Se celebró a puerta cerrada el juicio contra nueve personas acusadas de prácticas abortivas

A puerta cerrada, por razones de moralidad, se celebró ayer, en la Audiencia Provincial de Madrid, el juicio contra nueve personas, ocho mujeres y un hombre, acusadas de haber favorecido o haber realizado prácticas abortivas. El tribunal que juzgó a los procesados basó su decisión de celebrar la vista a puerta cerrada, sin presencia del público y de los periodistas, en el artículo 680 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que faculta a los jueces a «mandar que las sesiones se celebren a puerta cerrada cuando así lo exijan razones de moralidad o de orden público, o el respeto debido a la persona ofendida por el delito o a su familia».

La decisión judicial, no obstante, no fue protestada por los abogados defensores, en cumplimiento del mandato de sus defendidas, que habían acordado con anterioridad impedir en lo posible la publicidad de las circunstancias y de los datos concretos del delito del que se les acusaba. Las procesadas, a través de sus defensores, solicitaron insistentemente a los periodistas que o publicaran sus nombres, por miedo a las graves repercusiones que la publicidad de los mismos podría tener entre sus amistades y en el medio social en que se desenvuelven.La vista del juicio, que se inició a las once de la mañana, se prolongó hasta cerca de las tres de la tarde. El señalamiento del juicio atrajo hasta el palacio de Justicia madrileño a varias decenas de personas, que portaban algunas pancartas alusivas a la despenalización del aborto. La policía, que acudió al lugar con fuertes efectivos, actuó sin insultos y sin utilizar medios violentos, como ocurrió en ese mismo escenario hace algún tiempo, en la concentración de feministas a raíz del juicio de Bilbao, y con modos persuasorios ordenó al público que desalojase el vestíbulo de la Audiencia Provincial.

Los hechos ocurrieron en el barrio madrileño del Lucero, y se desarrollaron a lo largo de los años 1975-1977. El ministerio fiscal elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, salvo en el caso de una de las procesadas, y según relató uno de los defensores, se mostró mordaz en algún momento de su informe, por lo que el presidente del tribunal, a requerimiento de las defensas, le llamó la atención en dos ocasiones.

Veintisiete años para la abortera

El fiscal solicitó para una de las procesadas, acusada de haber realizado tres abortos y haber intentado otro, un total de veintisiete años y siete meses de privación de libertad. Esta procesada, mujer de 53 años, lleva dos años y medio,, en prisión provisional, en la cárcel de Yeserías; ha estado internada en el hospital penitenciario de Madrid, aquejada de tromboflebitis, y actualmente anda ayudada de muletas, después de haber utilizado hasta hace poco un carro de ruedas. Para las dos procesadas acusadas de haber abortado voluntariamente, el fiscal ha solicitado sendas penas de un año de prisión menor y seis meses de inhabilitación especial. Estas dos mujeres, de 36 y 38 años, respectivamente, tienen tres y cuatro hijos, gozan de una salud precaria, y los médicos les habían aconsejado no tener más hijos. Según una de las defensoras, estas mujeres solicitaron anticonceptivos a la Seguridad Social, y se los denegaron. Por otra parte, en aquella época, la venta en farmacias de anticonceptivos no había sido todavía despenalizada.Para otra de las procesadas, acusada de haber abortado voluntariamente y de haber facilitado la dirección de la persona que realizaba el aborto, el fiscal ha solicitado un total de un año y cinco meses de privación de libertad y once años de inhabilitación. Esta procesada tiene veintidós años. Para otra de las procesadas, de nacionalidad hondureña, acusada de haber intentado abortar, el fiscal ha pedido tres meses de arresto y cuatro años de inhabilitación especial. Finalmente, para las cuatro personas -tres mujeres y un hombre- acusadas de haber colaborado, bien facilitando la dirección de la persona que practicaba los abortos, bien ayudando por otros medios, el fiscal ha solicitado penas que oscilan entre 20.000 pesetas de multa y un año de prisión menor.

El fiscal ha insistido, en lo que se refiere a la principal acusada, en que cobraba por realizar los abortos, aunque dos de las procesadas afirmaron que la cantidad que ellas le entregaron fue por decisión propia y de manera voluntaria. El defensor de esta procesada, Alfredo Diéguez, pidió al tribunal que aplicase a su defendida la pena mínima legal, dadas las circunstancias concurrentes, entre ellas la de que accedió a. realizar los abortos dada la situación personal de las que se lo habían pedido. Para el resto de los procesados, sus abogados defensores, Consuelo Abril, Cristina Alberdi, Ange la Cerrillos, José María Escribanos, Paz Pena y Ana Ruiz de Velasco, han solicitado la absolución por distintos motivos. Para las procesadas que abortaron han alegado las eximentes de estado de necesidad y de miedo insuperable. Respecto a las otras dos procesadas, una acusada de haber abortado y otra de haberlo intentado, sus defensores han alegado que no estaban embarazadas. A este respecto, dos peritos han informado al tribunal que una inyección de duoginona no puede producir el aborto. Agregaron que las hemorragias que se habían producido en estas dos mujeres, a raíz del supuesto aborto, eran normales y que se producen también en algunos partos. Según los defensores, el fiscal también expresó en su informe final sus dudas sobre el embarazo de estas dos mujeres. Respecto a las cuatro personas, tres mujeres y un hombre, acusadas de complicidad, los defensores negaron que existiese malicia en el hecho de facilitar la dirección de la persona que practicaba los abortos, ya que era conocida por muchas personas.

Ayer, en el despacho de Cristina Alberdi, una de las abogadas defensoras, se recibió un, telegrama de varias asociaciones, colectivos feministas de Francia, en el que se protesta por el juicio y se pide amnistía para las procesadas y la despenalización del aborto.