Más sobre el aborto

EN EL reciente debate en torno al aborto en nuestro país se han enfrentado con virulencia las posiciones a favor y en contra de la despenalización, estas últimas ayudadas por la legalidad vigente y la contundente actuación de la fuerza pública.Los argumentos no han sido, en la mayoría de los casos, brillantes. Plantear, por ejemplo, la delicada cuestión de la interrupción del embarazo como si se constituyera una sacra prolongación- del derecho de la mujer a disponer del propio cuerpo provoca un innecesario rechazo de quienes piensan, desde distintas perspectivas, que el aborto puede ser un mal necesario y, por tanto, despenalizable; pero no necesariamente un acto de afirmación de la libertad humana o una decisión que no plantea problemas morales. Las condiciones de involuntariedad en las que se producen muchos embarazos, por simple ignorancia o por brutales forzamientos; las sombrías perspectivas de alimentación, cuidados y educación que los padres prevén para esos hijos no deseados; los riesgos que para la salud física o psíquica de la madre pueden implicar la gestación y el parto; el temor y la vergüenza de las madres solteras ante el eventual rechazo familiar y social; las convicciones filosóficas acerca de la conveniencia o no de lanzar seres al mundo; el deseo de no contribuir a la amenaza que para la supervivencia de nuestra especie trae consigo el sobrepoblamiento del planeta; el miedo a que la maternidad responsable sea incompatible con la vocación o la profesión, o, finalmente, la desventaja de las mujeres sin recursos o sin información respecto a las que pueden viajar a Londres, son algunas de las causas comprensibles, aunque no necesariamente encomiables, de los defensores del aborto.

No hace falta, por tanto, que las promotoras de esa campaña esgriman razones o actitudes que, por su sectarismo, sólo logran herir las emociones y las sensibilidades de quienes no comparten sus criterios y provocan una mayor dificultad en la obtención del fin que ellas mismas persiguen. Pero si los sectores más radicales del feminismo sublevan en ocasiones, de forma innecesaria, las respetables creencias de muchos hombres y mujeres, la grosera respuesta de no pocos de sus adversarios se inscribe por derecho propio en el universo freudiano de las culpas e inseguridades reprimidas y en el mundo trivial y chabacano del bicarbonato de tertulia, las revistas de La Latina, los viajes al extranjero para ver espectáculos de strip-tease y la chocarrería de prostíbulo. Algunas de las réplicas dadas en la prensa al manifiesto feminista para protestar contra el juicio de Bilbao del pasado mes de octubre figurarán, en el futuro, en cualquier antología de la bastedad y la ignorancia. Los extremismos de la polémica no deberían, sin embargo, sacar de foco el punto central del problema, que no es tanto un juicio moral en torno al aborto como la discusión sobre su carácter delictivo en España y la conveniencia de despenalizarlo según las líneas de la normativa vigente en los países de esa Europa a la que España aspira a integrarse.

La celebración, en Madrid, de un proceso contra mujeres acusadas de prácticas abortistas ha coincidido, para desgracia de nuestros celosos defensores del casticismo hispano, pero a la vez ardientes partidarios de nuestra entrada en Europa, con la ratificación por la Asamblea Nacional francesa de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada, a título de prueba, hace cinco años por los parlamentarios del país vecino. Se trata de una normativa prudente, denunciada tanto por los sectores conservadores como por el feminismo radical, que despenaliza el aborto antes de las diez semanas de embarazo.

A la vista de la legislación francesa y de la normativa más permisiva de otros países europeos, aquellos de nuestros compatriotas que no vacilan en calificar de criminales y monstruos sin entrañas tanto a quienes practican el aborto por razones terapéuticas y dentro del plazo de gestación previo a la instalación del feto en la placenta como a quienes no exigen su procesamiento y encarcelamiento deben plantearse unas cuantas preguntas: ¿es Europa un continente gobernado y habitado por asesinos? ¿Qué sentido tiene la aspiración española a integrarse en una comunidad que ha consagrado entre sus principios el crimen?

Tal vez los absurdos resultados a que les conduzca la contestación de esas interrogaciones les lleve a reflexionar sobre la imposibilidad de considerar como un delito en España lo que en el resto de Europa está despenalizado o incluso protegido. Porque la idea de Europa no se reduce a facilitar a los hombres de empresa sus negocios dentro de las fronteras comunitarias. Es un proyecto histórico que descansa sobre un glorioso legado cultural y que, antes de desembocar en instituciones políticas supranacionales, deberá conseguir la creación de un espacio jurídico común. Desde este punto de vista, pensamos, la polémica adquiere nuevos matices, nada desdeñables por los legisladores.