley, como en los casos catalán y vasco, oponiéndose en aquella ocasión los demás partidos.

Lo mismo harán los representantes del PSOE, según confirmó ayer a EL PAÍS su secretario regional, José Rodríguez de la Borbolla, quien aseguró que sería difícilmente defendible la presencia de los partidos en la Junta si el referéndum se retrasa. El señor Rodríguez de la Borbolla dijo tener noticias, por otra parte, de que en la última reunión el comité ejecutivo de UCD se había decidido reconducir todos los procesos autonómicos en curso hacia la vía del artículo 143 de la Constitución, «y eso no lo vamos a consentir en Andalucía».

El PCE no ha decidido su postura

Por su parte, el secretario regional del PCE, Fernando Soto, que se negó a vaticinar lo que haría su partido si se confirma el retraso, señaló que UCD cometería una increíble torpeza política si incumpliese el compromiso adquirido por el pueblo andaluz y su Junta. El líder comunista puso de relieve la responsabilidad especial de aquellos ministros y políticos centristas que son parlamentarios por Andalucía, citando concretamente a los titulares de Hacienda, Cultura y Comercio y a los presidentes del Congreso y del Senado. «Si se retrasa la autonomía andaluza, no se con qué cara se van a presentar en sus provincias. »

Hay que destacar asimismo que el consejo permanente de la Junta decidió pedir formalmente al Gobierno la convocatoria del referéndum mediante decreto-ley en la fecha mencionada. Los representantes de UCD se abstuvieron, no obstante, de participar en esta votación por estimar que, al no estar incluido el tema en el orden del día previsto, no habían podido analizarlo con detenimiento. Ayer todos los esfuerzos de este periódico por contactar con personalidades relevantes de UCD en esta provincia resultaron inútiles.

Con respecto a la jornada del Día de Andalucía, los consejeros de la Junta, tras expresar su satisfacción por la respuesta ciudadana a las manifestaciones, que ha superado las cotas alcanzadas el 4 de diciembre de 1977, acordaron por unanirrildad condenar los incidentes («una forma de terrorismo») provocados en Córdoba y Sevilla por elementos ultraderechistas, exigir a las autoridades responsables que extremen su celo, «para evitar la impunidad con que actúan tales enemigos de la libertad y de la democracia», y recabar del Gobierno que vele al máximo por el normal ejercicio de los derechos constitucionales, sancionando duramente a quienes lo impiden.