El acuerdo marco

LA NEGOCIACION salarial entre empresarios y trabajadores a través de sus respectivas organizaciones, sin el patronazgo del Gobierno, es una buena noticia. Que las partes que protagonizan la vida económica del país negocien libre y directamente entre sí y que el Gobierno se mantenga al margen de sus discusiones no quiere decir, por lo demás, que la instrumentación de la política económica no tenga serias repercusiones en el futuro de esos acuerdos.¿Cuáles son las posiciones de la CEOE y de los dos grandes sindicatos obreros, CCIDO y UGT? CCOO defiende básicamente una indiciación salarial en base a las alzas de precios pasadas, mientras que los empresarios, y también UGT, proponen que las elevaciones de salarios se ajusten al crecimiento previsto de la inflación el siguiente año.

Esta polémica no es.nueva en el mundo industrial. Los defensores de negociar los aumentos salariales en función de las alzas previstas de precios anuales parten del supuesto de que el salario anteriormente convenido tuvo «implícitamente » en cuenta la evolución de la inflación durante ese período. En consecuencia, para mantener una capacidad Adquisitiva análoga, en el nuevo año, será preciso corregir las remuneraciones en virtud de las alzas de precios que se prevén. La línea de Comisiones ha sido mantenida por quienes sostienen, en cambio, que el salario del año base se calcula sobre un incremento cero de precios en ese mismo año, y que cualquier aumento deberá trasladarse al convenio del próximo año, es decir, indiciándolo en base a la inflación pasada.

El criterio patrocinado por CCOO se ha venido aplícando en Italia e Inglaterra, donde, paradójicamente, la inflación ha cercenado, año tras año, de modo inexorable, las alzas nominales de los salarios indiciados. El enfoque defendido por UGT es semejante al aplicado por los sindicatos alemanes que, también paradójicamente, ha conseguido, a pesar de las apariencias, que los salarios marchen por encima de los precios futuros y registren aumentos reales.

Los empresarios españoles están poniendo sobre la mesa de las negociaciones todas las dificultades de la actual crisis. Afirman que la inflación prevista para el próximo año se moverá en torno a un 14,5% de incremento en diciembre de 1980. Ahora bien, ese incremento incluye un 3% de repercusión de los mayores costes de energía y, en consecuencia, el máximo aumento salarial negociable, deducida la energía, según ellos, sería un 11,5%. Además, dada la débil coyuntura actual, muchas empresas no podrán repercutir por completo sus costes en los precios; y para evitar mayor deterioro de su situación financiera, la CEOE propone establecer un abanico de incrementos salariales entre un 8% y un 11,5 %.

Comisiones Obreras se sitúa en el vértice opuesto y propone un alza salarial automática de acuerdo con la inflaéión que se registre a finales de este, año, 16% aproximadamente, más una revisión tipo escala móvil el próximojulio, en la cuantía en que suban los precios durante el primer semestre de 1980. Según los críticos de esta postura, un cálculo aproximado ofrecería un nivel de incrementos salariales entre el 23% y el 24%. No es, por lo demás, nada improbable que la actitud de CCOO rebase las motivaciones de una negociación económica, y esté tratando de forzar las cosas para que el Gobierno vuelva a reconocer al PCE su protagonismo político (un tanto difuminado, según decíamos ayer).

UGT acepta la hipótesis de los aumentos de inflación esperados, pero rechaza la deducción del 3% como repercusión del coste de la energía. Si los empresarios trasladan los costes energéticos a los precios, los trabajadores también pueden trasladarlos a los salarios. El argumento, al final, lo que plantea es un interesante debate sobre quién debe aceptar los costes energéticos. Los trabajadores podrían renunciar sólo en la medida en que los empresaríos respondan moderando sus incrementos de precios, una vieja práctica en las economías de mercado cuando era menor el grado de oligopolio y protección administrativa. Para aumentar las ventas y también los beneficios hay quien acude, como en los casos de Japón y Alemania, tan alabados por nuestros empresarios, a mantener la tasa de inflación por debajo del incremento de los salarios.

La postura de UGT viene a ser una confirmación, en la praxis, de la línea de mayor responsabilidad y realismo politico de los socialistas españoles desde su último congreso.

Esa constructiva actitud es tanto más elogiable cuanto que, a la corta, las pujas al alza de otras centrales sindicales en la subasta de la popularidad y el maximalismo reivindicativo puede ponerles en un serio compromiso ante sus propias bases. Particular significación tiene, a este respecto, el comportamiento de CCOO, cuyo propósito de desbancar a UGT en los aumentos salariales puede ser, a la vez, desafiado por las centrales controladas por grupos extraparlamentarios.

La quizá inevitable dependencia de los sindicatos respecto a los partidos produce, en ocasiones, posiciones tan incongruentes entre sí como las defendidas por CCOO en otoño de 1977 y en otoño de 1979. Hace dos años, los pactos de la Moncloa, cuyo núcleo básico era la política de rentas y el pacto social, fueron saludados poco menos que, como un paso hacia el socialismo, pese a que su único fruto era la previsible congelación de los salarios reales, exclusivamente en función del protagonismo político del PCE en su negociación y firma. Ahora la marginación de los comunistas de los centros de decisión políticos y la evidente relegación a un segundo plano de los dirigentes de su partido y de su central en el área del Gobierno y en el Parlamento amenazan con interferirse negativamente en la discusión de un acuerdo salarial. Lo mismo que el mejor acomodamiento del PSOE en el panorama lleva a UGT a posiciones de moderación y posibílismo. Toda una situación para meditar.