Socialistas y comunistas coinciden en un Servicio Nacional de Salud

Los grupos parlamentarios de los partidos mayoritarios de la izquierda, el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y el PCE (Partido Comunista de España) mantiene grandes similitudes en su postura crítica frente al documento Líneas generales de la reforma sanitaria, en el que el Gobierno expresa su voluntad de reforma.Ambos partidos sostienen la creación de un Servicio Nacional de Salud como alternativa, aun que mientras el PCE realiza sus formulaciones «en la perspectiva de un Servicio Nacional de la Salud», el PSOE lo presenta como modelo de propuesta inmediata, sin perjuicio de los plazos necesarios para su plena puesta en aplicación. Salvo en este punto, apenas existen diferencias sustanciales, tanto en los criterios al proyecto del Gobierno como en el desarrollo alternativo al con tenido del mismo.

En su «observación a la totalidad,», los comunistas plantean que «la reforma sanitaria tenía que ser el resultado de un debate parlamentario que definiera sus objetivos y modelo sanitario, concretándose todo ello en una ley de bases de la salud», no sólo por ser exigible constitucionalmente, sino «para frenar la política de hechos consumados del Gobierno, que, a través del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social desde su creación, lleva promulgados varios decretos ,que condicionan parcelariamente los contenidos de dicha reforma y en cuya elaboración no ha participado la mayor parte de los sectores implicados. El último ejemplo, el decreto de 31 de julio, sobre la estructuración de Insalud, llega incluso a recoger las competencias que el texto de la reforma sanitaria propone a tal instituto».

El PCE considera que el procedimiento elegido por el Gobierno para la discusión de la reforma sanitaria supone un cheque en blanco para el mismo. «Supone establecer», afirman los portavoces del PCE, «el precedente de que el Parlamento realice una discusión de generalidades y principios de la reforma que no llegue a concretar -en lógica consecuencia con su función de legislativo- en el texto articulado de una nueva ley de bases de sanidad. Por el contrario, una vez hecha esta discusión general, pero no integradora de todos los aspectos y niveles administrativos que coinciden en el tema sanitario, el ejecutivo puede quedar con las manos libres para realizar reglamentos y ordenaciones de carácter parcial o general, pero que en ningún momento partirían del eje de referencia obligado, que supondría una nueva ley de bases de sanidad elaborada por el Parlamento.»

Socialistas, por una reforma "honda"

Los socialistas, por su parte, consideran que, la intensa y pronlongada crisis que padece el sistema sanitario «hace inaplazable un profundo proceso de reforma sanitaria que no se circunscriba a aspectos formales o nominales».

«Por razón de trascendencia para el país y para los ciudadanos», opinan portavoces del grupo parlamentario del PSOE, «esta reforma sanitaria no puede abordarse corno un simple problema administrativo ni tampoco como una tarea exclusivamente del Gobierno, sino como un problema de Estado. La reforma sanitaria es un proyecto político a corto, medio y largo plazo, cuya continuidad debe quedar garantizada al margen de los cambios de Gobierno. En este sentido, las fuerzas políticas tienen que arbitrar los medios y voluntades para que así sea.»

«Por otro lado», continúan los socialistas, «una auténtica reforma sanitaria implica importantes remodelaciones de los hábitos e intereses de colectivos sociales muy extensos, sin cuya colaboración la viabilidad de aquélla se presenta como extremadamente problemática. Resulta imprescindible promover los procedimientos para que se desarrolle un debate público, en el que participen activamente todos los sectores sociales, profesionales, sindicales, económicos y políticos afectados, con objeto de que, a través del mismo, se produzca el acoplamiento más amplio posible de los diferentes puntos de vista. ( ... ) Una ley fundamental de salud, con vocación de futuro, sólo puede edificarse sobre las bases de entendimiento que se deriven del debate público. La voluntad de un profundo acuerdo político permitirá la concreción legislativa del mismo.»

Los socialistas solicitan la retirada del documento hasta que se culmine el mencionado debate público. Consideran que aquél también «debe ser retirado, por adolecer de importantes defectos quelo hacen inadecuado para servir de marco del debate y descalificarlo como instrumento de trabajo».